La Guardia Civil investiga si un asesor de Lambán cobró por promocionar a Forestalia
Arrufat convocó reuniones con alcaldes de Teruel para persuadirles de los proyectos de energía en sus comarcas
El dueño de Forestalia firma un convenio con la Asociación de Municipios Altiplano Renovables.
Un asesor del expresidente aragonés Javier Lambán pudo ser clave en los negocios de Forestalia. Antonio Arrufat, que presidió la Diputación de Teruel entre 2007 y 2011, convocó a los alcaldes de la sierra turolense a una serie de reuniones para relatarles los beneficios de los proyectos de la empresa de Fernando Samper y salvar a sus pueblos de la despoblación. Muchos de los regidores sucumbieron a los cantos de sirena del histórico dirigente socialista y acabaron firmando los convenios para ceder terrenos públicos. La Guardia Civil investiga ahora si obtuvo algún tipo de contraprestación, indican a THE OBJECTIVE fuentes de la investigación.
Arrufat ejerció como alcalde de La Cerollera entre 2003 y 2015. Se convirtió en presidente de la Diputación de Teruel en 2007 y, cuatro años más tarde, en senador por esa provincia. Dejó su acta dos meses antes de acabar la legislatura por el escándalo del jamón, en el que varios exdirectivos de la denominación de origen Jamón de Teruel fueron acusados de irregularidades en la gestión. El juez archivó la causa y Lambán lo recuperó para la política nombrándole delegado territorial en Teruel. En 2019 se convirtió en asesor del presidente para asuntos relacionados con la despoblación.
El nombre de Arrufat se encuentra en el foco de la investigación. Los investigadores consideran que sus gestiones habrían resultado vitales para fraguar el consenso político entre los alcaldes de los territorios afectados. El asesor de Lambán en asuntos de despoblación se habría valido de sus contactos durante su etapa al frente de la Diputación de Teruel para convocar a los dirigentes municipales, de distinto signo político, a reuniones informales en las que presentaba los proyectos de Forestalia.
Las licencias de Forestalia
Uno de los primeros encuentros tuvo lugar en mayo de 2017 en La Iglesuela del Cid, una localidad de apenas 350 habitantes en la comarca del Maestrazgo, una de las zonas afectadas. Arrufat ejercía entonces como delegado territorial del Gobierno de Lambán en Teruel. Forestalia acababa de conseguir la adjudicación de 1.200 megavatios (un tercio de los que se subastaron por el Estado) para sus instalaciones.
El siguiente paso era obtener las licencias administrativas para construir los parques. Todos ellos, con una potencia de menos de 50 megavatios, lo que permitía sortear el veredicto del Estado. Para conseguirlas era fundamental que los municipios afectados apoyaran los proyectos de Forestalia, que levantaron una fuerte oposición entre los ecologistas. Fuentes presentes en esos encuentros indican que el Gobierno de Lambán se involucró en las operaciones y envió a Arrufat a ganarse el favor de los alcaldes.
Los regidores recibieron la convocatoria con asombro. Les resultó «sorprendente» que Arrufat promocionara el negocio de una sola empresa, Forestalia. Algunos de ellos decidieron no participar en citas posteriores. En esas reuniones, el dirigente socialista habló de poner en marcha distintas asociaciones de municipios para impulsar los proyectos y contrarrestar así la contestación social, ya que vecinos y ecologistas se habían apresurado a crear plataformas para evitar la construcción de los parques.
«Su ascendencia política en la provincia le permitió convencer a muchos alcaldes de que el proyecto de Forestalia era la única tabla de salvación contra la desaparición de los pueblos», revela uno de los participantes en aquellos encuentros con Arrufat. En su opinión, el asesor de Lambán actuó como «facilitador» para que los ayuntamientos firmaran los convenios con la empresa de Samper, presentándolos «como un bloque unido frente a las críticas de los ecologistas».
Presión a los alcaldes
La Guardia Civil investiga si la implicación de Arrufat fue meramente política o cruzó líneas rojas. Para ello tratan de determinar si recibió algún beneficio, promesa de cargo o pagos indirectos a través de consultoras vinculadas a su entorno. Las fuentes consultadas indican que el asesor de Lambán llegó a presionar a los alcaldes advirtiéndoles de que proyectos como el Clúster del Maestrazgo, el más grande planeado en España, contaba con el aval del Gobierno de Aragón, lo que «daba una falsa sensación de seguridad jurídica».
Fuentes presentes en esos encuentros afirman que Arrufat llegó a transmitir a los alcaldes que, si no se sumaban a la asociación Viento Alto, que agrupa a los municipios en los que está previsto construir el Clúster del Maestrazgo, se quedarían fuera de planes de inversión del Gobierno regional y de la Diputación de Teruel. El asesor de Lambán presentó esos proyectos como «de interés general».
El expresidente aragonés acudió el 30 de septiembre de 2019 a la presentación de los proyectos de Forestalia. «Tiene un efecto sobre Teruel absolutamente formidable. Estamos hablando de más de 2.000 millones de inversión, de en torno a 12.000 puestos de trabajo en la construcción de los parques y de 450 empleos fijos una vez construidos», subrayó Lambán ese día ante los medios de comunicación. El dirigente socialista, fallecido el pasado agosto, reivindicó el proyecto «alineado con las prioridades del Gobierno de Aragón que quiere ser un gobierno social y verde».
Lambán calificó de «sociales» los proyectos de Forestalia porque suponían «la puesta en marcha de una figura muy interesante, la de las asociaciones de municipios, para tramitar conjuntamente las licencias y para repartir de manera solidaria los 400 millones de euros que para los municipios generarán de manera directa los parques». El entonces presidente de Aragón también resaltó el carácter «verde» de esa energía que «contribuye al propósito de la agenda 2030».
Amaños de permisos
El Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel investiga delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos a favor de Forestalia y otras promotoras en Aragón. La Guardia Civil detuvo el pasado martes a seis personas y no descarta nuevas intervenciones.
Entre los arrestados se encontraba Eugenio Domínguez, subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental durante la etapa de Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica. Los investigadores consideran que habría amañado permisos medioambientales a favor de proyectos de Forestalia. La Guardia Civil revela en un atestado que la empresa de Samper le habría pagado a través de una mercantil de su mujer 5,2 millones de euros como «contraprestación» a cambio de otorgar las licencias a proyectos «a sabiendas de que no cumplen con los requisitos legales».