Koldo pide que Marlaska, Illa y Armengol declaren en el juicio de las mascarillas
El antiguo asesor ministerial niega la versión de Aldama y rechaza los delitos por los que se enfrenta a juicio
Koldo García abandona el Supremo el pasado octubre. | A. Martínez Vélez (EP)
Koldo García niega su implicación en la trama de las mascarillas. El antiguo asesor ministerial ha rechazado que cometiese cualquier delito en la adjudicación de cubrebocas al inicio de la pandemia a cambio de mordidas. En el escrito de defensa al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el que fuera hombre de confianza de José Luis Ábalos contradice la versión del comisionista Víctor de Aldama, que este jueves admitió los delitos en busca de una rebaja de penas.
El documento que ha presentado este viernes la abogada de Koldo García ante el Tribunal Supremo reclama que testifiquen el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el exministro de Sanidad Salvador Illa; y la presidenta del Congreso y antigua presidenta balear Francina Armengol. Considera que el testimonio del actual presidente de la Generalitat de Cataluña es «indispensable» para acreditar los canales de compra del material sanitario.
«Se le cita para que ratifique por su conocimiento directo, que la intervención de D. Koldo García no fue una injerencia ilícita, sino una colaboración logística entre departamentos ministeriales coordinada por el mando único. Si el Ministro de Sanidad (quien centralizaba las compras) no recibió presiones ni detectó irregularidades, la tesis de las acusaciones sobre la corrupción del proceso se desmorona por completo», sostiene el escrito.
Koldo salva a Torres
Destaca la ausencia del ministro Ángel Víctor Torres, que durante su etapa al frente del gobierno de Canarias adquirió mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa bajo sospecha. Koldo García también reclama que testifique su expareja Patricia Úriz; la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera; el hijo de Ábalos; y otros dirigentes de la Administración como los antiguos responsables de Puertos del Estado Francisco Toledo y Álvaro Sánchez Manzanares.
El antiguo asesor ministerial se encuentra en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre. La Fiscalía Anticorrupción reclama que se le condene a una multa de 3,7 millones de euros y a 19 años y medio de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Las penas son más altas para su antiguo jefe, para el que solicitan hasta 24 años de cárcel.
El Ministerio Público considera que Koldo García urdió una red de influencias para otorgar a Aldama un «acceso preferente» a la Administración para favorecer sus intereses y los de las empresas que representaba, como Soluciones de Gestión, agraciada con la adjudicación de las mascarillas de dos entes dependientes del Ministerio de Transportes, otro de Interior y dos gobiernos autonómicos, los de Canarias y Baleares. Las acusaciones populares elevan la solicitud a 30 años de prisión, la misma petición que hacen para Ábalos.
El escrito de defensa, que firma la abogada Leticia de la Hoz, carga con dureza contra la tesis de Anticorrupción. Koldo García sostiene que los fondos que el Ministerio Público ve como mordidas respondía a «un sistema de retribución de gastos corrientes del PSOE, ajeno a los contratos de las mascarillas». El documento alude a que dichos gastos están documentados y se apoya en las declaraciones que realizó en sede judicial Celia Rodríguez, empleada del área de Organización del partido que entregó el dinero.
Sin sustento probatorio
«Esta parte niega de forma rotunda y en profundidad el relato de hechos que contiene el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el de la acusación popular unificada y el del ornitorrinco procesal (en palabras del catedrático Manuel Cobo del Rosal, dado que no se sabe si es acusación o defensa), Víctor Gonzalo de Aldama, y todo ello porque dichas acusaciones se articulan sobre una construcción meramente especulativa, una fabulación de los acontecimientos que carece del más mínimo sustento indiciario o probatorio», destaca el escrito.
Koldo García acusa a Aldama de mentir en su escrito de defensa al asegurar que repartió con Ábalos «aproximadamente el 50% de las comisiones» que cobró por las mascarillas. El juez del Supremo Leopoldo Puente acordó enviarles a juicio el pasado 11 de diciembre, al entender que todos ellos «se concertaron» para aprovechar la condición del entonces ministro y su «influencia».
El magistrado sostiene que la intención sería «beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar».
Puente dio este paso después de que en septiembre abriera una pieza separada por el presunto cobro de comisiones irregulares a cambio del amaño de adjudicaciones de obra pública, en la que también están investigados Ábalos y su antiguo asesor. En el caso de las mascarillas, la Fiscalía pide 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Aldama. La acusación popular reclaman 30 años de cárcel para ambos exdirigentes públicos, que también están siendo investigados en el Supremo por la pieza separada sobre presuntos cobros a cambio de amaños en adjudicaciones de obra pública.