El Gobierno usó la vía de emergencia prevista para la covid para adjudicar contratos del 23-J
El Ejecutivo coló la reforma de la Embajada de Cuba entre los contratos de emergencia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó la tramitación de urgencia el 23-J. | Europa Press
La pandemia de la covid facilitó cientos de contratos de emergencia, que tienen carácter excepcional, para cubrir necesidades inmediatas. Mucho de estos contratos, a dedo y sin supervisión, están en el punto de mira de la Fiscalía y de diferentes juzgados. Pese a todo, algunos ministerios y administraciones, han tirado de ellos para temas tan diversos como concesiones de televisiones, arrendamientos de viviendas, contratos de limpieza, compra de libros o festividades navideñas.
Además de las compras relacionadas con el coronavirus, en el cajón de emergencias, el Estado y las comunidades han conseguido colar casi todo, incluso lo relacionado con el «poco previsible 23-J». El procedimiento de emergencia se considera un régimen excepcional que se aplica cuando la Administración tiene que actuar de manera inmediata debido a acontecimientos catastróficos u otras situaciones de peligro o que afecten a la defensa nacional». Evidentemente unas elecciones no lo eran.
El análisis de estos contratos realizado por THE OBJECTIVE muestra 1.195 contratos. Las concesiones del Estado se vinculan mayoritariamente a compras de material para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, el Gobierno considera un asunto de emergencia las obras de rehabilitación de la residencia de la Embajada de España en La Habana -2,5 millones- y los comicios del 23-J.
Los contratos de Correos
Correos es uno de los principales ejecutores de estos contratos que poco tienen que ver con emergencias. El pasado abril adjudicaba la edición, manipulado y entrega al operador postal Correos. El contrato a dedo, de más de un millón de euros, fue a Mailfactory.
Mientras, el pasado 8 de julio, a pocos días de los comicios generales, el Gobierno adjudicó por el excepcional trámite de emergencia la contratación de los servicios de impresión, ensobrado y transporte a las oficinas de correos de los sobres correspondientes al envío 1 del voto CERA para las elecciones generales de julio de 2023 de las provincias de Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Asturias, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y León. El contrato está valorado en 355.000 euros.
El pasado 4 de julio, el Instituto Nacional de Estadística adjudicó la composición, edición, manipulado y entrega al operador postal Sociedad Estatal Correos y Telégrafos de aproximadamente 35.500.000 tarjetas censales. También se utilizó el procedimiento de emergencia para otorgar un contrato de composición, edición y distribución de hojas informativas para el voto por correo, con motivo de las elecciones a Cortes Generales que se celebrarán el 23 de julio de 2023. La adjudicación supuso 180.000 euros.
El suministro de manuales también fue tramitado por la vía de emergencia. En total 614.000 euros para el suministro y distribución de manuales de miembros de mesa e impresos electorales necesarios para la celebración en 2023 de las Elecciones a Cortes Generales.
Adjudicaciones Covid
THE OBJECTIVE ha informado, en exclusiva, de la contratación de emergencia durante la pandemia y de los riesgos. Algunos de los contratos millonarios de mascarillas y material sanitario, mayoritariamente adjudicados por el Gobierno en 2020, aún siguen bajo el punto de mira de la Justicia española y de la Fiscalía Europea. Tramitados de emergencia y entregados a microempresas, con menos de tres trabajadores, y con actividades muy diversas, las irregularidades, los retrasos en las entregas y los sobrecostes empiezan a ver la luz con cuentagotas.
Si la empresa que logró el mayor contrato del Ministerio de Sanidad –HongKong Travis Asia Limited- retrasó la entrega de sus mascarillas diez meses, tal y como reveló esta semana este diario, otras compañías que recibieron cuantiosas adjudicaciones durante el estallido de la pandemia prácticamente desaparecieron tras recibir los millones. Una de ellas es la catalana FCS Select Products. La firma se embolsó 253 millones de euros a través de cuatro contratos covid. La Fiscalía Europea investiga dos de ellos, según informan fuentes jurídicas y confirman documentos consultados por este diario.
Mientras, los otros dos contratos adjudicados a esa mercantil volvieron a la Fiscalía Anticorrupción por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid. Allí, la juez Concepción Jerez investiga irregularidades de 13 contratos adjudicados por Sanidad a firmas chinas. Debido a que llevan la firma de uno de los tres ex altos cargos del Ministerio de Sanidad imputados por las adjudicaciones del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) a empresas chinas durante el inicio de la pandemia, Anticorrupción envió esos dos contratos de FCS Select Products al Juzgado 26 de Madrid para su acumulación en esa causa.
