El Supremo condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
El fiscal general tendrá que pagar una multa de 7.300 euros e indemnizar al novio de Ayuso con 10.000 euros
El fiscal general | Europa Press
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. La Sala que preside Andrés Martínez Arrieta le ha absuelto del resto de los delitos. El jefe del Ministerio Público también tendrá que pagar una multa de 7.300 euros, a razón de una cuota diaria de 20 euros, y las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil deberá indemnizar con 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El fallo ha sido dictado por la mayoría de los miembros del tribunal, aunque no ha sido unánime.
La resolución, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma. Esta incorporará dos votos particulares emitidos por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que disienten de la sentencia, lo que determina un cambio en la ponencia que asume Martínez Arrieta. Fuentes del Supremo explican a THE OBJECTIVE que los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares o se destruirán. La defensa de García Ortiz tiene la posibilidad de recurrir el fallo mediante un incidente de nulidad, vía que no suele prosperar pero que es indispensable para acudir en amparo al Tribunal Constitucional.
La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar. A la espera de conocer la sentencia completa ha mostrado su total respeto por el fallo, que afirma no compartir. Fuentes gubernamentales explican que, en los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal general «que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho». A pesar de la condena, el Ejecutivo ha querido reconocer la labor de García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado».
El correo del novio de Ayuso
García Ortiz se sentó en el banquillo a principios de noviembre acusado de filtrar los correos electrónicos que intercambiaron la Fiscalía y el abogado del novio de Ayuso para llegar a un pacto de conformidad. En el email, González Amador se abría a reconocer que había defraudado 350.000 euros a Hacienda a través de una trama de facturas falsas para evitar penas de cárcel. De hecho, el pasado 22 de septiembre la juez del caso abrió juicio contra el empresario, acusado de dos delitos de fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable y pertenencia a organización criminal.
La difusión de ese correo electrónico, fechado el 2 de febrero del año pasado, tuvo lugar el 13 de marzo de 2024, apenas unas horas después de que El Mundo publicase una información que recogía la versión de que había sido el Ministerio Público quien había ofrecido el pacto a González Amador. Una versión que estaba extendiendo el entorno de Ayuso y que García Ortiz creyó necesario desmontar con una nota de prensa al día siguiente «para ganar el relato».
El abogado del Estado José Ignacio Ocio, que ejerce la defensa de García Ortiz, relató durante el juicio que, más allá de las afirmaciones del novio de Ayuso, «no se ha aportado prueba documental» de que el fiscal general fuese el filtrador de los datos confidenciales de González Amador. En su opinión, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tampoco han contribuido. Además, consideró que los agentes se extralimitaron de la encomienda del juez instructor durante el registro del despacho del acusado el 30 de octubre del año pasado, por lo que pidió que se anulara la diligencia.
Una tesis a la que se adherió la Fiscalía. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, discrepó del informe de la UCO porque este «no puede ser una prueba pericial» ni de él se desprende «ninguna prueba». Durante el juicio, los agentes atribuyeron a García Ortiz un «dominio a todos los niveles» de la filtración. Durante la investigación, y tras analizar los dispositivos del fiscal general, constataron que existían «cero mensajes» y que habían sido borrados el mismo día en el que el Supremo le imputó por un delito de revelación de secretos. Una semana más tarde, cambió de móvil alegando motivos de seguridad.
«Facultar para borrar mensajes»
Por el juicio contra García Ortiz, que se celebró entre el 3 y el 13 de noviembre, pasaron 40 testigos, entre ellos el propio González Amador, que acusó al fiscal general de haberlo matado públicamente: «Pasé a ser el delincuente confeso». Otros de los comparecientes fue el jefe de Gabinete de Ayuso, que acusó al Ministerio Público de dinamitar cualquier acuerdo con el empresario, al que aseguró que había ayudado por su amistad y no como parte de sus atribuciones políticas. Por la vista también pasaron diversos fiscales, entre ellos el jefe de Inspección, que alegó que el acusado tenía «facultad para borrar mensajes».
Uno de los testimonios más importantes fue la de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que apuntó a García Ortiz como origen de la filtración. La testigo relató al tribunal que la mañana del 14 de marzo del año pasado, cuando ya se había publicado el contenido de los correos del novio de Ayuso, el fiscal general le llamó por teléfono cuando ella iba en el coche. «No le di ni los buenos días. Le pregunté, ¿Has filtrado los correos? Entonces me dijo que eso ahora no importa, pero a mí eso sí que me importaba. Eso se me quedó grabado en el alma». Lastra aseguró que ella tampoco estuvo de acuerdo con el comunicado porque los datos ya estaban publicados.
La vista también contó con las declaraciones del ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera y el antiguo líder del PSOE en Madrid Juan Lobato, que el 14 de marzo del año pasado recibió un mensaje de la anterior proponiéndole que usara el email donde el novio de Ayuso reconocía dos delitos fiscales. El actual senador dudó del «origen lícito» de ese documento y puso reparos en mostrarlo en la Asamblea de Madrid, así que Sánchez Acera le respondió que sería publicado. La actual número dos de los socialistas madrileños rechazó haber recibido «el pantallazo» de la Fiscalía, pero no recuerda la identidad del periodista que se lo facilitó.
Por el juicio también pasaron una docena de periodistas, que se negaron a revelar sus fuentes y eximieron a García Ortiz de toda responsabilidad. Tres de ellos reconocieron que tuvieron el polémico correo del novio de Ayuso antes de que fiscal general. José Precedo, adjunto al director en elDiario.es, subrayó que le llegó una semana antes y calificó al acusado como «inocente». El abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, se mostró entonces sorprendido porque no publicara antes la información, a lo que el testigo respondió que lo demoró por ética periodística.