La treta de Ábalos con su abogado abre una vía para anular la causa por indefensión

Choque frontal entre el juez del caso Koldo y José Luis Ábalos. El exministro ha irritado a Leopoldo Puente al despedir a su abogado apenas dos días antes de su cuarta declaración ante el Tribunal Supremo. El magistrado le acusa de romper con José Aníbal Álvarez en «fraude de ley», por lo que rechaza la maniobra y le obliga a comparecer este miércoles acompañado de su antiguo letrado. Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que esa «imposición» abre una vía para anular la causa por indefensión. El exdirigente socialista ya aludió en marzo a una «injerencia» en sus derechos fundamentales para allanar el camino al Tribunal Constitucional.

Ábalos comunicó el pasado lunes al Supremo que renunciaba a la representación de Álvarez por «diferencias irreconducibles». El exministro señaló en su escrito que tomó la decisión tras «un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza». Incluyó el correo electrónico que envió a su abogado para anunciarle la renuncia a sus servicios. El juez considera que esa maniobra carece de «justificación razonable» y tiene como propósito «provocar de forma indebida la suspensión de vistas o comparecencias oportunamente señaladas».

Puente rechaza el cese de letrado que comunicó Ábalos por considerar que «se realiza en fraude de ley». El magistrado mantiene el señalamiento y obliga a Álvarez a personarse en el Supremo acompañando al que ha sido su cliente hasta ahora. Al término de la comparecencia prevé celebrar una vistilla para revisar las medidas cautelares que sufre el exministro desde febrero: retirada de pasaporte y comparecencias en el juzgado. El fantasma de la prisión preventiva le sobrevuela, ya que por primera vez la Fiscalía se abre a solicitarla tras las evidencias del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La petición de Ábalos

Los juristas consultados por este diario consideran que el auto abre una vía para anular la causa por indefensión. Más si cabe si finalmente el juez acuerda enviar al exministro a prisión. En opinión de los expertos, la maniobra de Ábalos puede verse desde dos perspectivas: una en clave de tiempos procesales y otra desde el ejercicio al derecho a la defensa, que «prima por encima de todo». Una prestigiosa penalista subraya que Álvarez está obligado a acudir al Supremo y, una vez allí, «es posible que renuncie a la defensa» y suspenda la declaración. En ese caso, Puente otorga tres días al exministro para designar un nuevo abogado o le pondrá uno de oficio, como él mismo ha pedido este martes.

«Hay una delgada línea entre cumplir con las obligaciones procesales y el derecho a la defensa. No le puede obligar a tener un abogado que no quiere. Si el juez se pasa de frenada, Ábalos puede acudir al Constitucional y este va a apreciar una indefensión. Se puede estar vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva», destaca otro penalista con décadas de experiencia. La asistencia letrada es un derecho fundamental establecido en el artículo 24 de la Constitución, pero también en otras normativas, como los artículos 47 y 48 de los Derechos Fundamentales de la UE, como apunta el propio Puente.

El magistrado alude en su auto a diversa jurisprudencia sobre el derecho a cambiar de letrado, pero advierte de que «aceptar con naturalidad que toda petición de cambio de letrado, sea cual sea el momento en el que se produce, forma parte del contenido material del derecho de defensa, supondría distanciarnos del verdadero significado constitucional de ese derecho». E insiste: «Tal derecho no es ilimitado, pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho».

«De ahí la improcedencia, por ejemplo, del cambio de letrado cuando suponga la necesidad de suspender la celebración de la vista y no conste una mínima base razonable que explique los motivos por los que el interesado ha demorado hasta ese momento su decisión de cambio de letrado», subraya Puente en el auto. El juez instructor reprocha a Ábalos su «intempestiva renuncia» y le recuerda que Álvarez «ha desarrollado su labor de forma objetivamente irreprochable».

Reuniones con otros abogados

Varios juristas consideran que Puente está dejando una vía para que el exministro pueda alegar indefensión. Ábalos informó el pasado lunes al Supremo que cesaba a Álvarez porque tenía que «preparar su declaración por sí solo» y alegó falta de confianza en el letrado. «El magistrado dice que no existen causas justificadas, pero un cliente no necesita justificar nada, basta con que haya un quebranto de confianza», señala un penalista de dilatada experiencia.

Álvarez trasladó este martes a La Sexta visiblemente enfadado que el exministro se preparara la declaración «solo o con los abogados con los que ha estado reuniéndose a mis espaldas». Este diario avanzó en agosto que Ábalos se había reunido este verano en dos ocasiones con Manuel Medina, socio fundador de Medina Cuadros y letrado de varios empresarios del Ibex 35, para preparar su defensa en el Supremo, donde está siendo investigado por los delitos de organización criminal, cohecho y malversación.

«Asistir a Sala no garantiza la eficacia de la asistencia letrada. El juez debe valorar las garantías procesales porque, si patina, puede abrir la posibilidad de pedir la nulidad al Constitucional», explica una prestigiosa penalista. Puente señala en el auto que el artículo 50 del Estatuto General de la Abogacía Española determina que el profesional tiene «plena libertad para aceptar o rechazar la dirección de cualquier asunto» y que podrá cesar «cuando surjan discrepancias con su cliente».

Los juristas consultados opinan que el magistrado confunde renuncia con cese, por lo que Álvarez «ya no puede actuar». Si lo hace, existe «riesgo de una vulneración de tutela judicial efectiva». Ábalos ya aludió a una «injerencia» en sus derechos fundamentales en marzo, cuando registró un recurso de reforma para oponerse a una decisión de Puente. El magistrado dictó días antes un auto con el que reclamaba los ejercicios fiscales y movimientos bancarios del exministro en la última década. El documento ha revelado que desembolsó 95.000 euros de origen desconocido.

El actual diputado del Grupo Mixto aprovechó para quejarse de que estaba siendo víctima de una investigación «prospectiva», ya que las pesquisas no tendrían nada que ver con su papel en la adjudicación de mascarillas. Sucedió antes de que un nuevo informe de la UCO revelara su presunta participación en el amaño de obras públicas a cambio de mordidas junto a Koldo García y Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio. Días antes había entregado su acta de diputado. La misma medida que reclamaba Álvarez para el exministro y que desembocó en la discusión que dinamitó la confianza del cliente.