La Audiencia Nacional impide el borrado de miles de correos del 'caso Mascarillas' canario
La Fiscalía Europea podrá reconstruir cómo se gestionaron las compras de material sanitario en las islas
La Fiscalía Europea mantiene una investigación sobre los contratos de mascarillas en Canarias. | EFE
La Audiencia Nacional ha impedido un borrado masivo de correos electrónicos de la empresa Damco Trading, tal y como reclamaba su defensa jurídica, relacionados con el caso Mascarillas canario. En este asunto, investigado en diferentes instancias judiciales, están implicados organismos de salud canarios dependientes Ángel Víctor Torres, entonces presidente del Gobierno de Canarias.
La decisión de la Audiencia Nacional ha permitido que la Fiscalía Europea pueda acceder íntegramente a miles de correos electrónicos. También ha abierto la puerta a que pueda analizar documentos internos y repositorios digitales relacionados con el caso, según ha podido constatar THE OBJECTIVE a partir de un recurso de apelación que presumiblemente tenía como objeto frenar la investigación. La Sala rechazó el recurso y ordenó preservar toda la información digital como prueba penal europea. De esta forma ha evitado cualquier riesgo de borrado, manipulación o restricción de acceso en una causa vinculada a fondos de la Unión Europea.
Una parte de esos correos correspondería, presuntamente, a intercambios de información entre responsables del Servicio Canario de Salud y directivos de Damco Trading, una de las empresas que obtuvo en las islas millonarios contratos de emergencia durante la pandemia. Se trataría de comunicaciones generadas y recibidas en distintos departamentos de del Gobierno canario. Su integridad era determinante para reconstruir con fidelidad documental las decisiones adoptadas en un contexto de máxima presión como fue la pandemia.
La causa de las mascarillas en Canarias
La Fiscalía Europea puede examinar ahora ese conjunto de mensajes internos, clave para aclarar cómo se tramitaron los expedientes de compra de mascarillas y otros suministros sanitarios. La Audiencia Nacional concluyó que el acceso a toda la documentación electrónica era «necesario y proporcionado». Los magistrados han recordado que la información almacenada en los servidores públicos ya constituía evidencia penal europea en una investigación sobre posibles irregularidades con impacto en fondos comunitarios.
El tribunal insistió en que la diligencia no prejuzgaba responsabilidades individuales, pero sí respondía a una exigencia elemental en investigaciones complejas: evitar que desaparezcan, se alteren o queden fuera del análisis judicial correos que puedan resultar determinantes para evaluar la legalidad de los procesos de contratación. Durante la pandemia, muchas decisiones se tomaron por vía electrónica —instrucciones rápidas, validaciones digitales, reparos y cambios documentados por correo—, lo que convierte ese material en una fuente insustituible para entender el funcionamiento interno de la Administración.
Borrado de WhatAapp
La decisión, sin duda, va a permitir una investigación más cómoda y certera sobre los contratos de mascarillas en Canarias, alejada de la basada en indicios. Eso contrasta con el contexto en el que se desarrolla la causa que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este borró WhatsApp de forma masiva, lo que dificulta aclarar algunas cuestiones sobre el filtrado de información fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Esta situación refuerza la necesidad de extremar las garantías sobre la custodia de la prueba digital.
Con respecto a la causa de las mascarillas canarias, la Audiencia ordenó incluso que el personal técnico del propio Gobierno de Canarias facilitase la extracción íntegra y ordenada de todo el material, bajo supervisión judicial y sin interferencias. El auto enmarcó esta obligación en el Reglamento Europeo que protege los intereses financieros de la Unión, que exige preservar la evidencia electrónica cuando se investigan contratos sufragados con fondos comunitarios.
Información clave
Con esta decisión, la Audiencia Nacional blindó la información necesaria para que la Fiscalía Europea pueda reconstruir cómo se gestionaron las compras de mascarillas y otro material sanitario durante el Gobierno de Torres, en un procedimiento que sigue en curso y cuya evolución dependerá en gran medida de lo que revelen esos miles de correos ahora protegidos frente a cualquier intento de desaparición o alteración.
Como ha informado THE OBJECTIVE, la investigación de la Fiscalía Europea sobre los contratos sanitarios adjudicados durante la pandemia por el Servicio Canario de Salud avanza hacia una fase decisiva del procedimiento. El decreto de incoación emitido el 7 de febrero de 2024 sigue activo y fuentes jurídicas relacionadas con la causa confirman que la instrucción continúa. Al procedimiento se han incorporado nuevas diligencias, medidas cautelares y la declaración de un testigo protegido que ha aportado información relevante para reconstruir los hechos.
El procedimiento se centra en la adjudicación de contratos de emergencia financiados con fondos europeos, destinados a la compra de mascarillas, test rápidos, guantes y otros suministros críticos durante los primeros meses de la pandemia en Canarias. La Fiscalía Europea ha estimado que algunos expedientes presentan indicios de anomalías, cobros irregulares y decisiones cuya motivación debe aclararse, lo que justifica ampliar la obtención de pruebas, revisar comunicaciones internas y examinar la documentación generada por los responsables públicos.