La Policía registra Biomar Oil y detiene a seis personas por fraude en los hidrocarburos
Hacienda reclama 119 millones de euros a la empresa, que se querelló contra un responsable de Transición Ecológica
Fachada de la Audiencia Nacional. | Europa Press
La Policía Nacional está registrando este martes la sede de Biomar Oil en Madrid. Se trata de una empresa de hidrocarburos a la que Hacienda reclama 119 millones de euros. La compañía inició el año pasado un procedimiento penal contra el Ministerio de Transición Ecológica por inhabilitarla como operador. Fruto de esa querella fue imputado s el subdirector de hidrocarburos, José Luis Cabo. Los agentes siguen el mandato del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Durante la operación se han detenido a seis personas, explican a THE OBJECTIVE fuentes de la investigación.
Como ha avanzado EL PAÍS y ha confirmado este diario, miembros de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), irrumpieron en Biomar a primera hora de la mañana. La investigación, que se mantiene bajo secreto, trata de aclarar un presunto fraude de hidrocarburos por el que se dejaba de pagar el impuesto del IVA y una supuesta red de blanqueo de capitales a través de coches de lujo y relojes. Las fuentes consultadas destacan que la empresa, en concurso de acreedores, fue intervenida por el juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona hace año y medio, por lo que sus responsables no pueden tomar decisiones desde entonces.
Tres de los seis arrestados pasarán este miércoles a disposición de Antonio Piña, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El magistrado ha acordado un total de nueve entradas y registros, señalan fuentes judiciales. Se les investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. El fraude estimando superaría los 280 millones de euros. La firma dirigida por Juan Antonio Molina superó los 1.000 millones de facturación en 2022.
El IVA de los hidrocarburos
Este periódico ya informó de que el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga si Transición Ecológica retiró a Biomar la licencia como operadora de hidrocarburos de forma negligente. La empresa se querelló contra el departamento que entonces dirigía Teresa Ribera tras solicitar en varias ocasiones los certificados de biocarburantes que permiten seguir operando. Los datos desaparecieron de la plataforma Sicbios hasta en dos ocasiones. Cabo reconoció la existencia de «un problema informático» en octubre del año pasado. El caso fue archivado, pero ha sido recurrido a la Audiencia Provincial de Madrid.
«Yo no firmé la resolución, sino la comunicación de esa resolución» trató de desmarcarse Cabo. El subdirector de Hidrocarburos explicó que fue el equipo técnico el que hizo los requerimientos a la empresa sin que él mediase y negó que los certificados fueran eliminados, sino rechazados. Transición Ecológica incapacitó a Biomar en octubre del año pasado por supuestas irregularidades en la mezcla de combustibles. El Ministerio alegó que incumplía la obligación de añadir la parte de biocarburantes que marca la ley. La empresa no consiguió acreditar que cumplía con la normativa y acumuló una deuda que supera los 119 millones de euros.
Biomar presentó en junio del año pasado una querella contra Cabo, al que acusa de un delito de prevaricación administrativa. La empresa fue inhabilitada ese mismo mes y perdió la licencia de hidrocarburos en octubre. Lo hizo tras no registrar en tiempo y forma los certificados de biocarburantes, que acreditan que el 10,5% del carburante que se vende es de origen verde (aceites de cocina usados, cultivos agrícolas, grasa de cerdo…).
La compañía afectada alegó que la normativa contempla una excepción para aquellas empresas que no han podido cumplir o acreditar ese porcentaje. En su lugar, pueden realizar un pago compensatorio de 1.623 euros por cada certificado no aportado. Biomar acumuló una deuda superior a los 200 millones de euros que le condenó al concurso de acreedores. El Gobierno endureció la normativa a finales de 2023 para poner coto al fraude, que se había disparado en el sector. La Guardia Civil ha investigado una decena de casos en los últimos años, el más mediático, el relacionado con Villafuel.
Los investigadores sostienen que Víctor de Aldama y Claudio Rivas mantenían el control de siete empresas interpuestas con el que habrían cometido un presunto fraude de 231 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos. Gracias a esas mercantiles, el comisionista y su socio habrían instrumentalizado Villafuel, que tenía la condición de operador y podía adquirir combustible en depósito fiscal que luego vendían a distribuidoras y gasolineras sin declarar los impuestos.
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