Cerdán acusa a la UCO de afectar a su presunción de inocencia por retrasar un informe
El exdirigente socialista apremia al Supremo para que acelere el análisis de su patrimonio y proteger sus derechos
Santos Cerdán. | Jesús Hellín (Europa Press)
Santos Cerdán se pone serio. El ex secretario de Organización del PSOE ha enviado un escrito al juez que investiga el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, para que inste a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a entregar el informe sobre su patrimonio que lleva esperando siete meses. El documento debe determinar si se enriqueció gracias a las supuestas comisiones ilegales que habría cobrado a través de una trama que amañaba adjudicaciones públicas. El exdirigente socialista, que pasó cinco meses en prisión preventiva, considera que ese retraso está afectando a su presunción de inocencia.
En un escrito de seis páginas al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la defensa de Cerdán destaca que el juez autorizó la investigación patrimonial del exdiputado del PSOE el pasado junio y, sin embargo, el informe todavía no ha sido aportado. En su opinión, esa demora provoca una «grave afectación» de la presunción de inocencia del exdirigente socialista.
«Esta falta de aportación transcurridos tantos meses desde que fue publicada y publicitada la imputación del Sr. Santos Cerdán supone una grave afectación a su presunción de inocencia», señala el escrito. El ex secretario de Organización del PSOE insta al Supremo a que «acuerde conceder a esta parte protección a su derecho fundamental a la presunción de inocencia» y denuncia «la demora en la presentación del informe de situación patrimonial» por parte de la UCO.
Cerdán y la opinión pública
Los abogados de Cerdán, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, reprochan que la demora del informe tiene un «evidente impacto» en la presunción de inocencia de Cerdán ya que se consolida «en la opinión pública con el paso del tiempo como verdad oficial a pesar de no gozar de material apto destinado a probar la culpabilidad».
La defensa alude a afirmaciones contenidas en autos judiciales respecto a su representado, como que podría haber recibido al menos 4,5 millones de euros, que sería dueño del 45 % de Servinabar o que su entorno familiar se habría beneficiado de la constructora. Las informaciones apuntan a que esa empresa habría funcionado «como pantalla para el cobro de sobornos procedentes de adjudicaciones de obra pública», extremos que niegan.
El ex secretario de Organización del PSOE critica que desde que la UCO publicó en junio el informe que destapó la presunta implicación de Cerdán en el caso, «vienen publicándose en los medios de comunicación todo tipo de atribuciones delictivas» contra el exdiputado y su familia. «Y no se trata de meras invenciones de dichos medios de comunicación, sino de informaciones extraídas parcialmente en los atestados de la Guardia Civil y, por ende, de las resoluciones dictadas por este tribunal», insiste.
«Cuando por parte de las autoridades policiales se hace una imputación en atestados que son públicos (sin entrar ahora en las filtraciones previas a su presentación ante el órgano jurisdiccional) de forma recurrente, durante meses» y, al mismo tiempo, «no se aportan los elementos probatorios que los sustenten», se consuma «una práctica procesal perversa claramente contraria a la presunción de inocencia», advierten los abogados de Cerdán.
Subsanar la situación
El escrito incide en que «resulta ineludible que a la mayor brevedad posible se requiera a los guardias civiles para que aporten a las actuaciones el informe sobre la investigación patrimonial realizada a Cerdán». Y continúa: «No existe otra alternativa para subsanar esta situación. No le es posible a esta parte acudir a la protección civil de los derechos de la persona de nuestro representado porque la mayoría de las publicaciones se limitan a reproducir bajo la técnica del llamado reportaje neutral las afirmaciones contenidas en atestados y resoluciones judiciales».
La UCO solicitó el pasado junio al Tribunal Supremo que pidiera información a tres entidades bancarias para analizar los movimientos de las cuentas de Cerdán desde 2014. El documento debía incluir datos sobre sus bienes inmuebles, sus relaciones societarias y fondos de inversiones. Siete meses después, los investigadores siguen sin remitir sus conclusiones al juez instructor. Los agentes también reclamaron que la Agencia Tributaria aportara un informe de suministro para conocer detalles de sus finanzas. La información facilitada por el Punto Neutro Judicial reveló que el ex secretario de Organización de PSOE disponía de 29.885 euros ahorrados.