La UCO irrumpe en Hacienda, Transición Ecológica, Correos y otra empresa pública

La Guardia Civil mantiene activa la operación para desmantelar una supuesta trama de corrupción que confluye en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Solo un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) advirtiese de que la trama de los hidrocarburos se había instalado cómodamente en Hacienda y Transición Ecológica, los ministerios dirigidos por María Jesús Montero y Sara Aagesen (antes Teresa Ribera) vuelven a ser señalados. Los agentes han acudido este viernes por la mañana a varios organismos dependientes de estos departamentos, pero también a la sede de Correos y Cofivacasa, otra empresa pública.

La UCO ha irrumpido este viernes en Correos y varios organismos dependientes de Hacienda (la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) y Transición Ecológica (la Dirección General de Política Energética y Minas). Los agentes han requerido documentación referente al presunto caso de corrupción que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, según adelanta El País y ha podido confirmar THE OBJECTIVE.

Transición Ecológica ha explicado a través de una nota de prensa que los agentes han retirado «dos expedientes administrativos», cuyo contenido no precisa. No obstante, asegura que ambos «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos». Estos requerimientos de información se producen tras la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández (ambos el miércoles) y del empresario Joseba Antxon Alonso, presunto socio de Santos Cerdán, que fue detenido este jueves en Vizcaya.

Pesquisas de la UCO

Uno de los frentes de estos registros es la dirección general de Patrimonio del Estado, dependiente de Hacienda. Los agentes también han entrado en la sede de Cofivacasa, empresa participada en su totalidad por la SEPI que gestiona la liquidación de sociedades participadas por el Estado o aquellas de las que este se ha hecho cargo en relación con el Plan Nacional Antidrogas. Es decir, las incautadas al narcotráfico. Es esa firma la que liquida el patrimonio de esas empresas (incluida la venta de inmuebles o vehículos).

En Correos, participada por la SEPI, la Guardia Civil ha acudido a requerir información. Se trata de la empresa pública que fichó a Leire Díez tras su salida de la también pública Empresa Nacional de Uranio (Enusa), donde la UCO requirió información este jueves. En esos momentos, el servicio postal estaba dirigido por Juan Manuel Serrano, muy cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También se ha requerido información al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACR), dependiente de la cartera de Montero.

Entre el resto de organismos que han visitado los agentes se encuentran varias direcciones generales dependientes de Transición Ecológica, el departamento que dirigía Ribera, actual comisaria europea. Se trata de las secciones de las que dependen las emisiones de permisos y declaraciones de impacto medioambiental en proyectos de energías renovables como los que están bajo el foco de la UCO. Durante esta semana se han producido otros 19 registros a empresas, entre ellas Forestalia. Se trata de un gigante industrial de las renovables con decenas de proyectos activos y cientos de sociedades vinculadas de las que liquidó 14 solo unas horas antes de que los agentes registraran sus sedes de Zaragoza y Madrid.

Los nuevos requerimientos de información se suman a otros realizados en los últimos días. Esta semana, la UCO ha acudido a dependencias de la SEPI y varias empresas participadas, como Enusa, Mercasa y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). Los agentes también se han personado en un piso en la madrileña calle Diego de León, donde Díez mantenía reuniones, un despacho de abogados y un bar de Sevilla, y la sede de Servinabar, que ya fue registrada el pasado junio por orden del Tribunal Supremo, que investiga amaños de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas.

El patrimonio de Fernández

Los investigadores sospechan que la trama se dedicaba a trapichear con su influencia en altos niveles del PSOE. Consideran que sus miembros se ofrecían a mediar con diferentes empresas a cambio del cobro de comisiones. La constructora navarra Servinabar servía para canalizar los pagos. El expresidente de la SEPI estuvo contratado en ella tras abandonar en octubre de 2019 el puesto, salpicado por la investigación de la mina de Aznalcóllar, de la que recientemente ha quedado absuelto.

La Guardia Civil pone el foco en el patrimonio de Fernández. El expresidente de la SEPI tiene registrados a su nombre un lujoso chalé en la urbanización de Puerta de Hierro en Madrid, dos chalés en una exclusiva urbanización en El Aljarafe (Sevilla); tres inmuebles en Marbella, garajes y trasteros. Como avanzó El Debate, la UCO cree que disparó su patrimonio hasta los cinco millones tras su paso por el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda.

Los detenidos pasarán a disposición judicial este sábado a las 10 horas. Los arrestos de Díez, Fernández y Alonso están relacionados con una operación bajo secreto que ha ordenado el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. Se les imputan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.