El juez de las mascarillas 'fake' de Illa envía nuevas pruebas al fiscal y le pide un informe
El magistrado remite al Ministerio Público una voluminosa cantidad de documentos entregados por el Gobierno
El exministro de Sanidad y actual líder del PSC, Salvador Illa. | Europa Press
El juez del caso Illa pide un nuevo informe a la Fiscalía. El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha remitido al Ministerio Público una «voluminosa» cantidad de documentos aportados por el Ministerio de Sanidad nueve meses después de que los pidiera el magistrado. Se trata de la documentación que faltaba en relación al lote de dos millones de mascarillas no homologadas por las que se investiga si el exministro y actual líder del PSC, Salvador Illa, incurrió en un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores del sector sanitario durante la primera ola de la pandemia de covid-19, según informan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE.
Como avanzó este diario, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir el caso en diciembre del año pasado. Unos días después, el juez Carlos Valle solicitó una extensa batería de documentos al Ministerio de Sanidad y otros dos organismos públicos: el Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst). El objetivo era obtener información concreta sobre la gestión del lote de dos millones de mascarillas defectuosas FFP2 N95, de la marca Garry Galaxy, adquiridas por Sanidad como parte de un contrato de 23,8 millones de euros adjudicado a la empresa china Hangzou Ruining Trading, sin publicidad ni licitación previa, al inicio de la pandemia.
Tras varios requerimientos, según las fuentes jurídicas consultadas, el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha recibido al fin la información solicitada al Ministerio de Sanidad. Se trata de una cantidad ingente de documentos relacionados con los hechos que se investigan. Los archivos ya han sido remitidos íntegramente al fiscal para que los estudie y se pronuncie sobre los nuevos pasos a dar en la causa, añaden las mismas fuentes.
Las mascarillas defectuosas de Illa
El juez había solicitado al Ministerio de Sanidad que aportase información sobre los acuerdos de distribución y entrega a las Comunidades Autónomas en las que se distribuyeron las mascarillas no homologadas. También pedía una copia de las comunicaciones todas las recibidas de distintos responsables de las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña, el día 10 de abril de 2020, alertando de las deficiencias de seguridad en las mascarillas, que estaban siendo utilizadas desde cinco días antes en distintos hospitales de España.
En una providencia, el magistrado instructor había pedido al Gobierno que identificase con detalle todos los «responsables, comunicaciones y trámites realizados» por el Ministerio de Sanidad en relación a esas mascarillas desde el día en que Aragón y Cataluña alertaron de las deficiencias detectadas. Según la querella que dio origen a la causa, formulada por la la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Ministerio dirigido entonces por Salvador Illa tardó una semana (17 de abril de 2020) en dar la orden de retirar las mascarillas defectuosas compradas a la firma china.
Con esa documentación, el juez y la Fiscalía buscan aclarar por qué el Ministerio tardó siete días en retirar el material sanitario no homologado a pesar de haber recibido la alerta de las Comunidades Autónomas. Según la querella, las dos millones de mascarillas defectuosas adquiridas por Sanidad a Hangzou Ruining Trading fueron utilizadas en distintos hospitales públicos de España entre el 5 y el 17 de abril de 2020, a pesar de que no cumplían con los estándares para garantizar la seguridad de los trabajadores sanitarios. Sanidad adjudicó a esa empresa china otro contrato de 43,4 millones de euros por el suministro de 2,2 millones de «monos desechables protectores para la covid-19».
En manos de la Fiscalía
El juez Carlos Valle también había solicitado al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) que expidiesen certificación de los análisis efectuados a las mascarillas objeto de la querella: «Con expresión de la fecha de solicitud de análisis y organismo que lo encarga, fecha de recepción de las muestras, fecha y persona que emitió el informe, y fecha y organismo al que se hubiese remitido».
A diferencia del Ministerio de Sanidad, departamento al que el juez ha tenido que efectuar varios requerimientos durante los últimos nueve meses para que entregase la documentación requerida, tanto el Instituto de Salud Carlos III como el Insst enviaron con celeridad los certificados solicitados por el magistrado instructor. Según explican fuentes jurídicas, toda la prueba documental ya está en manos de la Fiscalía. El Juzgado esperará a recibir el informe para decidir si procede profundizar en una causa cuyo plazo de instrucción vencerá el próximo mes de diciembre.
Las documentación solicitada por el juez Carlos Valle formaba parte de las diligencias señaladas por la Audiencia Provincial de Madrid en el auto en el que se acordó estimar el recurso de apelación presentado por el sindicato médico CESM y ordenó la reapertura de la investigación contra el exministro Illa. Los magistrados de la Sección Segunda consideraban esencial la práctica de esas diligencias «a fin de que comience la investigación penal» sobre unos hechos que fueron denunciados en abril de 2020, y que han sufrido un largo periplo por distintos tribunales de España, sin que hasta ahora hayan sido analizados en profundidad por la Fiscalía.
Primera ola de la covid-19
El Ministerio Público ha solicitado en reiteradas ocasiones, desde el inicio de la causa, el archivo de las actuaciones contra el exministro Illa al no apreciar indicios del delito denunciado por el sindicato médico CESM. Las mascarillas fake fueron distribuidas por el Gobierno a varias comunidades autónomas en una época en que la covid-19 se cobraba cientos de muertos al día en hospitales de toda España. Las autoridades de Aragón y Cataluña detectaron que esas mascarillas no cumplían con las normas de seguridad preceptivas y avisaron de ello a Sanidad el 10 de abril de 2020. Su nivel de filtrado era de tan solo el 70%, muy lejos del 92% mínimo que exige la normativa.
El Ministerio de Sanidad, dirigido por Salvador Illa, se vio obligado a retirarlas de los hospitales. Para entonces, según la querella del sindicato médico CESM, ya habían sido utilizadas por el personal sanitario en distintos centros médicos. Al menos, en la Comunidad Valenciana. «Se utilizaron entre los días 5 y 17 de abril de 2020 por facultativos y otro personal sanitario en la atención a pacientes contagiados por la covid-19, lo que puso en grave riesgo a todo el personal receptor de las mencionadas mascarillas», indica la querella que originó la causa.
