Luis Sanz, juez: «Las presiones políticas a los jueces son inútiles, no tenemos miedo»

Luis Sanz (Madrid, 1964), magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, miembro de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y de la asociación judicial Francisco de Vitoria, ha sufrido una campaña de acoso personal por participar en el acto de presentación de Atenea, el think tank de Iván Espinosa de los Monteros, y hablar de la situación de la Justicia en España, y reclamar menos injerencia de la política en su trabajo. Cinco meses después de aquel ataque, sostiene, en una entrevista concedida a THE OBJECTIVE, que «las presiones políticas son inútiles» y no van a hacer mella en los jueces, porque «no tienen miedo». Eso sí, reclama una mayor contundencia del Consejo General del Poder Judicial en la defensa de los magistrados.

PREGUNTA.- Hace más de cuatro meses, sufrió un duro ataque en redes sociales por participar en el acto de presentación de Atenea, el nuevo think tank de Iván Espinosa de los Monteros. ¿Ha tenido alguna consecuencia en su vida profesional?

RESPUESTA.- Ninguna. No ha tenido ninguna consecuencia en el ámbito disciplinario, porque yo lo único que hice fue participar en una mesa redonda de carácter jurídico, enmarcada dentro de una fundación o asociación, que no es un partido político. Expuse mi opinión sobre el Estado de derecho, el deterioro del mismo y la situación que estamos viviendo. 

P.- ¿Le sorprendió ese ataque por el único motivo de expresar libremente sus opiniones?

R.- No me esperaba esa reacción. Con el paso del tiempo, he visto que esto es una dinámica habitual en redes, y ya me estoy acostumbrando. Pero sí, la verdad es que me sorprendió. Mi ponencia fue absolutamente en términos jurídicos.

P.- Tras esta experiencia, ¿limitará su presencia en este tipo de actos o la mantendrá sin sentirse intimidado?

R.- Yo no voy a actos de partidos políticos, pero sí a otro tipo de foros que me llamen, de derecha o de izquierda, a expresar mi opinión. No voy a cambiar ni un ápice, yo no tengo por qué no ir a estos actos. Los jueces, aunque estemos en activo, tenemos derecho a pronunciarnos sobre la defensa del Estado de derecho, de la independencia judicial y del imperio de la ley. Eso lo recogen los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, los tratados internacionales y lo ampara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que no podemos hablar es de los casos que llevamos ni hacer intervenciones partidistas.

P.- ¿Es una táctica del Gobierno atemorizar a los jueces? ¿En su caso hubo algún ministro que le criticó?

R.- No he sido el único, son legión, periodistas, otros ciudadanos. Es algo que se da con cierta frecuencia y a mí me parece mal. Los poderes públicos deben mostrar respeto al Poder Judicial, pueden discrepar, pero no injuriar. Lo que me preocupa es que mina la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Estos ataques que hemos estado viendo, con mayor o menor intensidad, no solo conmigo, sino con jueces en ejercicio de su función y sobre casos que afectan al Gobierno, o alrededores, me parecen muy graves. 

P.- ¿El fin último de este acoso a la Justicia es que no sigan investigando los casos de presunta corrupción que afectan a familiares del presidente del Gobierno y al PSOE?

R.- Es un poco sorprendente y llama la atención que los únicos ataques se dirijan contra jueces que llevan instrucciones penales de ese tipo. No es bueno, porque pueden intentar condicionar el curso de la actividad judicial de estos jueces. También le digo una cosa: no lo van a conseguir. Los jueces tienen que cumplir su función y van a salir adelante, Les molestarán más o menos esas intervenciones, pero no van a cambiar. Es lo que juramos cuando nos hicimos jueces: fidelidad a la Constitución, a nuestro ordenamiento jurídico y a cumplir nuestra función. 

P.- ¿Hay miedo en el Poder Judicial? Si lo ha habido, ¿se ha perdido ya? 

R.- Puede haber molestia, pero yo creo que el miedo no ha existido nunca. Los jueces han seguido ejerciendo su función, porque ese es su papel. Los que llevan sus asuntos no se han pronunciado, quizás debería haberlo hecho con más intensidad el Consejo General del Poder Judicial. Los jueces no van a cambiar ni un milímetro su actuación y no tienen miedo.  

«El Consejo General del Poder Judicial podría haber sido más activo en la defensa de los jueces»

P.- ¿Recomendaría al Gobierno que dejara de amedrentar a los jueces porque no se van a doblegar?

