El abogado de la UE desautoriza con la amnistía al embajador de Von der Leyen en Madrid

Revés judicial para el nuevo representante de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, hombre de confianza de Ursula von der Leyen y que en diciembre asumirá el citado puesto en Madrid tras un lustro como director general del Servicio Jurídico en Bruselas. Las conclusiones del abogado general de Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el luxemburgués Dean Spielmann, sobre la ley de amnistía aprobada por el Gobierno en mayo de 2024 suponen una desautorización en toda regla de los argumentos jurídicos que Calleja firmó en esta causa en nombre del Ejecutivo comunitario. En concreto, sobre el concepto de «autoamnistía».

El polémico informe que la Comisión Europea remitió hace un año al TJUE sobre la ley de amnistía respaldó la normativa en términos generales, pero introdujo llamativas reservas en sus observaciones ante la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de Cuentas al TJUE respecto a la implementación de la mencionada amnistía.

Por ejemplo, Bruselas advirtió entonces de que la norma española no perseguía «un propósito de interés público», sino que se trataba más bien de una «autoamnistía», ya que surgía de un pacto político para facilitar la investidura del Gobierno de España y en el que los beneficiados —políticos de Junts y ERC— fueron determinantes en su aprobación parlamentaria.

En la vista oral de julio sobre el procedimiento prejudicial —antes de las conclusiones de este jueves del abogado general de la UE—, Carlos Urraca participó como asesor jurídico de la Comisión Europea. Calleja no estuvo presente en la vista. Según las fuentes consultadas, ya en ese momento, tanto el abogado general como varios de los jueces interrogaron al letrado de la Comisión sobre la espinosa cuestión de la «autoamnistía» y afloraron las «contradicciones» y debilidades de este concepto.

Ahora, el abogado general de la UE enmienda la plana a la Comisión al estimar que dicha ley no afecta a los derechos financieros de la UE ni constituye una amnistía que haya sido impulsada por los líderes independentistas en beneficio propio. Además, avala que los 12 encausados por terrorismo también pueden beneficiarse de ella al no vulnerar gravemente los derechos humanos.

Entre los principales argumentos que esgrime para rechazar que sea una «autoamnistía», Spielmann señala que la ley «es fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista» y no es el «resultado de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario, sino de un debate y de una votación democrática en las Cortes Generales». Asimismo, añade que su aplicación tampoco escapa «al control judicial» y que no percibe «vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la medida».

La acusación de Bolaños

El análisis jurídico de la Comisión Europea se remitió al TJUE en diciembre del año pasado, pero el contenido del mismo se entregó a las partes a principios de junio, coincidiendo con el inicio del primer pleno en el que el Tribunal Constitucional examinó el proyecto de la ley de amnistía. Un hecho que enfadó sobremanera al Gobierno español hasta el punto de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, decidió atacar a Calleja acusándole de estar detrás de la redacción del texto.

«Un ex jefe de gabinete de dos comisarios del PP coló su argumentario en el escrito. Le han relevado de su puesto. Por lo que sea», señaló el ministro en sus redes sociales en un duro ataque que no se recordaba en Bruselas. Sobre todo, porque Calleja había sido nombrado en mayo nuevo director de la oficina de la Comisión Europea en España. Es decir, se trata del principal interlocutor de Von der Leyen en Madrid a la hora de relacionarse los miembros del Gobierno de Sánchez, por lo que no parecía la mejor de las bienvenidas antes de asumir el cargo.

Calleja ha sido director del Servicio Jurídico hasta la pasada semana —su sustituto ha sido otro español, Alberto de Gregorio—, pero previamente estuvo como jefe de gabinete con los comisarios populares Loyola de Palacio y Marcelino Oreja. Desde mayo hasta este principio de noviembre, ha seguido en su puesto comunitario de director general, al que llegó en 2020, porque faltaba encontrarle sustituto como alto cargo en Bruselas, donde se necesitan semanas para examinar a los candidatos que se presentaron a la vacante en liza, una de las más importantes y sensibles dentro del engranaje de la Comisión Europea.

El día a día de Calleja en Bruselas estos últimos años ha sido de «de absoluta cercanía» con Von der Leyen, ya que lo normal ha sido tener con ella varias reuniones a la semana debido a los asuntos a tratar, por lo que las fuentes comunitarias consultadas por THE OBJECTIVE consideraron «ridícula» la crítica vertida por Bolaños cuando este funcionario español «combina un profundo conocimiento del derecho con un excelente juicio estratégico» y tiene a sus espaldas «más de 35 años de destacada experiencia en el diseño, aplicación y liderazgo estratégico en las políticas de la UE», como se indicó en el comunicado de su nombramiento.

Lo que más molestó en la capital comunitaria es que Bolaños dejase caer que Von der Leyen había perdido la confianza en Calleja después de cinco años trabajando codo a codo y que, por ello, había precipitado su salida de Bruselas para dirigir la oficina europea en España. Las fuentes negaron de forma tajante que fuese así y subrayaron que su nuevo destino en Madrid supone «un broche de oro» a su trayectoria como funcionario europeo.

La oficina de la Comisión en Madrid lleva más de dos años con un director en funciones, Lucas González, y durante este tiempo de interinidad, Sánchez ha pedido con insistencia a Von der Leyen que nombrase a una persona cercana a Moncloa. Pero no ha sido el caso. La mandataria alemana ha resistido a las presiones y se ha decantado por una persona de su absoluta confianza que, sin embargo, no es bien vista por el Ejecutivo español. Las fuentes comunitarias coinciden en que la elección de Calleja fue un claro desplante a Sánchez. De ahí que Bolaños respondiese de esa manera tras el posicionamiento de la Comisión sobre la amnistía.