Una empresa pública registrada por el 'caso Leire' financió con 17 millones a Forestalia

El Gobierno financió con 17,3 millones de euros un proyecto de Forestalia en 2022. Lo hizo a través de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), una de las empresas públicas registradas este jueves en la misma operación en la que se detuvo a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar. La ayuda se otorgó a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip), creado a finales de diciembre de 2020 para combatir los efectos de la pandemia mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó entre este miércoles y jueves un total de 19 registros en tres provincias: Sevilla, Madrid y Zaragoza. Los agentes accedieron a la sede de Forestalia en estas dos últimas ciudades por mandato del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Su titular, Antonio Piña, investiga presuntas irregularidades en contrataciones públicas, aunque mantiene la causa bajo secreto. Los investigadores han requerido documentación a tres empresas públicas, entre ellas Sepides, una entidad adscrita a la SEPI.

El ente público financió a través del Faiip un total de 45 proyectos industriales durante 2022 por un importe de 706 millones de euros «que supusieron una inversión total de 1.526 millones y la creación de 2.665 empleos directos», según la memoria anual del Grupo Sepides, entonces presidida por Antonio Miguel Cervera. Entre los proyectos que recibieron ayuda económica figura Arapellet, una filial de Forestalia.

Una filial de Forestalia

«El Faiip ha financiado con 17,3 millones de euros el proyecto desarrollado por Arapellet, compañía dedicada a la fabricación y venta de pellets de madera para uso térmico, y pellets de paja destinados a la alimentación animal. El proyecto consiste en la ampliación de las actuales instalaciones de la empresa y la puesta en funcionamiento de una nueva planta», explica el documento de Sepides al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

La ayuda a la filial de Forestalia para un proyecto que llevaba aparejada la creación de 56 puestos de trabajo se tramitó vía Sepides, pero a través del Faiip, que se creó por la disposición adicional quincuagesimoséptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. El fondo, que sigue vigente, está adscrito al Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Industria.

La finalidad del Faiip es prestar apoyo financiero retornable para promover inversiones de carácter industrial que contribuyan a favorecer el desarrollo, la competitividad y las capacidades industriales del sector industrial en España. En este ejercicio está dotado con 1.927 millones y su objetivo es financiar «sociedades mercantiles privadas y cooperativas que desarrollan o vayan a desarrollar una actividad industrial productiva y de servicios industriales […] orientadas a la sostenibilidad ambiental».

Arapellet es una firma participada al 100% por Forestalia, que incluye más de 700 empresas y que centra su actividad en el sector de las energías renovables (tecnologías eólicas, fotovoltaicas y de biomasa). Según la memoria de Sepides, el holding de Fernando Samper da «respuesta a las necesidades energéticas de la población a nivel nacional e internacional de una manera sostenible y eficiente, apoyando la transición energética hacia un modelo descarbonizado que sea fuente de generación de empleo y desarrollo local, especialmente en el medio rural».

Megaproyecto en Teruel

Por otro lado, la Justicia de Aragón investiga posibles delitos medioambientales en un megaproyecto que inició Forestalia en Teruel en 2023. Está formado por 22 parques eólicos ubicados en la comarca del Maestrazgo, que limita con la provincia de Castellón. Varios particulares y asociaciones denunciaron infracciones en los informes de impacto ambiental aprobados por el Ministerio de Transición Ecológica, entonces liderado por la actual comisaria europea Teresa Ribera. Estos daban luz verde a instalar 84 aerogeneradores en espacios protegidos por la Red Natura.

Forestalia presentó el proyecto a principios de 2021 con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de al menos 2.500 puestos de trabajo. En septiembre de ese año remitió la solicitud para iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental a Transición Ecológica, de quien dependía aprobar el proyecto. El Gobierno autorizó la declaración en diciembre, pero no la inclusión de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo abrieron la veda para interponer las denuncias. Sin embargo, la Justicia ha rechazado paralizar las obras de manera cautelar.

Como desveló este diario, Forestalia y una de las firmas del propietario de Servinabar compartieron domicilio fiscal en un vivero de empresas de Madrid dedicado a obtener contratos y subvenciones públicas en energías renovables. La UCO también detuvo este jueves en Vizcaya al empresario que supuestamente compartía con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán la mercantil clave en la trama de mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas que investiga el Tribunal Supremo.

Los registros mercantiles analizados por este diario muestran una pauta común: varias sociedades pasan sucesivamente por manos de los Sumelzo (la familia de la secretaria de Estado Susana Sumelzo) y del holding de Samper (Fernando Sol) mientras algunas empresas del entorno aragonés hacen pagos a Servinabar. Según información financiera examinada por la UCO, en la investigación judicial en curso empresas como Mediaciones Martínez (hoy Promociones Inmobiliarias Ku-ma) y la de los Sumelzo efectuaron pagos a la empresa de Alonso que ya están siendo investigados.