R.- El Gobierno, la oposición, los partidos, todos los actores políticos deben intentar respetar las actuaciones judiciales. Pueden criticar, como es lógico, su resultado, porque las sentencias son objeto de debate, pero deben dejar actuar con calma y con tranquilidad. Estos ataques vienen de varios frentes: del periodismo, de Gobiernos, de otros partidos políticos, pero no existen en el resto de los países de la Unión Europea. Esto es una cosa muy española y por eso llama la atención en la Unión Europea.  

P.- Viendo la situación, menos mal que hay jueces valientes.

R.- No es una cuestión de valentía, sino de cumplimiento de su función. Los jueces españoles son profundamente independientes. El sistema de acceso a la carrera judicial, a través de la oposición, forma jueces profesionales, independientes, que lo único que hacen, sin heroicidad ninguna, es cumplir su función. Y la van a seguir cumpliendo. 

P.- En los últimos meses de 2025 se aceleraron las detenciones y los registros de personas y entidades vinculadas a la presunta corrupción del Gobierno y del PSOE, pero también la presión a la Justicia. ¿La actuación de los jueces ya es imparable? ¿El Gobierno debe olvidarse de intentar frenarlos?

R.- Los procedimientos judiciales van a llevar su curso con arreglo a la ley y todas las decisiones que toman los jueces son susceptibles de ser recurridas ante órganos superiores que revisan la actuación de ese juez de instrucción.

P.- En esta campaña de acoso a la Justicia, RTVE llegó a utilizar una subvención de la Comunidad de Madrid al Colegio de Abogados de Madrid para vincularlo al papel que ha tenido en el caso del fiscal general del Estado. ¿Ya todo vale? 

R.- Lo que ocurrió es que algunos magistrados participaron en los cursos de formación del colegio, pero participamos todos. Se enmarcan en un acto de colaboración entre los jueces y los abogados, absolutamente normalizado. Por esos cursos se cobran unas cantidades minúsculas y no condiciona en absoluto la labor del juez. Es normal y natural: cursos de actualización de los abogados, como hay abogados que intervienen también en los cursos de formación que organiza la Escuela Judicial para jueces. Son operadores jurídicos que se interrelacionan y colaboran entre sí. 

P.- ¿Le hubiera gustado un respaldo más contundente del Consejo General del Poder Judicial ante el ataque del Gobierno a los jueces?

R.- El Consejo General del Poder Judicial tiene como misión principal la defensa de la independencia judicial. Muchos jueces creemos que el Consejo podría haber sido mucho más activo en la defensa, frente a algunos ataques de políticos, de periodistas, y no lo ha sido. Quizá con la excepción de la presidenta, que es la que ha salido en alguna ocasión a señalar siempre de una forma muy prudente. Una actuación un poco más contundente la hemos deseado muchos jueces. 

P.- Las primeras palabras de la nueva fiscal general del Estado fueron para solidarizarse con Álvaro García Ortiz, al que dijo tenerle respeto. ¿No lo considera un desafío al Tribunal Supremo que lo condenó?

R.- A las personas hay que juzgarlas por los hechos, no por las palabras. Ahora no las hubiera pronunciado. No parecen, a lo mejor, muy prudentes, pero, en todo caso, lo importante es ver cómo actúa en el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado. Yo no las hubiera dicho. 

P.- ¿Qué le parece que ya se haya pedido al Gobierno el indulto de García Ortiz?

R.- En primer lugar, cuando se solicita el indulto al ministro de Justicia, tiene la obligación de tramitar el expediente. En el supuesto de que el indulto se conceda sobre políticos o personas que hayan estado alrededor de la política, como es el caso del fiscal general de Estado nombrado por el Gobierno, puede tener el problema de que sea una manera de cuestionar el papel de los tribunales, en este caso del Tribunal Supremo. La última decisión no puede estar en manos del Gobierno. Si a eso le unimos que ha pasado muy poco tiempo desde que se dictó la sentencia, pues yo creo que ahora el indulto no es prudente. 

P.- ¿La ciudadanía lo entendería? ¿No sería un escándalo?

R.- Es una decisión discrecional que tiene que tomar el Gobierno y, seguramente, habrá parte de los ciudadanos que no la entiendan y otra que sí. Me parece que es un poco peliagudo. Estos indultos a políticos o a personas cercanas al poder político son un tratamiento desigual de los ciudadanos ante la ley y lanzan un mensaje muy confuso a la ciudadanía.

