La Audiencia Nacional retomará la causa contra el BBVA por espionaje tras el fracaso de la opa

Después del fracaso de la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre el Banco Sabadell, la Audiencia Nacional se prepara para reactivar la causa que investiga los encargos al comisario José Manuel Villarejo por parte del BBVA, que llevaba más de un año estancada. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal todavía no ha resuelto los recursos de apelación presentados por las defensas contra el auto que propone el juicio oral, lo que ha provocado un parón en la presentación de escritos de acusación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de otras partes personadas. Con la opa fallida, fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que el caso volverá a cobrar impulso en los próximos meses.

El BBVA anunció el pasado viernes que no había alcanzado la mayoría necesaria para consumar la opa sobre el Sabadell, logrando únicamente un 25,33% del capital social y el 25,47% de los derechos de voto, según informó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación requería al menos un 30% de aceptación para poder lanzar una segunda oferta en metálico, una condición que no se ha cumplido. Este resultado refleja que los inversores institucionales no respondieron con el apoyo esperado por Carlos Torres, presidente de BBVA, y que los accionistas minoritarios tampoco se sumaron de manera significativa. De hecho, el Sabadell informó que apenas el 2,8% de sus clientes con acciones acudieron a la opa.

El fracaso de la opa marca el final de una guerra abierta entre las dos entidades que se prolonga desde hace año y medio. La oferta fue aceptada por 1.272.671.801 acciones, pero al no alcanzar el umbral necesario, las adhesiones quedan ineficaces con efecto inmediato y los gastos ocasionados corren a cargo del BBVA, según comunicó la CNMV. La comunicación de los resultados se adelantó y supone el segundo fracaso del BBVA en operaciones sobre el Sabadell en cinco años. En 2020, el banco vasco intentó negociar una fusión que finalmente retiró sin lanzar una operación hostil.

El impacto del resultado se trasladará al mercado. Los analistas prevén que el Sabadell podría registrar una caída en su cotización, afectada hasta ahora por la expectativa de la opa, mientras que BBVA podría sufrir desgaste reputacional y financiero, aunque, simultáneamente, su cotización repuntó en Wall Street tras conocerse los resultados. Para mitigar riesgos y mantener la confianza de los inversores, el grupo vasco ha decidido retomar inmediatamente su plan de retribución al accionista, incluyendo la recompra de acciones por cerca de 1.000 millones de euros, que comenzará el 31 de octubre y que estaba prevista para este ejercicio.

El BBVA a juicio

Con la opa caída, el foco judicial vuelve al BBVA y a los encargos a Villarejo, una causa que se remonta a entre 2004 y 2016. El 20 de junio de 2024, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón propuso juzgar al expresidente del BBVA, Francisco González, al banco como persona jurídica y a varios ejecutivos por los trabajos encargados al comisario. El auto, de 268 páginas, puso fin a la instrucción de la pieza separada 9 del caso Tándem y propuso sentar en el banquillo a BBVA, González y otras 12 personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales, imputándoles cohecho continuado y delitos de revelación de secretos. Once investigados quedaron exonerados.

El juez, en consonancia con la Fiscalía Anticorrupción, describía el origen de los hechos con la contratación por parte del BBVA del entonces comisario Julio Corrochano en septiembre de 2002, con la aquiescencia expresa de González. La contratación permitió mantener un enlace entre la entidad y los policías en activo, incluidos Villarejo y el comisario Enrique García Castaño alias ‘El Gordo’. Algunos de los contratos fueron verbales, ejecutados fuera del circuito legal del banco y con total desprecio a la normativa de control jurídico y contable. A raíz de ellos, se pusieron en marcha proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consultas de bases de datos de personas y averiguación de patrimonio de empresarios, abogados y periodistas. El magistrado consideró acreditado que los investigados eran conscientes de la vulneración de la normativa interna al contratar a un policía en activo para recabar datos mediante contraprestaciones a funcionarios policiales y con acceso ilegal a ficheros reservados.

Para que los señalados vayan a juicio solo faltaba que la Fiscalía y otras partes presentaran sus escritos de acusación, para lo cual el juez les dio un plazo de 10 días. Sin embargo, los recursos de apelación presentados por las defensas ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal han bloqueado el avance del proceso. La sección aún no ha resuelto estos recursos, y hasta que esto no ocurra, la Fiscalía no presentará su escrito definitivo, lo que podría demorar el inicio del juicio varios meses. Una vez superado este trámite, el juicio, en caso de celebrarse, tardaría al menos un año en iniciarse.

El fracaso de la opa y la reactivación de la causa judicial ilustran la compleja intersección entre grandes operaciones financieras y procedimientos judiciales estratégicos. Fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE señalan que existe una regla no escrita según la cual no se emiten resoluciones judiciales relevantes cuando hay operaciones de gran impacto en compañías estratégicas, de manera similar a lo que ocurre en periodos electorales para no interferir en los resultados políticos. Con la caída de la opa, esa limitación desaparece y la Audiencia Nacional puede impulsar la causa contra el BBVA, desbloqueando así un procedimiento que llevaba más de un año dormido.

Este periódico ha podido confirmar que los pasos inmediatos incluirán la resolución de los recursos ante la Sección Tercera y la presentación de los escritos de acusación, marcando así el inicio de la fase de juicio que podría sentar a la cúpula del BBVA en el banquillo por primera vez en la historia reciente del banco.