La UCO vincula a Díez y Alonso con comisiones y el juez prevé nuevas imputaciones

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco en la presunta mediación de la ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, y el empresario Antxon Alonso para lograr el rescate público de la compañía vasca de tubos de acero Tubos Reunidos, a cambio de recibir comisiones. Los investigadores atribuyen a Díez y Alonso, socio de Santos Cerdán, un papel clave en esta operación, que también salpica al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. La Guardia Civil sostiene que los tres se concertaron para llevar a cabo al menos media docena de transacciones de este tipo, compartiendo «intereses comunes». La estrategia del grupo se coordinaba a través de un chat de WhatsApp denominado ‘Hirurok’ («los tres juntos» en euskera).

Díez y Alonso han comparecido hoy ante el juez y, tras prestar declaración (o acogerse a su derecho a no hacerlo, como ha sido el caso de ambos), han quedado en libertad, pero con medidas cautelares. Según la información adelantada por El Mundo, el Juzgado ya ha advertido de que la investigación se ampliará a nuevas operaciones y más imputados, y ha apercibido a los investigados para que eviten cualquier contacto con otras personas relacionadas con los hechos. La empresa Tubos Reunidos fue rescatada con más de 100 millones de euros de fondos públicos, justificando su crítica situación financiera por la pandemia y su carácter estratégico, una ayuda que se concedió tras la polémica suscitada por el auxilio a Plus Ultra.

La UCO cifra las comisiones percibidas por Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización socialista en la constructora instrumental Servinabar, en 266.000 euros. Los investigadores sostienen que estos pagos se canalizaron a través de la sociedad instrumental Mediaciones Martínez, y que el soborno por el rescate de Tubos Reunidos ascendió a unos 115.000 euros. Además, la Guardia Civil rastrea otras operaciones en el foco: un presunto contrato amañado de Mercasa de 18.000 euros; una adjudicación de 2,8 millones del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), por la que el trío habría cobrado una ‘mordida’ de 400.000 euros; contratos de Enusa (donde trabajó Díez) y ayudas públicas al Grupo Forestalia.

Las comisiones habrían sido supuestamente destinadas a inversiones inmobiliarias «comunes» de Díez, Alonso y Fernández en Marbella y Jaca, destinando una parte a la reforma de una vivienda propiedad de Antxon Alonso. Por su parte, Tubos Reunidos ha negado cualquier relación con Antxon Alonso y Leire Díez. Sin embargo, la compañía sí ha confirmado haber recibido una solicitud de información del Juzgado de Instrucción número 6 sobre un «contrato de asesoramiento con cantidades estándar» con Vicente Fernández, con quien la empresa ha colaborado aportando la documentación requerida.