La juez del caso Plus Ultra, «escandalizada» por los hallazgos de la investigación
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid decidió finalmente inhibirse en favor de la Audiencia Nacional
El registro a la sede de Plus Ultra. | TO
La investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra ha dado un giro inesperado tras los últimos hallazgos de la Policía. Según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes jurídicas y policiales, la magistrada Esperanza Collazos se mostró «escandalizada» por parte de la documentación y de los indicios recabados durante los últimos meses de investigación. Ese material, sostienen las fuentes consultadas, ha llevado a la instructora a una conclusión clara: el alcance de la causa supera con creces las competencias de su juzgado.
La juez, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, decidió finalmente inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, lo que este periódico adelantó, al considerar que los hechos investigados podrían constituir una trama de blanqueo de capitales de dimensión internacional. La decisión fue adoptada tras analizar la información incautada en los registros practicados por la Policía y los informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que apuntan a movimientos financieros que traspasan las fronteras españolas.
El salto de la causa a la Audiencia Nacional supone un cambio de escenario procesal de enorme relevancia. Ese tribunal es competente para investigar delitos económicos de especial complejidad, especialmente aquellos vinculados a organizaciones criminales o a redes de blanqueo con ramificaciones en varios países. En este caso, los indicios analizados por los investigadores apuntan precisamente en esa dirección. La causa ha recaído finalmente en el magistrado José Luis Calama, quien ha aceptado asumir la investigación tras la inhibición del juzgado madrileño. En un auto dictado recientemente, el juez ha acordado reclamar todas las actuaciones practicadas hasta la fecha y mantener el secreto de sumario que pesa sobre la causa, según confirman fuentes jurídicas.
Una investigación que desbordó al juzgado de Madrid
El procedimiento se originó tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La ayuda pública fue aprobada en plena pandemia pese a que la aerolínea contaba entonces con una estructura muy limitada y una presencia marginal en el mercado aéreo español. Durante meses, el juzgado de Collazos investigó si ese rescate pudo servir para canalizar o blanquear fondos de origen ilícito. Las pesquisas se intensificaron especialmente a partir de 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF detectaron movimientos financieros que podrían estar vinculados con capital procedente de la corrupción venezolana.
La investigación se prolongó durante más de un año y dio lugar a una operación policial de gran envergadura. En diciembre de 2025, los agentes detuvieron al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola; al consejero delegado, Roberto Roselli; y al empresario Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores una figura clave en la presunta trama financiera.
Tras prestar declaración ante la juez, los tres fueron puestos en libertad con medidas cautelares, mientras continuaban las diligencias y el análisis de la documentación intervenida en los registros policiales. Fue precisamente el examen de ese material el que habría provocado la reacción de la magistrada. Según las fuentes consultadas por este periódico, Collazos habría constatado que la investigación ya no se limitaba a un posible delito de blanqueo vinculado a una operación empresarial concreta, sino que podría afectar a una red financiera mucho más amplia.
Ramificaciones internacionales
Entre los elementos que más preocuparon a la instructora se encuentran diversas transferencias internacionales, sociedades interpuestas y operaciones financieras que apuntarían a varios países. Algunas de estas operaciones están siendo analizadas en coordinación con autoridades judiciales europeas, reforzando la necesidad de que el procedimiento sea instruido por la Audiencia Nacional. Las pesquisas también analizan si parte del dinero público del rescate pudo utilizarse para devolver préstamos concedidos previamente por empresas vinculadas a la presunta trama. Esta hipótesis fue planteada por la Fiscalía Anticorrupción al detectar que algunos movimientos financieros podrían responder a un esquema de circulación de fondos destinado a ocultar su origen.
El alcance internacional de las operaciones investigadas es precisamente uno de los factores que justifican el traslado de la causa. La Audiencia Nacional suele asumir procedimientos cuando existen indicios de delitos económicos complejos con conexiones en varios países o cuando la magnitud de la trama excede el ámbito territorial de un juzgado ordinario.
Ahora, el magistrado José Luis Calama ha decidido mantener bajo secreto las actuaciones mientras se incorporan al procedimiento todas las diligencias practicadas por el juzgado madrileño. El objetivo es preservar la eficacia de la investigación y evitar filtraciones que puedan perjudicar futuras actuaciones judiciales. La llegada del caso a la Audiencia Nacional también cierra un círculo procesal que comenzó hace años. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante ese mismo tribunal, pero el magistrado consideró entonces que no era competente y remitió el asunto al Juzgado de Instrucción de Madrid que ya había investigado previamente el rescate.