Convulsión en la Policía tras una demanda por acoso contra mandos de violencia de género
La agente solicita una indemnización de 180.00 euros. El acto de conciliación se celebrará en septiembre
El director la Policía Nacional, en el centro, en un acto de la UFAM en noviembre de 2022.
Convulsión en la Policía Nacional. Un supuesto caso de acoso laboral de altos mandos de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) sacude el Cuerpo. Una exagente de la unidad especializada en violencia de género ha demandado a dos de sus superiores al considerar que fue víctima de hostigamiento durante más de dos años. Solicita una indemnización de 179.545 euros por daños y perjuicios. El Juzgado de lo Social número 23 de Madrid ha citado a las partes el próximo mes de septiembre para celebrar el pertinente acto de conciliación. Si no hay acuerdo, el caso llegará a juicio.
Los hechos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE salieron a la luz apenas unos días después de que José Ángel González Jiménez dimitiera como director adjunto operativo (DAO) por una querella por una presunta violación a una inspectora con la que había mantenido una relación en el pasado. El caso de la exagente de la UFAM Central es diferente, ya que ha demandado a sus superiores por el acoso y mobbing que afirma haber sufrido, tanto en el citado departamento como en la Comisaría de Policía de Getafe, donde pudo pedir destino en 2024. Una vez en su puesto, sus superiores —informados por los anteriores— conocían cuál había sido su situación previa y la cambiaron de puesto. Desde entonces, está de baja médica.
La agente denuncia una «fiscalización excesiva y arbitraria de su actividad laboral, supervisión desproporcionada de sus horarios de entrada y salida, difamación interna respecto a su profesionalidad, insultos, coacciones, amenazas, exclusión de operativos de investigaciones de relevancia […] y el boicot de sus reconocimientos y logros profesionales».
Tras aceptar ser delegada sindical
El acoso contra la demandante comenzó en 2022, tras la llegada a la UFAM Central del subinspector D.F., «quien mantenía una relación de amistad con la inspectora M.G.Z.», la superior directa de la víctima. A partir de ese momento se produce «un cambio en el ambiente laboral», que coincide también con otro hecho: que la agente aceptase ser representante de un sindicato en la escala básica, junto a otro funcionario policial, que también ha demandado por acoso.
Fue cuando la policía comenzó a experimentar un trato discriminatorio «consistente en el aislamiento sistemático, la exclusión de reuniones y operativos relevantes, la sustracción de funciones previamente asignadas y la eliminación de oportunidades formativas, hostigamiento directo y personal, persecución y trato vejatorio». Todo siempre bajo la justificación de una supuesta pérdida de confianza. Tanto es así que la demandante fue enviada a otra unidad policial de la UFAM, que le llevó a «una afectación psicológica severa, sintiéndose estigmatizada y desplazada de su entorno laboral».
Boicot de condecoraciones
La demandante denuncia prohibiciones de días de descanso en varias ocasiones comunicados «de manera verbal, sin respaldo documental, circunstancia que difiere del tratamiento dispensado a otros funcionarios en condiciones similares». En alguna ocasión, señala la demanda, el subinspector D.F. incluso llegó a citarla para «hostigarla y coaccionarla de manera reiterada». La agente relata que en enero de 2023 le impusieron «de manera irregular» a un servicio que correspondía a otros compañeros «amigos de la acosadora».
En mayo de 2023 se produjeron diversos hechos que evidenciaron «un trato discriminatorio en la coordinación» de operativos. Ese mismo mes, el sindicado SUP propuso concederle la Medalla Blanca al Mérito Policial por su recorrido profesional en la Comisaría General de Policía Judicial, en la que se enmarca la UFAM. Sin embargo, la inspectora M.G.Z. habría informado al delegado sindical que «carecía de implicación profesional y disponibilidad», motivo por el cual no era apta para dicho galardón. Su jefa en la unidad de violencia de género también le habría prohibido participar en las jornadas formativas y actividades organizadas por SUP.
Revictimización
Un mes más tarde, tras reincorporarse de una baja laboral, se presentó de forma voluntaria a una operación policial de alto nivel. Pese a su desempeño exitoso, sus jefes realizaron «comentarios despectivos sobre su estado de salud en presencia de otros compañeros». En septiembre de ese año, sin previo aviso y sin causa justificada, se le comunicó «de forma grosera» su traslado a otra unidad.
La presunta víctima se incorporó a la Comisaría de Getafe en julio de 2024, tras una prolongada baja laboral. En ese nuevo destino denuncia una revictimización. Al parecer, sus antiguos superiores se habían encargado de informar previamente de su situación en la UFAM. Su superior directo llegó a verbalizar, según la denuncia, que «si hubiese sabido que era víctima de acoso, no la habrían admitido en la unidad». Posteriormente, la volvieron a cambiar de destino.
Meses más tarde, en octubre, recibió un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, por lo que tuvo que solicitar una nueva baja laboral. En enero del año pasado, se modificó el diagnóstico a trastorno de estrés postraumático, evidenciando el daño psicológico derivado del presunto acoso.
La demanda, interpuesta por el abogado laboralista Roberto Mangas, sostiene que la agente sufrió unos episodios de acoso que desembocaron en la total ausencia de protección a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: exclusión y aislamiento laboral, desprestigio profesional, hostigamiento y control excesivo, obstaculización de su ejercicio sindical, acoso psicológico y daños a la integridad emocional, negligencias en la gestión de su baja médica, impacto en su salud mental y consecuencias psicológicas.
Así lo evidencia el informe de parte realizado por la psiquiatra María Teresa Lázaro Casajús, que sostiene que la demandante sufre un trastorno por estrés postraumático moderado. «El curso y pronóstico de este trastorno es evaluado como crónico dado el tiempo de evolución del trastorno mental y la edad de la reconocida», insiste la pericial. La especialista atribuye esta situación «a las circunstancias acontecidas exclusivamente en su puesto de trabajo».