El Supremo británico rechaza la inmunidad de España en los laudos de energías renovables
España acumula más de 2.300 millones de euros en indemnizaciones por los recortes a las renovables
Energía eólica. | EP
El Tribunal Supremo británico ha desestimado por unanimidad los recursos presentados por el Reino de España y la República de Zimbabue contra el registro en Reino Unido de laudos arbitrales dictados bajo el convenio Ciadi, confirmando que ambos Estados no pueden invocar inmunidad soberana para impedir su reconocimiento ante los tribunales británicos, dentro de la batalla legal abierta por el recorte retroactivo de las primas a las renovables que aplicaron los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
El Supremo británico, en un fallo emitido este miércoles, respalda así el criterio previamente establecido por la Corte de Apelaciones, que interpretó que los Estados firmantes del convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones aceptan que los laudos dictados bajo este sistema puedan ser reconocidos y ejecutados por los tribunales de los demás Estados parte.
En el caso español, el laudo asciende a 101 millones de euros y deriva de los recortes retroactivos aplicados al régimen de energías renovables, en el marco del caso Antin/Infrastructure Services. La cuestión central que dirimía el Supremo giraba en torno a determinar si un Estado que ha firmado el convenio Ciadi puede posteriormente invocar inmunidad soberana para bloquear el reconocimiento judicial de un laudo en un territorio adscrito a dicho sistema de arbitraje internacional -en este caso, el registro del laudo ante la justicia británica-.
España intentó introducir un argumento adicional, alegando que los tribunales británicos debían examinar si existía realmente un acuerdo arbitral válido, sosteniendo que las disputas que involucran a inversores europeos no deben resolverse en tribunales internacionales, sino en el seno de la Unión Europea. De prosperar este planteamiento, se habría abierto la puerta a revisar el consentimiento arbitral en cada procedimiento de ejecución.
Fuentes jurídicas precisaron que esta sentencia tiene efectos para ambos, España y Zimbabue, y «fija doctrina sobre la capacidad de invocar inmunidad para bloquear el registro de laudos Ciadi en Reino Unido». «En la práctica, lo que estaba en juego no era todavía el embargo de activos, sino un paso previo pero decisivo: esclarecer si el laudo puede registrarse judicialmente sin que el Estado condenado pueda frenar el procedimiento alegando inmunidad. El fallo consolida la posición del Reino Unido como jurisdicción relevante para la ejecución de laudos internacionales y reduce el margen procesal de Estados como España o Zimbabue, cuyos gobiernos han intentado retrasar o dificultar el cumplimiento de decisiones arbitrales firmes», añadieron al respecto.
Frentes en varios países
A día de hoy, España suma ya siete procedimientos reconocidos y registrados en Estados Unidos, correspondientes a los casos Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed. En conjunto, la justicia federal estadounidense ha validado una deuda exigible de 691 millones de euros, lo que habilita a los acreedores a activar los mecanismos de ejecución previstos en el ordenamiento jurídico norteamericano, incluyendo procedimientos de localización y eventual embargo de activos.
Asimismo, en Bélgica, los tribunales han autorizado procedimientos de embargo vinculados a los impagos del caso OperaFund, con la intervención de 482 millones de euros correspondientes a flujos de pago de Eurocontrol -el regulador europeo del tráfico aéreo- hacia Enaire, su contraparte española.
Además, la justicia británica ha autorizado embargos cautelares sobre determinados bienes institucionales y cuentas bancarias. Por su parte, la Alta Corte de Singapur registró en febrero de 2026 el laudo del caso NextEra, reconociendo formalmente la deuda de 290 millones de euros derivada del impago de la indemnización por la retirada de las primas renovables.
En el ámbito Asia-Pacífico, el Tribunal Federal de Australia dictó en agosto de 2025 una resolución ordenando la ejecución de cuatro laudos -RREEF, 9REN, Watkins y NextEra- por un importe conjunto de 469 millones de euros.
A marzo de 2026, la deuda total acumulada por España supera ya los 2.300 millones de euros, cifra que integra 1.754 millones de euros de principal pendiente y 537 millones de euros en sobrecostes judiciales y financieros, estimaron las mismas fuentes.