La agente que denunció al exDAO se niega en un audio a tener sexo hasta en tres ocasiones

La agente que se ha querellado contra el exDAO de la Policía José Ángel González Jiménez se negó hasta en tres ocasiones a tener sexo con él. Así se revela en el audio de 40 minutos que grabó la inspectora durante los hechos sucedidos en abril, señalan a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas. La denuncia por agresión sexual ya avanzaba la existencia del audio. El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, ha pedido al titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, David Maman, que acuerde su «plena reserva», pero también la del listado de llamadas y los pantallazos aportados que «sustentan los hechos que se denuncian».

Las fuentes consultadas por este diario señalan que el audio comienza con una conversación «privada» entre la inspectora y el DAO. La charla deja entrever cómo la agente quiere cerrar la antigua relación que mantenía con el número dos de la Policía Nacional hasta el pasado martes, cuando el juez abrió diligencias por una presunta violación a su subordinada. La parte más importante de la grabación son los últimos minutos, donde ella muestra su negativa a mantener relaciones sexuales en tres ocasiones.

La inspectora se niega a mantener sexo con el exDAO y así lo verbaliza. Le pide que le deje tres veces. La querella a la que tuvo acceso este diario apunta a que González Jiménez, prevaleciéndose de su autoridad, le agredió sexualmente con penetración, lo que le causó lesiones. Tras lograr salir de la vivienda, la víctima sufrió una crisis de ansiedad grave. Hasta que interpuso la querella en julio, la presunta víctima habría seguido sufriendo coacciones de forma directa por el querellado e indirecta por otros mandos para que no denunciara. Entre ellos, el asesor del exDAO, el comisario Óscar San Juan, que también ha sido apartado de su puesto.

Coacciones del exDAO

La querellante activó la grabación al subir al piso de su jefe, «cuando intuyó el peligro». Su abogado entregó la grabación el pasado viernes en el juzgado, junto a mensajes y partes médicos que acreditarían la agresión sexual que sufrió su clienta. En caso de que estas pruebas sean impugnadas, solicita que la Guardia Civil se encargue del «cotejo, análisis forense y verificación». También ha solicitado que estas pruebas solo puedan consultarse en sede judicial para «evitar filtraciones» que vulneren la identidad de la mujer.

La presunta violación se remonta al 23 de abril del año pasado. La víctima, de guardia ese día, relata en la querella que recibió la orden de acudir con un vehículo camuflado a un restaurante en el que se encontraba el exDAO. A continuación, le habría ordenado que le trasladara a su vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior, donde se habría producido la agresión sexual con penetración.

Los hechos llevaron a la agente a solicitar una baja psicológica. La querellante, integrante de escala ejecutiva de la Policía Nacional, mantuvo «en el pasado una relación de afectividad» con el exDAO que «estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta», especifica la querella.

«Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión», insiste el texto.

Incumplimiento del protocolo

La querellante asegura que la relación acabó por decisión suya y que el exDAO utilizó «recursos materiales y humanos del Cuerpo para mantener contacto y control sobre la víctima». La inspectora denuncia que recibió múltiples llamadas y ofrecimientos para comprar su silencio tras la presunta violación. La agente asegura que en esas coacciones intervinieron terceras personas, como el asesor del exDAO, el comisario de Policía Óscar San Juan, que fue apartado de su puesto el pasado miércoles.

La querella revela que San Juan llegó a ponerse en contacto con la presunta víctima hasta en cinco ocasiones y que le ofreció un puesto para evitar que trascendiera lo sucedido. González Fernández también habría maniobrado para mandarla a un destino dorado en el extranjero. Incluso hizo el encargo a Alicia Malo, jefa de la división de Cooperación Internacional. Sus presiones habrían concluido cuando la inspectora pidió la baja laboral en julio.

La presunta víctima comunicó entonces a la subdirectora Gema Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental, aunque no le especificó el motivo. En ese momento se le retiró el arma y se le dio de baja. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que la DAO en funciones la recibió el pasado martes sin comer y que, desde entonces, se ha mostrado muy empática. De hecho, le llama cada día para interesarse por ella e incluso se ha implicado en la implementación de su escolta.

Este diario relató el sábado en exclusiva que la Policía incumplió su propio protocolo y paralizó el proceso interno que debía haber puesto en marcha después de que la inspectora cogiese la baja laboral tres meses después de la presunta violación. Las fuentes policiales afirman que la víctima debía haber sido entrevistada por un equipo especializado de psicólogos en un plazo máximo de cinco semanas para realizarle una valoración, conocer las circunstancias de su estado de salud y dar parte a las autoridades en caso de advertir la comisión de un delito. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

El servicio sociosanitario de la Policía, responsable del control del absentismo laboral, incurrió en una presunta dejación de funciones y evitó citar a la inspectora. La omisión de este protocolo impidió que se le hiciesen entrevistas, se aportasen informes médicos y psicológicos y pruebas objetivas a su caso y, en última instancia, que se elevara su expediente a Servicios Sanitarios Centrales, Tribunal Médico, Régimen Disciplinario o Asuntos Internos.