El PNV exigió puestos «importantes» en Adif y la SEPI para apoyar a Sánchez
La UCO interpreta que la formación vasca planteó estas tres peticiones como contrapartida a su apoyo a la moción
El líder del PNV en 2018, Andoni Ortuzar.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge en su informe 96/2025, entregado al juez del caso Koldo, la existencia de un archivo Word titulado exactamente «PETICIONES NOMBRAMIENTOS PNV.docx» que recoge las exigencias de nombramientos que el Partido Nacionalista Vasco trasladó al PSOE en los días inmediatamente posteriores a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno el 1 de junio de 2018.
El documento fue enviado el 7 de junio de 2018 —un día después de la investidura y del nombramiento de José Luis Ábalos como ministro de Fomento— por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE y uno de los principales responsables de la negociación parlamentaria, desde su cuenta de correo corporativa del partido. El correo iba dirigido a José Guillermo Berlanga Bondía, asistente técnico del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, con la siguiente instrucción literal: «Buenas tardes Jose, imprime estas tres hojas y se las das a Koldo y que se las entregue a José Luis». El destinatario final era, por tanto, el recién nombrado ministro Ábalos, a través de Koldo García.
Además del archivo sobre las peticiones del PNV, Cerdán adjuntó otros dos documentos con propuestas de cargos para los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. En la esquina superior derecha de estos últimos aparecía escrito a máquina el nombre «SANT.», iniciales de Santos Cerdán. El contenido íntegro del documento referido al PNV es el siguiente:
La UCO interpreta que estas tres peticiones fueron planteadas por el PNV como contrapartida a su apoyo a la moción de censura, que se saldó con 180 votos a favor, entre ellos los seis escaños peneuvistas, frente a 169 en contra y una abstención. El informe destaca especialmente la primera de las solicitudes: mantener a Javier Cachón de la Iglesia al frente de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Cachón, nombrado en su día por el Gobierno de José Luis Zapatero, firmaría el 31 de mayo de 2019 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto minero Muga, en Navarra, promovido por la empresa Geoalcali (participada por Highfield Resources y con vínculos indirectos con Acciona). Este proyecto había sido paralizado en varias ocasiones por informes negativos previos.
Respecto a los otros dos puestos («importante en ADIF» e «importante en INI o SEPI»), el documento indica que los nombres concretos serían facilitados por el PNV en una reunión prevista para el lunes siguiente a la redacción del archivo (11 de junio de 2018). La urgencia en satisfacer estas peticiones queda reflejada en varios mensajes posteriores intervenidos por la UCO. El 16 de junio de 2018, Santos Cerdán escribió a Koldo García: «Se han hecho varios nombramientos como no podamos meter alguno, nada será posible». Dos días después, el 18 de junio, Cerdán insistió nuevamente y advirtió a Koldo que no colocaran en ADIF a José Teófilo Serrano Beltrán, a pesar de que días antes algunos medios habían publicado que Serrano iba a ser nombrado presidente tanto de Renfe como de Adif. Finalmente, el puesto de presidenta de Adif recayó en Isabel Pardo de Vera Posadas, quien actualmente está investigada en las diligencias previas 65/2023 del Juzgado Central de Instrucción número 3.
La UCO también ha localizado una conversación del 8 de junio de 2018 entre Fernando Merino (directivo de Acciona) y Antxón (otro de los investigados), en la que Merino envía una noticia sobre el posible nombramiento de Teófilo Serrano y recibe la pregunta: «¿Es nuestro?». Merino responde afirmativamente. Horas después, Cerdán ordenaría a Koldo García que se evitara ese nombramiento. Los investigadores vinculan todo este intercambio al proceso de formación del primer Gobierno de Pedro Sánchez, que dependía de manera crítica de los votos del PNV y de otros grupos para su investidura y para su estabilidad posterior. El informe de la UCO forma parte de las diligencias que investigan presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia, pero incluye este episodio de junio de 2018 como antecedente de las relaciones entre algunos de los principales investigados y determinados partidos políticos.