Dominicana evita aclarar si ha dado a Begoña Gómez la nacionalidad del país caribeño

La República Dominicana regatea la cuestión de Begoña Gómez. Su Gobierno ha evitado aclarar si ha concedido la nacionalidad del país caribeño a la esposa del presidente del Gobierno. Un convenio firmado en pleno franquismo permite a los ciudadanos de ambos Estados adquirir la nacionalidad del otro sin perder la original, facilitando así la doble ciudadanía. Manos Limpias ya reclamó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que investigara si la mujer de Pedro Sánchez había obtenido la nacionalidad dominicana, como afirmó Víctor de Aldama en una entrevista en octubre. El juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por cinco delitos, declinó la propuesta.

En un documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el director jurídico de la Dirección General de Migración ha rechazado la solicitud sobre la adquisición de la nacionalidad dominicana de Begoña Gómez porque esa competencia «corresponde al Ministerio de Interior y Policía». Además, destaca la imposibilidad de ofrecer cualquier información al respecto en virtud de una serie de disposiciones legales. En su opinión, la reclamación no demuestra «la existencia de un verdadero y justificado interés público […] que admita la divulgación de carácter personal y privado».

La respuesta del Gobierno dominicano es consecuencia de una pregunta enviada a través de los canales oficiales. El requerimiento pretendía recibir confirmación de si se había otorgado la nacionalidad a Begoña Gómez, en qué fecha y el marco normativo específico que amparara esa concesión. El escrito del director jurídico de Migración, firmado el pasado 5 de noviembre, argumenta su negativa a ofrecer cualquier tipo de información sobre la base del artículo 44 de la Constitución del país caribeño.

La causa de Begoña Gómez

Dicho precepto sostiene que «toda persona tiene derecho a la intimidad» y garantiza «el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo». El director jurídico de Migración, Luis Rodolfo Caraballo, también se ampara para negar la información sobre Begoña Gómez en una sentencia del Tribunal Constitucional fechada en 2012, que dictaminó que «entre las limitaciones del acceso a la información pública se encuentran aquellas informaciones y datos que puedan afectar a intereses privados preponderantes».

Caraballo también alude a la ley local sobre el acceso a la información pública. Cita a su artículo 2, que establece el derecho a estos datos «siempre y cuando este acceso no afecte la privacidad e intimidad de un tercero». También menciona el precepto 17 de la normativa, que afirma que la información debe ofrecerse con diferentes limitaciones y excepciones, entre ellas que la «pueda dañar o afectar el derecho a la intimidad de las personas o poner en riesgo su vida o su seguridad». El letrado afirma que solo es posible suministrar este tipo de información cuando la solicitud provenga de la propia persona o su representante o a través de una orden judicial.

Manos Limpias solicitó sin éxito el pasado noviembre a Peinado que investigara si Begoña Gómez había obtenido la nacionalidad dominicana, tal y como aseguró Aldama en Telemadrid. El escrito reclamaba que se ordenaran las diligencias necesarias para que la Policía Nacional o, en su caso, la embajada de República Dominicana en España, certificara la veracidad de la supuesta doble nacionalidad de la esposa del presidente del Gobierno. La asociación que encabeza Miguel Bernad está personada en la causa y fue su denuncia la que originó la investigación.

La posible adquisición de la nacionalidad dominicana por parte de Begoña Gómez, investigada por cinco delitos, es un tema recurrente. Las acusaciones populares llevan tiempo con la mosca detrás de la oreja. Desde hace meses circulan contenidos en las redes sociales que aseguran que la esposa del presidente del Gobierno estaría tramitando o habría obtenido la nacionalidad a través de la «naturalización privilegiada por gracia presidencial». Sin embargo, de momento no existe ninguna prueba documental. Quienes si la poseen son los dirigentes socialistas Felipe González y José Bono.

Vías para obtener la nacionalidad

Hay varias vías para conseguir la nacionalidad dominicana, aunque la más sencilla es hacerlo por inversión. Esta fórmula permite obtener la residencia permanente a aquellas personas que compren inmuebles por un valor superior a los 200.000 dólares (185.000 euros). El permiso es válido para un año, pero al renovarlo tiene vigencia para cuatro más. El proceso de obtención de la documentación es más rápido en comparación con otras categorías, se gestiona en una oficina especial y permite obtener exoneraciones de impuestos.

No solo eso, sino que los beneficiarios pueden optar por la nacionalidad dominicana al segundo año, según explicó a este diario el abogado David Heredia, especialista en contratación mercantil y comercio exterior. También se consigue vía nacimiento (tanto si se nace en el país caribeño o se es hijo de padres dominicanos); por descendencia (si se es hijo de dominicanos nacidos en el extranjero); por matrimonio con una persona que ya dispone de la nacionalidad; y por naturalización (es necesario residir de forma legal de manera prolongada y cumplir una serie de requisitos, como no tener problemas legales).

La amistad entre España y la República Dominicana quedó patente en un convenio de doble nacionalidad en pleno franquismo. El 15 de marzo de 1968, el embajador de España en Santo Domingo, Gabriel Martínez de Mata, firmó un acuerdo para que los españoles y los dominicanos que solicitaran una nueva nacionalidad conservaran la suya de origen. El convenio se ratificó en febrero de 1969 y continúa vigente. Ambos países firmaron un tratado de extradición bilateral en 1981 que fue ratificado tres años después.

La relación de Begoña Gómez con la República Dominicana no acaba con la nacionalidad. La Fiscalía Anticorrupción ha recibido en los últimos meses varias denuncias, todas archivadas, que alertan de que la esposa del presidente del Gobierno dispondría de tres cuentas en el país caribeño que podrían tener entre seis y diez millones de euros. Uno de los denunciantes incluso especificó que el dinero había sido trasladado a Islas Caimán. El Senado también recibió una denuncia similar hace ahora un año que incluía cuentas de ministros de Sánchez e importantes cargos del PSOE. La remitió al Tribunal Supremo, que decidió no abrir diligencias.