P.- ¿Cómo vio el homenaje en el Ateneo de Madrid al ex fiscal general del Estado?

R.- Ese acto plantea problemas de respeto al Tribunal Supremo porque se mencionó que la sentencia del Supremo es inquietante. Eso, en un acto público, a mí me parece raro. Si yo hubiera sido el ex fiscal general del Estado, nunca habría ido a ese acto. Nunca. Tiene la posibilidad del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El acto no me gustó por lo que tiene de falta de respeto a la Sala segunda del Supremo. 

«El indulto a Álvaro García Ortiz no es prudente»

P.- El Gobierno ha paralizado la ley Bolaños y las reformas que pensaba aplicar a la Justicia en el sistema de acceso a la carrera judicial, trasladar la instrucción a los fiscales y eliminar la acusación popular. ¿Aliviados por esta decisión de no seguir la tramitación parlamentaria ante la falta de apoyos?

R.- Las tres cuestiones eran muy polémicas. El acceso a la carrera judicial en España es modélico. La cuestión de la Fiscalía: es verdad que el resto de los países de Europa instruyen los fiscales, pero España tiene un particular problema de dependencia del fiscal general respecto al Gobierno. La acción popular nos puede gustar más o menos, pero está contemplada en el artículo 125 la Constitución, y no puede dejarse sin efecto por la vía de los hechos, como se pretendía. Aunque se pueda modular, debe respetarse. Gracias a Cataluña, se han paralizado. 

P.- Antes hablaba de las consecuencias de los ataques a la Justicia, que pueden llevar a la ciudadanía a una pérdida de confianza. ¿Se está a tiempo de recuperar esa confianza?

R.- La denuncia de lawfare es grave porque lo que se está diciendo es que los jueces, con sus actuaciones judiciales, hacen política. Es una lucha de los jueces contra los políticos. Eso no se da en nuestro país. Es verdad que se pretende minar la confianza pública, pero tengo dudas de que eso se consiga. Creo que se ha producido lo contrario. Otra cosa es el funcionamiento normal de la Justicia. Los asuntos tardan muchísimo en tramitarse, pero no es responsabilidad de los jueces. España tiene nueve jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que Europa tiene 21 por cada 100.000. Faltan medios personales y materiales. Y ahí está el problema. La justicia tardía, a veces, no es justicia.

P.- ¿Sánchez quiere someter la Justicia a sus intereses personales?

R.- No sé lo que quiere hacer el señor Sánchez. Lo que percibo es que hay ataques. Si existiera ese interés, no va a dar resultado. Los casos que afectan a la Presidencia del Gobierno o al PSOE están siguiendo adelante. Ese camino de presión no va a conseguir sus efectos, si realmente existiera; es inútil. Ni Sánchez ni nadie van a poder controlar la Justicia en España. Está en manos de jueces independientes y profesionales y van a actuar cumpliendo aquello que juraron, defender la Constitución y el ordenamiento jurídico. Van a aplicar la ley sin importarles las presiones.

P.- La Comisión Europea sí que cuestiona la Justicia en España. ¿Lamenta esta visión que se tiene en algunos de sus informes?

R.- Los informes se refieren más a la composición del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros no tienen funciones generales, sino gubernativas. Y ahí sí que hay muchas dudas fundadas por parte de la opinión pública. La crítica no va porque los jueces, en el ejercicio de su jurisdicción, carezcan de independencia. El problema es el nombramiento de los vocales por parte de los partidos políticos. De hecho, se habla de los vocales del PP y del PSOE, y eso que es muy negativo. 

P.- Un caso flagrante de control de la Justicia es el de la fontanera del PSOE, Leire Díez, que llegaba a buscar información sobre jueces para chantajearlos.

R.- Desconozco lo que ha ocurrido y a mí no me gusta mucho hablar de los casos abiertos. Se está investigando. Si fuera cierto, me parecería gravísimo. Es algo que no se ve en otros países.

P.- ¿Cómo se está articulando la implantación de los tribunales de instancia?

R.- Probablemente, el modelo no sea malo. Antes, para crear un juzgado, había que crear una plaza de juez, otra de letrados, una de funcionarios, instalaciones… y ahora se trata de que se puedan crear solo plazas de jueces y evitar esa inversión tan grande. El problema no es el modelo, es la implantación, que se ha hecho sin consultar con los jueces, abogados o procuradores. Hay un descontento muy profundo porque la implantación está siendo caótica.