Los juristas acusan a Bolaños de colar una treta para revisar sentencias «por la puerta de atrás»

«Por la puerta de atrás». Los juristas consultados por THE OBJECTIVE acusan al ministro de Justicia, Félix Bolaños, de colar una treta en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la misma que deja en manos de la Fiscalía las investigaciones penales. El cambio legal que se tramita en el Congreso también permitiría al fiscal general revisar sentencias cuando algunos de los comités de la ONU sin carácter vinculante dicten que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales. Esa fórmula permitiría rehabilitar como juez a Baltasar Garzón, tal y como solicitó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un organismo que carece de jurisdicción.

La propuesta de Bolaños incorpora la posibilidad de revisar sentencias firmes en el caso de que «por alguno de los comités de Naciones Unidas se hubiese declarado la violación de alguno de los derechos reconocidos en los respectivos convenios y sus protocolos que hubiesen sido ratificados por España». Esa es la redacción del nuevo artículo 762.2 de la LECrim, según denuncia una columna publicada por la fundación Hay Derecho que ha recogido El Debate.

«La trascendencia de esta reforma, articulada con máximo secretismo, es que afecta de forma directa al principio de separación de poderes al permitir cuestionar el valor de las sentencias emitidas por jueces nacionales», insiste el artículo. Su autor recuerda que España cuenta con un sistema de recursos que concluye en el Tribunal Constitucional «y solo se admite la revisión de lo concluido […] en el caso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) constate una vulneración […] reconocida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos».

Bolaños y el futuro de Garzón

De prosperar la reforma de la LECrim, la Fiscalía podría corregir las sentencias firmes de los tribunales españoles amparándose en los dictámenes no vinculantes emitidos por alguno de los órganos subalternos de la ONU, a pesar de que carecen de naturaleza jurisdiccional. «Esos comités encierran muchos peligros. Están desprovistos de garantías jurisdiccionales y tienen sesgo político. Se han pronunciado a favor de los independentistas catalanes en alguna ocasión», subraya el magistrado Jesús Villegas, de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

En esa línea se muestra otro juez que prefiere mantener su anonimato. En su opinión, esos comités no son órganos jurisdiccionales y «no tienen nada que ver con la aplicación del Derecho» porque no están conformados por juristas, sino por políticos que dictan «convicciones morales». «Es terrorífico», alerta mientras advierte de los peligros que entraña que prospere la propuesta de Bolaños. Y denuncia: «Significaría eximir de condenas a ricos y personas relevantes; es una justicia a la carta».

Un prestigioso juez tilda de «despropósito» que se puedan revisar sentencias a partir de una recomendación de «unos comités cuya misión es emitir dictámenes orientativos y cuyos miembros no son jueces, sino personas que no tienen que ser objetivas y cuentan con una información sesgada». Este magistrado sostiene que Bolaños incluye en la reforma de la LECrim la «cláusula Garzón», ya que, de aprobarse, permitiría reconsiderar la condena de inhabilitación que el Supremo dictó en 2011 por prevaricación.

El exjuez lleva meses inmerso en una campaña para convencer a la opinión pública de que se vulneraron sus derechos de defensa. El denominado Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó en 2021 que el fallo fue «arbitrario» y vulneró su derecho a la presunción de inocencia, por lo que reclamó «una reparación efectiva». Dicho organismo determinó que Garzón no tuvo «acceso a un tribunal independiente e imparcial».

«Diluye la separación de poderes»

Garzón fue inhabilitado como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tras haber ordenado la intervención de los teléfonos a los abogados de los principales acusados del caso Gürtel y abrir una investigación contra los crímenes del franquismo después de que fuese rechazada por la Fiscalía y la Audiencia Nacional. «Los dictámenes de esos organismos vinculados a la ONU son solo una recomendación sin base jurídica. Solo el TEDH está legitimado para revisar las sentencias firmes», señala otro magistrado.

«Es otro intento más de atentar contra la independencia judicial. Crea una nueva instancia que ni siquiera es judicial porque esos comités no están integrados por jueces. Cuando la sentencia no le guste al Gobierno de turno, acudirá a este órgano para dejarla sin efecto. Cada reforma y proyecto legal solo se orienta en un sentido, diluir la separación de poderes», denuncia una juez con una dilatada experiencia. Otro colega lo califica de «golpe» al principio de separación de poderes.

Roberto García Ceniceros, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), sostiene que otorgar la competencia para revisar sentencias firmes a órganos que no forman parte del Poder Judicial sería inconstitucional porque vulnerar el artículo 117.1 de la Constitución. «También vulneraría diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU que proclaman los principios de separación de poderes e independencia judicial. Y la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948, cuyo artículo 8 recoge el derecho a la tutela judicial efectiva». El resto de asociaciones de jueces y fiscales han rehusado hacer declaraciones.

El Consejo de Ministros remitió en octubre al Congreso el proyecto de la LECrim con el objetivo de modernizar la Justicia. El texto supone una revolución del proceso penal, ya que limita la acusación popular y prevé que la instrucción de las causas penales pase de jueces a fiscales, como en otros países europeos. A pesar de que se trata de una reivindicación histórica de las asociaciones profesionales, la reforma se produce sin su visto bueno porque consideran que las investigaciones dependerán del fiscal general de turno. La reforma tiene pocos visos de prosperar porque cuenta con la oposición de varios socios del Gobierno.