El PSOE busca anular las escuchas de Villafuel con la estrategia judicial del narco Sito Miñanco

Leire Díez, la militante del PSOE investigada por trabajar presuntamente para obtener ‘trapos sucios’ de jueces, fiscales o mandos de la Guardia Civil, confesó al comandante Rubén Villalba que el partido tenía una idea sobre cómo tumbar el caso hidrocarburos, la trama que afecta al Gobierno y a figuras como Víctor de Aldama por una estafa milmillonaria en el IVA de la gasolina con la presunta connivencia de altos cargos que habrían facilitado las licencias. La táctica pasa por anular las escuchas del caso que, según Díez, están realizadas con el sistema Egobox, el mismo que puso en entredicho la defensa del narco gallego Sito Miñanco.

El 2 de octubre de 2017, agentes de los GEO de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia CIvil, asaltaron el buque remolcador Thoran junto a las Islas Azores. Detuvieron a sus tripulantes, de nacionalidad turca, y recondujeron el barco hasta Cádiz. Allí fue revisado durante horas hasta que apareció lo que buscaban: más de 3.000 kilogramos de cocaína que se dirigía a España por orden del presunto narco Miñanco.

Así caía de nuevo el capo gallego en la llamada Operación Mito, que aún está a la espera de sentencia judicial y en la que fueron clave las escuchas hechas a la tripulación del barco con el sistema Egobox.

Durante el juicio, un perito contratado por la defensa —que también dirigió Jacobo Teijelo— cuestionó la estanqueidad de ese sistema de escuchas. En un careo de un técnico policial con el experto, este logró poner en duda los audios obtenidos a través Egobox al señalar que podrían manipularse sin dejar rastro. Además, se plantearon dudas sobre la forma en que se registran esas grabaciones, supuestamente de forma indiscriminada. Lo graban todo, incluso aquellas conversaciones que no están relacionadas con el caso, pudiendo afectar a la intimidad. Y eso, dijo la defensa, fue lo que ocurrió con los tripulantes turcos del Thoran.

El pasado mes de febrero, durante el encuentro que mantuvo Leire Díez con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, la supuesta fontanera del PSOE le confesó que esa era, precisamente, la táctica que el partido estaba explorando para anular el caso Hidrocarburos.

Las notas de la reunión que tomó Villalba, y que luego facilitó al Servicio de Información de la Guardia Civil, recogen que Díez «está convencida de que la UCO, en la intervención de las comunicaciones de las operaciones explotadas en el sector de hidrocarburos (caso Alejandro, caso Gaslow y caso Aldama) han utilizado el sistema de escuchas Egobox y no el SITEL».

El ‘caso Villafuel’

El llamado caso Villafuel constituye la pieza central de una presunta trama de fraude masivo de IVA en el sector de los hidrocarburos, cuyo desfalco a las arcas públicas se estima en más de 182 millones de euros. Según las investigaciones, la operativa giraba en torno a la sociedad Villafuel S.L., controlada por los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama, considerado este último el «nexo corruptor» de la trama.

El mecanismo del fraude consistía en obtener el título de operador mayorista para comprar combustible en depósitos fiscales exento de IVA y venderlo posteriormente a gasolineras aplicando el impuesto, pero sin liquidar nunca ese 21% a Hacienda. Esto les permitía reventar el mercado con precios artificialmente bajos mientras desviaban los beneficios millonarios a través de un entramado societario internacional.

Las ramificaciones políticas del caso apuntan directamente a la concesión de la licencia de operador, otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera. THE OBJECTIVE ha revelado que Villafuel obtuvo este permiso estratégico en un tiempo récord de apenas dos meses, revocando una denegación previa y contraviniendo los plazos habituales de la administración, que suelen superar el semestre. La Unidad Central Operativa (UCO) y las informaciones periodísticas sugieren que la compañía carecía de la estructura técnica y real para operar —funcionaba presuntamente como una oficina fantasma— y que la licencia fue conseguida gracias a la mediación política de Víctor de Aldama, quien contaba con un «pase especial» en el Ministerio de Transportes y acceso a altos funcionarios.

El escándalo salpica de lleno al núcleo duro del Gobierno de Pedro Sánchez a través de la figura del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. Las pesquisas indican que la trama habría retribuido la mediación de Ábalos para conseguir dicha licencia mediante el disfrute de un chalet de lujo en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz).

Según lo publicado, el socio de Aldama, Claudio Rivas, habría articulado la compra de este inmueble —valorado en más de medio millón de euros— a través de sociedades instrumentales para ponerlo a disposición del exministro, evidenciando un presunto cohecho que vincula el fraude del fuel con la cúpula socialista de la pasada legislatura.