La UCO irrumpe en Hacienda, Transición Ecológica, Correos y otra empresa pública

Nuevos registros de la Guardia Civil. Solo un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) advirtiese de que la trama de los hidrocarburos se había instalado cómodamente en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, los departamentos dirigidos por María Jesús Montero y Sara Aagesen (antes Teresa Ribera) vuelven a ser señalados, pero esta vez por otro caso de corrupción. Los agentes han acudido este viernes por la mañana a ambas sedes, pero también a la de Correos y Cofivacasa, otra empresa pública.

La UCO ha irrumpido en Correos y varios organismos dependientes de Hacienda y Transición Ecológica para requerir documentación referente al nuevo caso de corrupción que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, según adelanta El País y ha podido confirmar THE OBJECTIVE. Estos requerimientos de información se producen tras la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y de Joseba Antxon Alonso, presunto socio de Santos Cerdán.

Uno de los frentes de estos registros es la dirección general de Patrimonio del Estado, dependiente de Hacienda. Los agentes han entrado en la sede de la empresa Cofivacasa, que gestiona la liquidación de sociedades participadas por el Estado o aquellas de las que se ha hecho cargo el Estado en relación con el Plan Nacional Antidrogas. Es decir, las incautadas al narcotráfico. Es esa firma la que liquida el patrimonio de esas empresas -incluida la venta de inmuebles o vehículos-.

Transición Ecológica

En Correos, participada por la SEPI, la Guardia Civil ha acudido a requerir información. Se trata de la empresa en la que fue fichada Leire Díez tras su salida de la también pública Enusa. En esos años, Correos estaba dirigida por Juan Manuel Serrano, muy cercano a Pedro Sánchez. También se ha requerido información al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACR), dependiente de la cartera de Montero.

Entre el resto de organismos que han visitado los agentes se encuentran varias direcciones generales dependientes de Transición Ecológica, el ministerio que dirigía Teresa Ribera en los años investigados. Se trata de las direcciones de las que depende la emisión de permisos y declaraciones de impacto medioambiental en proyectos de energías renovables como los que están bajo el foco de la UCO.

Cabe recordar que esta misma semana también se produjeron otros 19 registros a empresas, entre ellas Forestalia. Un gigante industrial de la energía eólica, con decenas de proyectos activos y cientos de sociedades vinculadas que liquidó 14 de ellas sólo unas horas antes de la entrada de los agentes en su sede de Zaragoza y Madrid (sede social a su vez de esas sociedades disueltas).

Los investigadores sospechan que la trama se dedicaba a trapichear con su influencia en altos niveles del PSOE. Consideran que sus miembros se ofrecían a mediar con diferentes empresas a cambio del cobro de comisiones. La constructora navarra Servinabar, propiedad de Alonso y a la que presuntamente estaría vinculada el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán servía para canalizar los pagos. El expresidente de la SEPI estuvo contratado en ella tras abandonar en octubre de 2019 el puesto, salpicado por la investigación de la mina de Aznalcóllar, de la que recientemente ha quedado absuelto.

La Guardia Civil pone el foco en el patrimonio de Fernández. El expresidente de la SEPI tiene registrados a su nombre un lujoso chalé en la urbanización de Puerta de Hierro en Madrid, dos chalés en una exclusiva urbanización en El Aljarafe (Sevilla); tres inmuebles en Marbella, garajes y trasteros. Como avanzó El Debate, la UCO cree que disparó su patrimonio hasta los cinco millones tras su paso por el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda.

Los detenidos pasarán a disposición judicial este sábado a las 10 horas. Los arrestos de Díez, Fernández y Alonso están relacionados con una operación bajo secreto que ha ordenado el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. Se les imputan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Habrá ampliación