La UCO investiga si la trama de Leire Díez vendió patrimonio público
Durante esta semana se han producido más de una veintena de registros y tres detenciones
Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Guardia Civil pone el foco en la actividad de Cofivacasa. La Unidad Central Operativa (UCO) investiga si la presunta trama por la que ha sido detenida Leire Díez pudo liquidar o vender activos públicos a través de esta empresa participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los agentes acudieron este viernes a la sede del ente para reclamar expedientes de operaciones bajo sospecha. Durante esta semana se han producido más de una veintena de registros para recopilar documentación sobre adjudicaciones de contratos y subvenciones presuntamente amañadas.
Tras una semana intensa, la UCO registró este viernes varios organismos dependientes del Ministerio de Hacienda (la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) y del Ministerio de Transición Ecológica (la Dirección General de Política Energética y Minas). Por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, también accedieron a Correos y Cofivacasa, empresa pública con la que la trama pudo realizar operaciones en detrimento del patrimonio público.
Los investigadores sostienen que la trama se dedicaba a trapichear gracias a su influencia en altos niveles del PSOE. Consideran que sus miembros se ofrecían a mediar con diferentes empresas a cambio del cobro de comisiones. La constructora navarra Servinabar serviría para canalizar los pagos, según explican fuentes de la investigación a THE OBJECTIVE.
Detenciones de la UCO
La sociedad de Joseba Antxon Alonso, de la que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán presuntamente disponía de acciones, contrató al expresidente de la SEPI Vicente Fernández tras abandonar su cargo público salpicado por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, de la que recientemente quedó absuelto. El antiguo hombre de confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es uno de los tres detenidos en la operación, junto a Díez y al dueño de Servinabar. Todos ellos pasarán a disposición judicial este sábado.
Cofivacasa, empresa participada en su totalidad por la SEPI, gestiona la liquidación de sociedades participadas por el Estado o aquellas de las que este se ha hecho cargo gracias al Plan Nacional Antidrogas. Es decir, propiedades incautadas al narcotráfico. Se trata de la firma que liquida desde 2012 el patrimonio (inmuebles o vehículos) de sociedades, no solo de la SEPI, también de otros organismos como la Dirección General de Patrimonio, otro de los departamentos a los que ha requerido información la UCO.
Los investigadores sospechan que la trama utilizaba su ascendente en diversos organismos públicos, con epicentro en la SEPI, para conseguir favores y dádivas. Un escenario que se prolongó tras la salida de Fernández de la empresa pública en octubre de 2019. El hombre de confianza de Montero siguió ejerciendo el poder en la sombra durante su imputación en el caso Aznalcóllar, indican internas del holding.
La Guardia Civil pone el foco en el patrimonio de los arrestados, especialmente en el de Fernández. El expresidente de la SEPI tiene registrados a su nombre un lujoso chalé en la urbanización de Puerta de Hierro en Madrid, otros dos en una exclusiva urbanización en El Aljarafe (Sevilla); tres inmuebles en Marbella, garajes y trasteros. Los investigadores creen que su patrimonio inmobiliario podría alcanzar los 10 millones de euros.
Una plantilla reducida
La web de la empresa pública explica que a partir de 2002 se transfirieron a Cofivacasa sociedades que se encontraban sin actividad en la década de los años noventa y que habían sufrido varios procesos de reconversión industrial durante los años ochenta a consecuencia de la crisis de 1973. El encargo de la gestión de estas sociedades y su posterior liquidación tenía como objetivo centralizar las operaciones, simplificar la documentación administrativa y agilizar la toma de decisiones.
A partir de 2012, también se le encomendó gestionar otras sociedades fuera del ámbito de la SEPI, como la disolución de sociedades pertenecientes a la Dirección General de Patrimonio como Barcelona Holding Olímpico (Holsa) y la Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas y Actuaciones Conmemorativas del V Centenario del Descubrimiento de América».
La empresa pública cuenta con una plantilla reducida, de apenas 22 personas en 2023 (última memoria publicada). «Dada la singularidad, complejidad y diversidad de las funciones de Cofivacasa inherentes a la actividad de liquidación de las sociedades estatales que le han sido encomendadas, para su gestión, se requiere un equipo humano altamente cualificado y especializado en continua formación y actualización», insiste el ente.
Los agentes han realizado más de una veintena de registros durante la semana. La UCO ha acudido a dependencias de la SEPI y varias empresas participadas, como Enusa, Mercasa y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). También han irrumpido en un piso en la madrileña calle de Diego de León, donde Díez mantenía reuniones; un despacho de abogados y un bar de Sevilla; las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid; y Servinabar, que ya fue registrada el pasado junio por orden del Tribunal Supremo, que investiga amaños de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas.