El juez deja en libertad a los tres detenidos por Plus Ultra, pero les impone medidas cautelares
Se les ha retirado el pasaporte, se les prohíbe salir de España y tendrán que comparecer en el juzgado cada 15 días
Registro en la sede de Plus Ultra el pasado miércoles.
El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, en funciones de guardia, ha acordado este sábado la libertad provisional de los tres detenidos del conocido como caso Plus Ultra. No obstante, le ha impuesto medidas cautelares, según las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. El magistrado Alfredo Barrera ha acordado retirar el pasaporte, prohibir salir de España y obligar a comparecer en los juzgados cada 15 días al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola; su CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, con fuertes vínculos comerciales con la empresa. Se les atribuyen delitos de fraude fiscal, pertenencia a organización criminal y apropiación indebida. La actuaciones siguen secretas y las seguirá llevando el Juzgado de Instrucción número 15.
Los tres detenidos han pasado a disposición judicial este sábado después de ser detenidos a lo largo de esta semana por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al «uso indebido» de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.
La UDEF detuvo el pasado jueves al presidente de Plus Ultra y a su CEO. La operación abre un nuevo capítulo en la larga sombra de controversias que rodean a la aerolínea. La intervención policial se produjo a primera hora de la mañana. Los agentes se desplazaron hasta su sede en Madrid para realizar los pertinentes registros y practicar los arrestos en el marco de unas diligencias que permanecen bajo secreto y de las que, por ahora, no han trascendido muchos detalles.
El rescate a Plus Ultra
Un día más tarde, la UDEF arrestó a Julio Martínez Martínez, empresario español con vínculos en Venezuela y relacionado con Plus Ultra. El detenido, de unos 50 años y sin trayectoria en cargos públicos, ha desarrollado su carrera profesional en el sector inmobiliario y en otros ámbitos empresariales. Parte de su labor en Venezuela guardaba relación con la aerolínea. Como avanzó este diario, el empresario es cliente de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Martínez Martínez figura en la cartera de clientes de la agencia de Laura y Alba, las hijas de Rodríguez Zapatero. Concretamente a través de la sociedad Análisis Relevante, para las que habrían realizado tareas de consultoría y diseño. Según se desprende de los trabajos que incluyen en su porfolio, se trataría de algún tipo de informe sobre mercados latinoamericanos. También le habrían diseñado el logo a la compañía.
La firma tiene su sede social en un piso de la madrileña calle de Diego de León, en el lujosos barrio de Salamanca. Casualmente, al lado del inmueble en el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría organizado un grupo conformado por la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández para solicitar dinero a empresas del Ibex-35, como adelantó esta semana THE OBJECTIVE. Pero no es la única conexión.
El empresario detenido también administra dos sociedades con sede en la misma urbanización en la que veraneaba el expresidente del Gobierno. Cabe recordar que Rodríguez Zapatero se reunió con José Luis Ábalos, encarcelado desde el pasado 27 de noviembre, para lograr el rescate a la aerolínea vinculada a Venezuela, tal y como desveló TO y ha confirmado el exministro en los últimos días.
Los vínculos con Zapatero
El origen del caso Plus Ultra está en una denuncia que la Audiencia Nacional rechazó admitir a trámite el año pasado por falta de competencia. Este órgano consideró que el competente sería el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea. La Fiscalía denunció el «uso indebido» de los 53 millones que recibió Plus Ultra. La ayuda fue aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva».
La denuncia se presentó contra varias personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, aunque también se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España. La constituirían, según el texto, «personas extranjeras, nacionalizados españoles y, al menos, un abogado español». La trama estaría «dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados».