Un primer informe de la UCO sobre Torres tenía referencias a Sánchez que han sido eliminadas

El expediente que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al juez Leopoldo Puente, el magistrado instructor del Tribunal Supremo encargado del conocido como caso Ábalos, sobre el ministro Ángel Víctor Torres sufrió un retraso considerable: el documento era, en origen, mucho más amplio porque incluía conversaciones que hacían especial mención al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero, según ha podido saber THE OBJECTIVE, esas referencias tan explícitas fueron eliminadas por orden del juez Puente porque las consideró «irrelevantes penalmente».

Fuentes consultadas por este periódico sostienen que el retraso de más de seis meses en la entrega del informe sobre Torres responde —en gran medida— a ese cruce interno de borrados, revisiones y reescrituras. En los primeros borradores del informe de la UCO, el nombre del presidente Sánchez aparecía citado en más de una conversación interceptada entre actores del llamado caso Ábalos. Estas menciones no implicaban directamente un delito atribuible al presidente, según fuentes de la investigación, pero funcionaban como contexto informativo para describir cómo operaba la trama alrededor de la contratación pública durante la pandemia. Sin embargo, el magistrado Puente entendió que esas referencias no tenían un encaje penal que justificara su presencia en un documento de investigación judicial, y exigió que se eliminasen «por irrelevancia jurídica». Así, los investigadores eliminaron gran parte de esas menciones, dejando «única y exclusivamente aquellas imprescindibles cuya supresión implicaría la alteración del contexto», explican a este periódico.

Con esa orden, el equipo de la UCO tuvo que emprender una segunda lectura del texto. Se eliminaron párrafos enteros, se renumeraron folios y se suprimieron. Todo ello llevó un informe previsto para el verano a una entrega otoñal. El resultado es que cuando el juez Puente finalmente ha dado traslado del informe sobre Torres a las partes, ya carecía de buena parte de las referencias a Sánchez. Esos mensajes, aunque no revestían carácter delictivo, sí tenían un interés informativo.

Cruce de informes

No solo Torres sufrió el impacto de la espera y de la reescritura. El otro protagonista de este pulso es Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Fue su informe el que se adelantó inesperadamente. Las piezas políticas del puzle se movieron en sentido contrario al planeado: en principio estaba previsto que el expediente sobre Torres saliera primero, y que luego fuera remitido el que tiene a Cerdán como eje implicado. Al final, ocurrió justo lo contrario: el informe de Cerdán fue entregado a las partes el 12 de junio de 2025, mientras que el de Torres ha sido entregado el 3 de noviembre a la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y populares.

El motivo de ese cambio de cromos, según fuentes jurídicas, es que los técnicos de la UCO vieron que el documento para Torres estaba sometido a la corrección señalada, mientras que el de Cerdán ya estaba acabado y listo para su transferencia. Así que se invirtió el orden: el expediente del entonces secretario de Organización del PSOE fue el que salió primero.

Informe de Cerdán

El informe relativo a Cerdán detalla conversaciones interceptadas, audios, mensajes de WhatsApp y anotaciones que le relacionan con la gestión de pagos presuntamente vinculados a adjudicaciones públicas gestionadas en la etapa de Ábalos. Uno de los fragmentos más explosivos habla de Cerdán como «el encargado de gestionar los pagos» por importe de al menos 620.000 euros de comisiones. A esto se suma su relación con Servinabar 2000 S.L., sociedad en la que poseía un 45% de las participaciones y que participó en varias Uniones Temporales de Empresas (UTE) con Acciona, encargadas de importantes obras públicas en Navarra y otras comunidades. Entre los proyectos investigados, destacan la construcción de 46 viviendas públicas en Pamplona y la duplicación del túnel de Belate, valorada en más de 70 millones de euros. La conexión entre la empresa y las adjudicaciones, según el juez instructor, no es casual y refuerza los indicios de una operativa organizada.

Esta misma empresa, Servinabar 2000 S.L., pagó el ático en el que vivía Santos Cerdán en el barrio de Chamberí, en Madrid, tal y como adelantó THE OBJECTIVE y luego confirmó la Hacienda navarra. Este organismo reflejó un pago por parte de la constructora de 29.598,22 euros a Gloria Puerto Sánchez, la propietaria de la vivienda. El importe abonado por Servinabar a la dueña del piso equivale al alquiler relativo a un año, teniendo en cuenta que la mensualidad del ático oscilaba en torno a los 2.400 euros por aquel entonces, entre finales de 2018 y finales de 2019. El documento sostiene que el dirigente socialista actuaba como enlace entre García, Ábalos y las constructoras. Su impacto fue inmediato: la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, habló de «gravedad manifiesta».

Informe de Torres

Por su parte, el informe sobre Torres, aunque llegó más tarde, también incluye detalles sensibles. El documento recoge que Torres reclamó «pagos pendientes» cuando presidía Canarias a una empresa adjudicataria de contratos de mascarillas durante la pandemia. Además, retrata al ministro: en un mensaje de audio enviado a Koldo García, asesor de José Luis Ábalos en los años investigados, Torres reconoce que va a llamar a «la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estad tranquilos que estoy haciendo todos los esfuerzos». Sólo unos días antes, Torres había sido convocado a Madrid a una cena en el restaurante vasco Jai Alai, próximo al Ministerio de Transportes, en la que participó Koldo y en la que también estuvo presente Víctor de Aldama, socio en aquel momento de Soluciones de Gestión S.L., la empresa que colocó siete millones de euros en mascarillas al Gobierno canario. Torres negó en 2024 haber estado reunido nunca con Aldama.

El audio de Torres le llegó a Koldo el día 21 de julio de 2020, en plena pandemia: «Buenos días, Koldo. Llevo desde el viernes y ayer incluso con el consejero, centrado en este asunto. Hay resistencia de Ana [responsable económica de Sanidad] a no a pagar esas facturas, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades». «Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura y durante el día de hoy espero tener ya la respuesta. O sea, estoy encima de ellos. Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estad tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos», le señala Torres. La persona a la que hace referencia Torres, según se desprende del sumario, es Aldama.