El borrado de las pruebas amenaza el relato de Álvaro García Ortiz

Visto para sentencia. Cuando el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, pronunció las palabras mágicas a las 17.30 horas de este jueves, tras la sexta jornada de un juicio que ha divido al país (es la primera vez que un fiscal del Estado se sienta en el banquillo), colocó a sus compañeros en el foco. Es el turno de los jueces, que se enfrentan a su particular Rubicón. Da igual la decisión que tomen sobre el acusado por revelación de secretos. Media España les mirará con recelo si deciden exculparlo; la otra media lo hará si lo condenan. Hay elementos para que la moneda caiga de cualquier lado, pero el borrado de las posibles pruebas (ahora una acumulación de indicios) amenaza el relato de Álvaro García Ortiz. Como señala la acusación particular, ¿por qué se eliminan mensajes si no hay nada que temer? García Ortiz sostiene que por seguridad. La espada de Damocles pende sobre él.

El Rubicón señalaba la frontera entre la Galia Cisalpina y Roma. Según la ley romana, ningún gobernador provincial podía atravesarlo con sus tropas bajo amenaza de ser declarado enemigo público. Julio César era consciente de las consecuencias, pero acabó cruzándolo tras legarnos aquella célebre frase de «Alea iacta est», la suerte está echada. El visto para sentencia de Martínez Arrieta en la jornada final del juicio contra García Ortiz. El fiscal general se enfrenta a penas de prisión de entre tres y seis años por, presuntamente, filtrar datos confidenciales de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Los miembros del tribunal se encuentran ante el mismo dilema que Julio César. Además del presidente, forman parte de él cuatro magistrados que juzgaron el procés (Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral y Ana Ferrer), Susana Polo y Carmen Lamela, que encarceló a los líderes independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Un equipo experimentado y muy técnico para dirimir sobre García Ortiz.

Juicio paralelo a García Ortiz

No me gustaría estar en su pellejo. Sea cual sea su dictamen, que podría llegar antes de final de año y para el que no se prevé unanimidad, helará el corazón de una de las dos Españas, como escribió Antonio Machado. La tarea no es fácil. La defensa de García Ortiz, que ejerce la Abogacía del Estado, ha señalado de forma insistente durante el proceso que existen «cero» pruebas para inculparle y que, en realidad, ha sido víctima de «un juicio paralelo basado en conjeturas».

El abogado del Estado José Ignacio Ocio relató este jueves, en su informe de conclusiones, que más allá de las afirmaciones del novio de Ayuso «no se ha aportado prueba documental» de que el fiscal general sea el filtrador de los datos confidenciales de González Amador. No se quedó ahí. En su opinión, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tampoco han contribuido. Además, considera que los agentes se extralimitaron de la encomienda del juez instructor durante el registro del despacho de García Ortiz el 30 de octubre del año pasado y pide que se anule la diligencia.

Una tesis a la que se ha adherido la Fiscalía. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, discrepa del informe de la UCO porque este «no puede ser una prueba pericial» ni de él se desprende «ninguna prueba». Durante su informe de conclusiones, tiró de extensa jurisprudencia, dejando a los agentes a los pies de los caballos. La número dos de García Ortiz les reprocha que hayan realizado una «prueba del nueve» para concluir que el acusado fue quien filtró el correo con la confesión del novio de Ayuso.

«El borrado no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa», defiende Sánchez Conde. Sin embargo, los testimonios de los peritos de la UCO fueron reveladores: García Ortíz tenía «dominio a todos los niveles» de la filtración del novio de Ayuso. Los agentes consideran que el fiscal general borró mensajes y eliminó su cuenta de correo electrónico personal de forma voluntaria con el firme propósito de ocultar algo, extremo que el acusado negó durante su declaración.

«Eliminó toda prueba de descargo»

Los peritos confirmaron que el borrado que realizó García Ortiz era «irrecuperable». La eliminación de los mensajes se hizo el 16 de octubre del año pasado, el mismo día que le imputó el Tribunal Supremo. Una semana más tarde, cambió de terminal. Los agentes de la UCO especificaron que realizó un formateo, aunque necesitó ayuda del Ministerio para la Transformación Digital. E insistieron: «Desde el 30 de junio, solo se tiene constancia de un solo formateo, el realizado el 23 de octubre de 2024». Justo una semana antes del registro de su despacho.

El abogado de Manos Limpias, Víctor Soriano, fue especialmente pedagógico. Durante su informe de conclusiones, destacó que García Ortiz eliminó el rastro de toda prueba de descargo al borrar mensajes y su cuenta de correo electrónico personal «sin ninguna razón amparada por la razón y la justicia» alegando razones de seguridad sin «ningún sustento». Una línea que siguió Juan Antonio Frago, abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), para quien la «eliminación intencionada puede y debe ser tomada como prueba de cargo a los efectos probatorios».

Frago advirtió el desliz que tuvo el periodista de La Ser, que dijo durante su declaración que «él me enseñó el correo (del novio de Ayuso)», lo que eliminaría la ecuación de la filtración a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; a la responsable de Comunicación de la Fiscalía del Estado, Mar Hedo; y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. También receló de que Miguel Ángel Campos llamara a García Ortiz para confirmar una información después de llevar dos años sin hablar con él (el propio fiscal general afirmó que no coge el teléfono a periodistas desde que ocupa el cargo).

García Ortiz alegó en su favor que eliminó su cuenta de correo personal, donde recibió los emails de González Amador en diciembre, dos meses después de estar investigado. Lo hizo porque la UCO dejó su dirección al descubierto y comenzó a recibir «amenazas». Su defensa ha recriminado a los agentes que en ese tiempo no reclamaran los mensajes ni pidieran la contraseña a su cliente, que la habría facilitado.

Lo que no hizo con los whatsapps, que borró aludiendo a motivos de seguridad y a un reglamento interno con muchas aristas. La acusación particular también reprocha que ni el periodista de La Ser ni el responsable de prensa de la Fiscalía General del Estado hayan facilitado las comunicaciones de la noche de autos. Y se pregunta: «¿Habría habido algún problema en mostrarlas si no existieran?».