Andorra nombra a un jurista cercano al PP en su Tribunal Constitucional en pleno 'caso BPA'
Su mandato, de ocho años, hace muy probable que deba dirimir cuestiones como la Operación Cataluña
El juez Víctor Torre de Silva. | Fotograma de Andorra TV
El jurista español Víctor Torre de Silva y López de Letona fue designado a finales de noviembre miembro del Tribunal Constitucional de Andorra a propuesta del nuevo copríncipe episcopal, Josep Lluís Serrano. El magistrado español releva a Josep-Delfí Guàrdia Canela después de que acabara su mandato. Este nombramiento no ha pasado inadvertido en los entornos independentistas catalanes y de la izquierda en favor del aborto porque consideran a este magistrado como perteneciente al llamado sector «conservador» y muy vinculado al Partido Popular. Su nombramiento coincide en un momento en el que se ha reactivado el caso Operación Cataluña, en el que el expresidente Mariano Rajoy y algunos de sus ministros están siendo investigados por la Justicia andorrana. Y cuando el Ejecutivo impulsa una ley para dar cobertura a las mujeres que quieran abortar en España o Francia.
El Tribunal Constitucional andorrano está integrado por cuatro magistrados. Su mandato es de ocho años no renovables por períodos consecutivos. Uno de sus miembros es escogido por el Gobierno andorrano, otro por el Parlamento, y los copríncipes de Francia y episcopal eligen a los dos restantes. En este caso, ha sido el copríncipe episcopal quien ha nombrado al juez español. Compartirá tribunal con los magistrados Joan Manel Abril, Pere Pastor y Jean-Yves Caullet.
Andorra reactiva la ‘Operación Cataluña’
Su mandato, de ocho años, hace muy probable, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, que deba dirimir cuestiones como los casos denominados Operación Cataluña y del BPA en los que la justicia investiga si hubo injerencias del Gobierno de Mariano Rajoy para obtener información financiera de los líderes independentistas catalanes en pleno procés.
Los antiguos propietarios de la Banca Privada de Andorra, los hermanos Cierco, denuncian la existencia de una trama política y policial para obtener datos sensibles usando el secreto bancario andorrano para fines políticos. Se investiga la implicación de figuras políticas como el expresidente Rajoy, el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Hasta la fecha, la primera gran sentencia sobre el caso BPA ha desmontado las tesis de los independentistas catalanes y de los antiguos propietarios de la entidad financiera, al condenar al extinto delegado Joan Pau Miquel a siete años de cárcel, 30 millones de euros de multa y una década de inhabilitación por blanqueo de capitales. Se da la circunstancia que Miquel fue uno de los ponentes que participó en la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña en el Congreso. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lo definió como «víctima del Estado»; Miquel asumió las tesis del independentismo al afirmar que él era una víctima de una «trama político-policial» del Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con el independentismo y el «histórico banco» andorrano.
Críticas del Parlamento andorrano
Torre de Silva, nacido en Bilbao en 1966, es un jurista de reconocido prestigio, experto en Derecho Público, letrado mayor del Consejo de Estado y profesor universitario. En 2013 fue elegido por el Congreso de los Diputados para formar parte del primer Observatorio de la Vida Militar y designado presidente de dicha comisión hasta 2018. Este órgano consultivo analiza y asesora las propuestas para la preservación y garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas en este ámbito. Anteriormente, entre 1996 y 2000 trabajó como Director de Gabinete de la Presidencia del Congreso de los Diputados y entre 2000 y 2004 como Subsecretario de Defensa, bajo las órdenes del ministro Federico Trillo. Aunque también fue condecorado por el Gobierno socialista, con José Bono al frente del Ministerio de Defensa, con la Gran Cruz de Isabel la Católica.
Para los independentistas, representa «el ala más conservadora vinculada al PP». En la misma línea, la mayoría de grupos del Consell General —el Parlamento andorrano— también han expresado su inquietud por la elección de un perfil conservador y con pocos vínculos con Andorra, algo que no sucedía con su predecesor en el cargo, el jurista catalán Josep-Delfí Guàrdia Canela. Esto se une a la situación de que en los próximos años es previsible que llegue a este órgano jurisdiccional la nueva ley que trata de despenalizar —en parte— el aborto o la trama del BPA que afecta a los independentistas catalanes.