Indignación entre fiscales por el ascenso del equipo de García Ortiz y el sector progresista
Ocho de los 17 nombramientos de Peramato son miembros de la UPF, que apenas representa al 8% de la carrera
García Ortiz y Delgado en la toma de posesión de Peramato como fiscal general. | Alberto Ortega (EP)
La indignación se ha instalado entre los fiscales tras los primeros nombramientos discrecionales de Teresa Peramato. La fiscal general del Estado aupó este viernes a dos estrechos colaboradores de su predecesor, Álvaro García Ortiz, y benefició a la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Sus miembros se hicieron con casi la mitad de los ascensos (ocho de las 17 designaciones) a pesar de que apenas representan al 8% de la carrera fiscal. Se trata de la organización de Dolores Delgado, cuya mano consideran que sigue estando detrás de las decisiones. A las asociaciones no les ha pillado por sorpresa lo sucedido y lamentan que «va a ser muy difícil» que se elijan perfiles por «mérito y capacidad».
Peramato se convirtió en fiscal general en diciembre, después de que García Ortiz dimitiera tras ser condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Su elección ya fue polémica al tratarse de una persona vinculada a la UPF y de la máxima confianza de su predecesor, al que expresó su admiración nada más aterrizar en el cargo.
Los primeros nombramientos discrecionales de calado han terminado de convencer a las asociaciones de la línea continuista que representa, y eso que acogieron su llegada con relativo entusiasmo. Tras oír al Consejo Fiscal, órgano meramente consultivo, Peramato ha promovido a la ex jefa de la Secretaría Técnica con García Ortiz, Ana García León, como fiscal de Sala Jefe de Penal del Tribunal Supremo frente a la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, o el también fiscal de Sala Jaime Moreno (ambos investigaron el procés). Los otros dos ascensos de lo Penal son José Javier Huete y María Farnés Martínez.
La sombra de García Ortiz
«Me llama la atención que para sustituir a Fidel Cadena, en lugar de optar por Madrigal o Ángeles Garrido, gente con una trayectoria destacada, con acreditados conocimientos y antigüedad relevante, se acabe nombrando a dos compañeras que no han estado nunca destinadas al Supremo», lamenta Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF). «Se nota la sombra de García Ortiz», insiste un veterano fiscal indignado con los nombramientos.
Otro de los favorecidos ha sido Diego Villafañe, hasta ahora teniente fiscal de la Secretaría Técnica. La persona más cercana a García Ortiz en los últimos años ha ascendido a la categoría de fiscal del Supremo, un puesto al que también aspiraba la actual fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, con un currículum y trayectoria muy superior, aunque crítica con la actuación del ex fiscal general. De hecho, su testimonio fue vital para condenarle.
Villafañe, que llegó a estar investigado por la revelación de datos reservados del novio de Ayuso, y García León conformaban el autodenominado «equipo Fortuny». Esto es, el núcleo duro de García Ortiz. «Ambos han sido ascendidos, no vuelven a su destino de origen. Me da la sensación de que se están pagando favores. Es una contraprestación por los servicios prestados», señala Dexeus.
Además de Villafañe, Peramato ha ascendido a fiscales del Supremo a Antonio Colmenarejo, otro fiscal del equipo de García Ortiz destinado desde 2022 en la Secretaría Técnica; y a María Isabel Gómez, que trabajaba en la Fiscalía de Cuenca. Otra de las personas que formaban parte del núcleo del ex fiscal general, Raquel Muñoz, ha sido designada para el Tribunal Constitucional, lugar al que le acompañará Ignacio Rodríguez, que ya era letrado en la corte de garantías.
Sin reglas de juego
«Para los cargos más importantes no han sido nombrados los perfiles más idóneos. No teníamos muchas esperanzas, pero Peramato ha demostrado que sigue una línea continuista respecto a su predecesor y que no va a cambiar», denuncia Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que se personó en la causa contra García Ortiz.
Pallarés considera que el problema reside en que estos nombramientos son discrecionales, por lo que es «imposible determinar las reglas de juego». E insiste: «Va a ser muy difícil quitar esa rémora y que se elija mediante criterios de mérito y capacidad». Otros veteranos de la carrera fiscal no solo se quejan de los perfiles de los elegidos, sino también de su filiación. Lamentan que ocho de ellos pertenezcan a la UPF, que con 200 afiliados apenas representa el 8% de la carrera. Un número que contrasta con la AF, cuyos miembros han conseguido cinco ascensos a pesar de representar más del 30%.
Este viernes se ha celebrado un Pleno del Consejo Fiscal, órgano meramente consultivo, con el objetivo de realizar 19 nombramientos discrecionales de la cúpula fiscal. Han concurrido 86 aspirantes en total. Las jefaturas de las fiscalías de Cuenca y Lugo no han recibido candidaturas, por lo que tendrán que ser convocadas de nuevo. La última palabra sobre los ascensos la tiene el Consejo de Ministros, que aprueba los nombres seleccionados por el fiscal general.