Un ente bajo la lupa de la UCO dio 1,3 millones a la empresa en la que Leire Díez era consejera
Sepides otorgó la ayuda a Cistec en 2021, el año que la ‘fontanera’ del PSOE entró en la compañía tecnológica
Leire Díez en el Senado el pasado 8 de septiembre. | J. J. Guillén (EFE)
La Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) financió con 1,3 millones de euros un proyecto de Cistec. Lo hizo en 2021, el año en que Leire Díez se convirtió en consejera de la tecnológica. La empresa pública a la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó documentación el pasado jueves en busca de posibles amaños en contrataciones públicas está participada en su totalidad por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). La ayuda económica se otorgó a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip), creado a finales de diciembre de 2020. Otra de las mercantiles registradas, Forestalia, recibió 17,3 millones un año más tarde.
La UCO ha hecho más de una veintena de registros durante la semana. Los agentes irrumpieron en un piso en la madrileña calle de Diego de León, donde Díez mantenía reuniones de la trama; una consultoría y un bar de Sevilla; las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid; y Servinabar, la constructora de Joseba Antxon Alonso (también detenido). Además, accedieron a organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, la SEPI (su expresidente Vicente Fernández también ha sido arrestado) y varias empresas públicas como Enusa, Mercasa, Cofivacasa y Sepides en busca de expedientes irregulares.
Sepides, una de las empresas bajo la lupa de la UCO, financió a Cistec con 1,3 millones de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Lo hizo en 2021, el año que Díez entró en la firma; ocurrió el 7 de julio, el mismo día que Sepides adquirió el 25,5% de la compañía.
Las relaciones de Díez
La denominada fontanera del PSOE permaneció como consejera hasta mayo de 2023. Durante ese periodo, la facturación rondó los ocho millones de euros, en gran medida gracias a colaboración con las Administraciones Públicas. Fuentes de la mercantil aseguran que Díez no intervino «en la gestión de ninguna ayuda pública ni licitación» y que tampoco fue retribuida por su cargo. En ese momento, la exmilitante socialista trabajaba para Correos, otra empresa participada por la SEPI.
El Faiip se creó a finales de diciembre de 2020 para combatir los efectos de la pandemia por la disposición adicional quincuagesimoséptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. El fondo, que sigue vigente, está adscrito al Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Industria.
La memoria de Sepides de 2021 califica a Cistec como una firma de «ingeniería especializada en tecnología e innovación, centrada en implementar la transformación digital, la innovación en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la actualización sistemática de las infraestructuras tecnológicas de las compañías, mejorando sus procesos internos». La empresa pública resaltó que ese año sobresalían los proyectos financiados por el Faiip «para promover la economía circular y el respeto al medioambiente».
Según el documento, el fondo tiene la finalidad de «prestar apoyo financiero retornable para promover inversiones de carácter industrial, que contribuyan a favorecer el desarrollo, la competitividad y las capacidades industriales del sector industrial». Con el Faiip se financian «sociedades mercantiles privadas y cooperativas que desarrollan o vayan a desarrollar una actividad industrial productiva y de servicios industriales, con independencia del tamaño, apoyando actuaciones orientadas a la sostenibilidad ambiental».
El fondo Faiip
«En 2021 iniciamos la gestión del Faiip dotado con 600 millones de euros anuales, con el que desarrollar en el sector industrial nuevas oportunidades en materia de financiación empresarial, dotación de infraestructuras y promoción de suelo», insiste el documento de Sepides. Un año más tarde, la cantidad aumentó a 706 millones con los que se financiaron un total de 45 proyectos. Entre ellos, el de Arapellet con 17,3 millones de euros. La compañía se dedica a la fabricación y venta de pellets y está participada al 100% por Forestalia, el conglomerado empresarial de Fernando Samper.
Los investigadores sospechan que la trama por la que han sido detenidos Díez, Fernández y Alonso utilizaba su ascendente en diversos organismos públicos, con epicentro en la SEPI, para conseguir comisiones y dádivas. La UCO cifra en más de 132 millones de euros los amaños surgidos «aprovechando sus relaciones».
El uso de la SEPI se habría prolongado incluso tras la salida de Fernández de la empresa pública en octubre de 2019. El hombre de confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siguió ejerciendo el poder en la sombra durante su imputación en el caso Aznalcóllar, indican internas del holding. El caso, que dirige el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, permanece bajo secreto. Tanto este como el resto de detenidos, la fontanera del PSOE y Joseba Antxon Alonso, han quedado este sábado en libertad con medidas cautelares.
Díez también está siendo investigada por tráfico de influencias y cohecho en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. El juez Arturo Zamarriego la considera la líder de un grupo que buscaba información sensible sobre mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado sostiene que la exmilitante socialista lideraba una «actuación delictiva, continuada y coordinada» junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
Las pesquisas parten de varias denuncias contra Díez después de que saliera a la luz unos audios en los que ofrece favores al empresario Alejandro Hamlym, condenado recientemente por la Audiencia Nacional. El documento sonoro, que avanzó El Confidencial, desveló que le brindó un pacto a cambio de información sensible del teniente coronel Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia de la UCO y, por tanto, encargado de las investigaciones sobre la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, del ya ex fiscal general del Estado y del caso Koldo.