El Supremo avisa a Cerdán de que la UCO ha «reforzado» los indicios en su contra

Sabor agridulce para Santos Cerdán. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado este miércoles libertad para el ex secretario de Organización del PSOE, pero le advierte de que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «ha reforzado» su papel principal en la trama del cobro de comisiones a cambio de obra pública que se investiga en el caso Koldo. El magistrado ya le mandó a prisión provisional el pasado 30 de junio al atribuirle un rol de «cierta preeminencia». No obstante, el dirigente navarro se presentó como víctima de una persecución política.

En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Puente señala que el riesgo de que Cerdán pudiera ocultar, alterar o destruir pruebas relevantes era muy intenso cuando se dictó la medida de prisión, pero que ahora «aparece ya, como consecuencia de la investigación practicada hasta este momento, seriamente mitigado, habiéndose logrado obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso, (ante posibles intentos de ocultación, alteración o destrucción de sus fuentes), y con las que ya se cuenta».

Cerdán abandonará esta misma tarde la prisión de Soto del Real, según las fuentes consultadas por este diario. Lo hace cinco meses después de ser imputado por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Unos indicios delictivos que no se han diluido después de la investigación de la UCO, que este viernes registró diferentes empresas, incluidas las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid, que pudieran haber formado parte de la trama.

«El resultado de la investigación practicada no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba en la causa, sino que, muy al contrario, los ha reforzado en buena medida y abierto nuevas líneas de investigación», ha subrayado.

Con todo, el magistrado ha explicado que la existencia de esos «consistentes» indicios «no justifica por sí mismo el mantenimiento de la prisión provisional, incluso cuando, como sucede en este caso, el progreso de la investigación no haya hecho más que confirmar y robustecer dichos indicios».

Al ver mitigado el riesgo de destrucción de pruebas por el que acordó su entrada en prisión el pasado 30 de junio, el instructor ha considerado pertinente ordenar su salida de la cárcel de Soto del Real (Madrid). No obstante, le ha impuesto una batería de medidas cautelares: prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y firma quincenal en sede judicial.

El instructor ha incidido que en estos cuatro meses y veinte días en los que Cerdán ha estado en prisión, la UCO ha logrado «obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso, –ante posibles intentos de ocultación, alteración o destrucción de sus fuentes-, y con las que ya se cuenta».

El pasado 11 de noviembre, los agentes de la Guardia Civil entregaron un informe al magistrado en el que señalan que Cerdán y su «entorno familiar» se beneficiaron de Servinabar -una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de obra pública- mediante el cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito.

En el oficio, al que tuvo acceso Europa Press, la UCO analiza la relación de Servinabar -la empresa de la que Cerdán sería dueño al 45%- con Acciona y la de ambas con el ex ‘número tres’ del PSOE y el ex asesor ministerial Koldo García, ante la sospecha de que varios de los contratos de obra pública que recibieron al aliarse en Unión Temporal de Empresas (UTE) fueron adjudicados a cambio de comisiones.

Según los agentes, la empresa Servinabar recibía «el 2% neto» de adjudicaciones que consiguió con Acciona Construcción. Para los investigadores, esa relación económica entre las dos empresas habría supuesto «al menos el 75,33% de los abonos percibidos» por Servinabar, «constituyendo de esta forma la relación con Acciona Construcción su principal fuente de financiación». Al margen, está pendiente que el Instituto Armado aporte al Supremo el informe sobre la situación patrimonial de Cerdán, en el que ha estado trabajando desde el pasado junio, cuando lo reclamó el magistrado.