Soluciones de Gestión y el 'contable' de la trama SEPI convivieron cinco años a escasos metros
La empresa a la que Transportes adjudicó las mascarillas y la asesoría fiscal de Aznárez instalaron su sede en Zaragoza
Koldo García y Ábalos, que irán a juicio por las mascarilas, en una imagen de archivo. | EP
La avenida César Augusto de Zaragoza acogió dos firmas polémicas. La primera, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que recibió 53 millones de euros en contratos de mascarillas al inicio de la pandemia de Administraciones controladas por el PSOE. La sociedad fijó su sede en el número 44 de esa vía pública entre mayo de 2017 y febrero de 2022. A apenas 500 metros, en el número 3, desarrolla su actividad desde 2012 Conaudire, la asesoría fiscal en la que es socio Carmelo Aznárez, cuya trayectoria aparece relacionada con varias investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre ellas la trama SEPI.
La coincidencia resulta relevante por su dimensión temporal. El periodo en el que Soluciones de Gestión estuvo instalada en la avenida César Augusto coincide con los años en los que se adjudicaron los contratos de emergencia para la compra de material sanitario durante la pandemia. La sociedad figura como una de las piezas centrales del entramado que operó durante ese periodo excepcional, marcado por procedimientos de urgencia y por la reducción de controles ordinarios en la contratación pública.
Los asientos del Registro Mercantil acreditan que la empresa permaneció en esa dirección durante casi un lustro, lo que sitúa su actividad en ese enclave urbano en pleno periodo crítico de la contratación pública. Este dato, por sí mismo, no implica irregularidad alguna, pero sí permite contextualizar la localización de la compañía durante los años que concentran el grueso de los hechos investigados en el caso mascarillas.
Conaudire y la trama SEPI
A escasa distancia se encuentra la sede de Conaudire, una firma de auditoría y asesoramiento en la que Aznárez ejerce de administrador mancomunado desde 2015. Como ha publicado THE OBJECTIVE, la UCO analiza el papel de sociedades vinculadas a este economista en el marco de la denominada trama SEPI, una investigación por la que han sido detenidos el expresidente de la empresa pública Vicente Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez y el dueño de la constructora navarra Servinabar, Joseba Antxon Alonso.
Las pesquisas se centran en la canalización de fondos presuntamente procedentes de contratos públicos. La UCO apunta a que los tres arrestados usaron su «influencia» en al menos cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros. El denominado grupo Hirurok («los tres» en vasco) habría cobrado 750.000 euros en concepto de mordidas que canalizaron a través de Mediaciones Martínez, una firma administrada por Aznárez. El economista usó durante seis años el nombre de la sociedad que adquirió a un asesor fiscal jubilado. En agosto de 2024 cambió su denominación social a Promociones Inmobiliarias Ku-Ma.
Conaudire no está imputada ni formalmente investigada. La relevancia informativa de la asesoría fiscal deriva de su vinculación con el denominado ‘contable’ de la trama SEPI. En la cartera de clientes de la firma se encuentra Sumelzo SA, la constructora de la familia de la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo. La conexión va más allá, ya que comparte intereses con Mascun Obra Civil, una constructora de Aznárez con la que ha concurrido a diversos concursos de obra pública en Aragón, de los que obtuvo alguno de ellos, según ha acreditado este diario.
El interés sobre Aznárez se ha visto reforzado tras una información publicada por este medio que detalla que Conaudire audita las cuentas de la ONG Cives Mundi, una entidad con la que colabora Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La entidad ha recibido subvenciones públicas y ha desarrollado actividades relacionadas con la cooperación y la España rural.
ONG vinculada a Begoña Gómez
La auditoría se viene realizando desde 2011 y no existe imputación alguna derivada de ese trabajo profesional. No obstante, el dato resulta relevante en la medida en que conecta el entorno del ‘contable‘ de la trama SEPI con una entidad del círculo de la esposa del presidente del Gobierno. Y todo eso, en un contexto en el que los investigadores analizan el uso de fondos públicos y los circuitos de intermediación empresarial. La investigación de la trama SEPI se enmarca en un perímetro más amplio que incluye operaciones relacionadas con la entidad que presidió Vicente Fernández entre junio de 2018 y octubre del año siguiente.
La avenida César Augusto es una de las principales arterias del centro de Zaragoza y concentra despachos profesionales, asesorías, sedes fiscales y oficinas administrativas de numerosas sociedades. La presencia simultánea de Soluciones de Gestión y de Conaudire en ese mismo eje durante casi cinco años sitúa a ambas estructuras en un mismo espacio urbano, fácilmente recorrible a pie.
La distancia entre ambos inmueble refuerza la idea de una proximidad física sostenida en el tiempo, aunque sin que exista constancia de relación societaria o profesional entre las dos entidades. No comparten socios, administradores ni estructuras empresariales comunes, más allá de la coincidencia territorial.
Tampoco existe constancia de vínculo mercantil entre Soluciones de Gestión y Conaudire ni aparecen conexiones cruzadas en los registros mercantiles. La información se apoya exclusivamente en datos oficiales de domicilios sociales, en documentación judicial y en informaciones publicadas por este medio.