El juez pide el pasaporte a Begoña Gómez y a su asistente para saber si coincidieron en viajes
Peinado solicita a Moncloa sus agendas para que las analice la UCO e imputa a la secretaria general de Presidencia

Begoña Gómez y su asistente en Moncloa. | Ilustración de Alejandra Svriz
Marcaje férreo a Begoña Gómez y a su asistente en Moncloa. El juez Juan Carlos Peinado ha requerido a ambas investigadas que aporten sus pasaportes «con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas». El magistrado también solicita a Presidencia del Gobierno que le remita las agendas de la esposa de Pedro Sánchez y de Cristina Álvarez para que pueda analizarlas la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el objetivo de determinar si las citas, reuniones o desplazamientos en los que coincidieron estaban relacionados con actividades personales o profesionales.
En un extenso auto de 44 folios al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Peinado reclama los pasaportes de Begoña Gómez y su asistente en Moncloa a petición de las acusaciones. Estas mantienen que Álvarez realizó trabajos a favor de la esposa del presidente del Gobierno ajenos a su función. Incluso pudo haber acompañado a su jefa en varios viajes al extranjero. Las sospechas se centran en un desplazamiento a Londres, donde la mujer de Sánchez acudió a principios de 2020 como directora del IE África Center.
Globalia, a través de su filial Wakalua, firmó en enero de ese año un convenio para patrocinar con 40.000 euros anuales al África Center, la fundación del Instituto de Empresa que dirigió Begoña Gómez entre agosto de 2018 y junio de 2022. El acuerdo se rubricó solo cuatro meses después del encuentro en San Petersburgo, donde la esposa del presidente del Gobierno coincidió con el entonces CEO de la compañía, Javier Hidalgo. Sin embargo, la pandemia dio al traste con el pacto y solo se llegaron a usar 1.716 euros para viajes y becas.
La acompañante de Begoña Gómez
Peinado ya rechazó en noviembre del año pasado retirar el pasaporte a Begoña Gómez, como reclamaban las acusaciones populares. La petición se realizó después de que la esposa del presidente del Gobierno solicitara anular una citación para declarar en los juzgados de la Plaza de Castilla porque le coincidía con un viaje oficial a Brasil para asistir a la reunión del G-20. La defensa aludió a que «su derecho de defensa está salvaguardado sin que sea necesaria la presencia de la misma en los juzgados».
El último auto de Peinado supone un nuevo impulso al caso de Begoña Gómez. El magistrado imputa a la actual secretaria general de Presidencia, Judit Alexandra González, por un delito de malversación. Como avanzó este diario, se trata de la persona que acompañó a la esposa de Sánchez a la Asamblea de Madrid para comparecer en la comisión de investigación sobre su cátedra en noviembre del año pasado.
El magistrado también cita a declarar en los próximos días a un total de nueve testigos, entre ellos Juan Carlos Doadrio. El ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense fue la persona que aportó sus correos entre la esposa del presidente del Gobierno y sus asistente en Moncloa. Con esta decisión, Peinado rechaza archivar el caso y mantiene la imputación por vía del tribunal del jurado para Begoña Gómez por cinco delitos: malversación de fondos, tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid mantiene para Álvarez el tráfico de influencias, la apropiación indebida y la malversación de caudales públicos. También sigue investigado el delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, por su pasado como secretario de Presidencia en Moncloa. Peinado le imputa el delito de malversación de caudales públicos por la contratación de la asistente de Begoña Gómez.
Nuevos testigos
Peinado también responsabiliza a sus antiguos superiores, aunque el Tribunal Supremo rechazó que imputase al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que estuvo al frente de la Secretaría General de Presidencia entre julio de 2018 y julio de 2021. En la lista de investigados e encuentra Juan Carlos Barrabés, el empresario al que Begoña Gómez apoyó con dos cartas de recomendación en un concurso público de Red.es. El auto sale a la luz después de que el magistrado haya unido todo el caso a petición de la Audiencia de Madrid, ya que antes la malversación se encontraba en una pieza separada.
El auto también ha citado la declaración de diversos testigos, algunos ya conocidos, como Miguel Escassi, de Google, una de las empresas que desarrolló el software para la cátedra y del que, supuestamente, se habría apropiado de forma indebida Begoña Gómez. También deberá acudir Diego de Alcázar, uno de los responsables del Instituto de Empresa donde trabajó la esposa de Sánchez. La lista la completan seis nuevos nombres, todos ellos trabajadores del Ministerio de Justicia, encargado de pagar el sueldo de Álvarez desde junio de 2018.

