El Supremo avisa a Cerdán de que la UCO ha «reforzado» los indicios en su contra

Sabor agridulce para Santos Cerdán. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado este miércoles libertad para el ex secretario de Organización del PSOE, pero le advierte de que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «ha reforzado» su papel principal en la trama del cobro de comisiones a cambio de obra pública que se investiga en el caso Koldo. El magistrado le mandó a prisión provisional el pasado 30 de junio al atribuirle un rol de «cierta preeminencia». No obstante, el dirigente navarro se presentó como víctima de una persecución política.

En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Puente señala que el riesgo de que Cerdán pudiera ocultar, alterar o destruir pruebas relevantes era muy intenso cuando se dictó la medida de prisión, pero que ahora «aparece ya, como consecuencia de la investigación practicada hasta este momento, seriamente mitigado, habiéndose logrado obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso, (ante posibles intentos de ocultación, alteración o destrucción de sus fuentes), y con las que ya se cuenta».

Cerdán abandonará esta misma tarde la prisión de Soto del Real, según las fuentes consultadas por este diario. Lo hará cinco meses después de ser imputado por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Unos indicios delictivos que no se han diluido después de la investigación de la UCO, que este viernes registró diferentes empresas, incluidas las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid.

Resultado de las pesquisas

«El resultado de la investigación practicada no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba en la causa, sino que, muy al contrario, los ha reforzado en buena medida y abierto nuevas líneas de investigación», subraya Puente en su auto. No obstante, el juez explica que la existencia de esos «consistentes» indicios «no justifica por sí mismo el mantenimiento de la prisión provisional, incluso cuando, como sucede en este caso, el progreso de la investigación no haya hecho más que confirmar y robustecer dichos indicios».

A pesar de que Puente decrete la libertad provisional para Cerdán, le impone diversas medidas cautelares, como la prohibición de salir de España, con retirada de pasaporte incluida, la obligación de tener que personarse en juzgado cada 15 días.

«Con ocasión de las distintas solicitudes de libertad efectuadas por Cerdán, se ha venido recordando que, tan pronto como desapareciera, o resultase seriamente mitigado, el referido riesgo de alteración, ocultación o destrucción de fuentes relevantes de prueba, y por más que persistieran, o incluso resultaran reforzados, los indicios racionales de que el investigado pudiera haber sido autor de los graves ilícitos penales que aquí se le atribuyen, la mencionada medida cautelar sería objeto de revisión, incluso de
oficio», resalta el auto del juez.

El instructor ha incidido que en estos cuatro meses y veinte días en los que el secretario de Organización del PSOE ha permanecido en prisión, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha logrado «obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso, (ante posibles intentos de ocultación, alteración o destrucción de sus fuentes), y con las que ya se cuenta».

Informe patrimonial de Cerdán

El pasado viernes, la UCO procedió a registrar varias empresas con posibles vínculos con la trama, entre ellas las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao. Los agentes también accedieron a las cooperativas Noran y Erkolan, que habrían recibido transferencias de Servinabar, la empresa de Joseba Antxon Alonso a la que habría estado vinculado el ex secretario de Organización del PSOE con el 45% de las acciones.

Como antesala a esos registros, la UCO entregó el 11 de noviembre un informe al magistrado en el que señalan que Cerdán y su «entorno familiar» se beneficiaron de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de obra pública, mediante el cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito con la que el ex secretario de Organización del PSOE sufragó gastos superiores a los 33.000 euros en apenas 26 meses, hasta el día antes de la detención de Koldo García.

Los investigadores señalan que Servinabar recibía «el 2% neto» de las adjudicaciones que conseguía Acciona. Esa relación económica habría supuesto «al menos el 75% de los abonos percibidos» por la empresa Joseba Antxon Alonso, «constituyendo de esta forma la relación su principal fuente de financiación». Al margen de estas consideraciones, está pendiente que la UCO aporte al Supremo el informe sobre la situación patrimonial de Cerdán, en el que ha estado trabajando desde el pasado junio, cuando lo reclamó el magistrado.