Los fiscales buscan una vía para expulsar a García Ortiz de la carrera por su condena

El nuevo puesto de Álvaro García Ortiz ha indignado a buena parte de sus compañeros. El ex fiscal general se ha incorporado esta semana a la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo un destino tranquilo con poca exposición mediática que él mismo solicitó. Fiscales anónimos plantean recurrir la decisión al entender que la sentencia de dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados supone su expulsión definitiva de la carrera. De no hacerse efectiva, estudiarán la posibilidad de denunciar la situación ante el mismo tribunal que le condenó. Las asociaciones profesionales esperarán a conocer el decreto de incorporación y el informe de la Inspección de la Fiscalía para mover ficha.

García Ortiz se ha incorporado a la Sección Social del Supremo tras ser condenado como fiscal general, tal y como avanzó El Mundo. El salmantino, que posee la condición de fiscal de Sala, máxima categoría profesional en el Ministerio Público, ocupará ese puesto mientras la Inspección de la Fiscalía estudia cómo afecta la sentencia que recibió en noviembre por revelar datos sensibles del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Supremo dejó en manos de la Fiscalía el futuro de García Ortiz. Los magistrados sostienen que no les corresponde «dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano». La acusación particular, que ejerce el novio de Ayuso, pidió inhabilitación especial para empleo o cargo público, tal y como establece el artículo 42 del Código Penal. Sin embargo, los miembros del tribunal limitan la sanción al puesto que ocupaba en el momento de cometer el delito, el de fiscal general.

El futuro de García Ortiz

Un grupo de fiscales anónimos se ha alineado con la tesis de la acusación particular. Consideran que la normativa interna «no deja margen a la duda» y que debe ser expulsado de la carrera de manera inmediata. Si no sucede, plantean interponer quejas ante la Fiscalía General del Estado que dirige desde noviembre Teresa Peramato, a la que García Ortiz nombró hace un año fiscal jefa de la Sección Penal del Supremo. También compartió con él militancia en la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

De no surtir efecto, estos fiscales revelan a THE OBJECTIVE que estudiarían acudir al Supremo. Las asociaciones profesionales prefieren mantener sigilo sobre la cuestión; no decidirán nada hasta que la Inspección de la Fiscalía concluya su informe. Este departamento dependiente del Ministerio Público debe analizar cómo afecta la sentencia a la condición de fiscal de García Ortiz. Una vez que lo haga deberá decidir si le mantiene en el nuevo puesto, le suspende temporal o le expulsa de forma definitiva.

Algunos miembros de la carrera han mostrado su malestar porque la decisión recaiga en María Antonia Sanz Gaite, una antigua subordinada de García Ortiz que no abrió una investigación interna de oficio para depurar responsabilidades por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso. Para los fiscales, esa actuación evidencia que la jefa de la Inspección desde mayo de 2021 mostró desinterés en aclarar el caso que puede costarle su carrera al antiguo jefe del Ministerio Público.

Fuentes de la Fiscalía explicaron a este diario que la investigación administrativa queda en suspenso cuando se desarrolla otra judicial en paralelo, como habría sucedido en el caso de García Ortiz. La Abogacía del Estado, que representa al ex fiscal general, ha solicitado al Supremo la nulidad de la condena y que suspenda la sentencia de forma cautelar. La petición tiene pocos visos de prosperar, pero resulta un paso necesario para acudir en última instancia al Tribunal Constitucional.

Caso inédito

Como avanzó este diario, la condena a García Ortiz supuso un escenario sin precedentes. A pesar de que la pena (dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general) no implica automáticamente su expulsión de la carrera fiscal, activa un mecanismo interno que podría desembocar en la pérdida definitiva de su condición de fiscal. Un caso inédito que abre múltiples posibilidades jurídicas.

La pérdida de la condición de fiscal es ambigua en la normativa. El artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) enumera las causas por las que un fiscal puede ser apartado de la carrera, entre ellas la pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos. Este incluye en su apartado d: «Pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos».

El precepto recoge que la condición de fiscal se puede perder por sanción disciplinaria de separación del servicio o por incapacidad, además de otras causas como renuncia o pérdida de nacionalidad. La expulsión de la carrera también se contempla en el artículo 32.4 del Reglamento de la Fiscalía. Este señala que se pierde la condición de fiscal por una «pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso».

El artículo 44.2 del Reglamento insiste en que se puede sustituir la pérdida de la condición de fiscal por una suspensión temporal solo cuando la pena no exceda de seis meses. Eso supone que García Ortiz se enfrente a un posible despido definitivo de la profesión que lleva desarrollando casi tres décadas, una carrera que los magistrados que le condenaron en el Supremo aseguran haber tenido presente.