El subordinado de Ribera detenido acudía a Forestalia tras su jornada en el ministerio
La Guardia Civil revela reuniones «casi semanales» entre un exdirector del Inaga y el dueño del gigante energético
Eugenio Domínguez y la exministra Eugenio Domínguez. | Ilustración de Alejandra Svriz
Eugenio Domínguez, el ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica investigado por amañar licencias en favor de Forestalia, acudía «de forma habitual» a la sede de la empresa en Madrid. Lo hacía «por las tardes, al finalizar su horario laboral» en el departamento entonces dirigido por Teresa Ribera, según explicaron varios funcionarios a la Guardia Civil. Así lo refleja un atestado de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Los investigadores apuntan a que el exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental habría creado «un sistema de tramitación paralelo» para beneficiar los proyectos de Forestalia. Los agentes también revelan reuniones «casi semanales» entre el exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) Jesús Lobera y el propietario del gigante energético, Fernando Samper.
Varios funcionarios del departamento que dirigió Ribera hasta noviembre de 2024 explicaron a la Guardia Civil que Domínguez se asignaba a sí mismo los proyectos de energías renovables de Forestalia, una práctica que calificaron como «extraordinaria». Le acusan de haber creado un sistema de tramitación paralelo, derivando expedientes a la empresa pública Tragsatec para que fuesen evaluados bajo su supervisión directa.
Los investigadores sostienen que el gigante energético recompensó a Domínguez con 5,2 millones de euros a través de una empresa de su esposa. El ex alto cargo, que fue detenido hace una semana por -presuntamente- amañar permisos medioambientales, mantenía una relación muy cercana con la empresa de Samper. Un funcionario de Transición Ecológica relató a los agentes que «acudía de forma habitual a la empresa Forestalia por las tardes al finalizar su horario laboral».
Las relaciones de Forestalia
Para los agentes del Ucoma, ese detalle subraya «una relación inusualmente estrecha». Otros trabajadores insisten en que, tras su jubilación, continuó su actividad como asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para, presuntamente, seguir facilitando la tramitación de los proyectos.
Teruel Existe exigió este lunes la dimisión o cese de Morán como responsable de haber mantenido a Domínguez en la estructura de Transición Ecológica. Su portavoz en el Parlamento de Aragón, Tomás Guitarte, denunció en una rueda de prensa la existencia de «una clara connivencia» del promotor, en referencia a Forestalia, con el poder político, lo que «le garantizaba que esto saldría adelante fuese como fuese y cayese quien cayese».
Domínguez se jubiló en junio de 2023, pero siguió unos meses más en el Ministerio de Transición Ecológica. Para evitar su salida, Ribera, actual comisaria europea, le contrató como asesor hasta diciembre. Los investigadores le consideran clave en la autorización de permisos a Forestalia para construir grandes proyectos energéticos, especialmente en Teruel.
La Ucoma apunta en un informe fechado el pasado 25 de febrero que el exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental mantenía reuniones asiduas con promotores. Domínguez recepcionaba la documentación de los proyectos de Forestalia de forma directa a través de memorias USB que incorporaba a la plataforma Sabia sin pasar por el registro oficial de Transición Ecológica. De esa forma, según los testimonios, evitaba la trazabilidad y eludía los controles posteriores.
«Al margen de los cauces reglamentarios»
«Este era el primer paso para tomar el control del expediente al margen de los cauces reglamentarios», indica la Ucoma. Los testigos califican de «extraordinaria» que Domínguez se autoasignara los proyectos de Forestalia. Eso habría permitido «todas las irregularidades posteriores», ya que se creaba «una caja negra» en la que los expedientes desaparecían del circuito de supervisión ordinario.
Los investigadores subrayaban que el exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental incurrió en un conflicto de funciones «al ser supervisor y gestor a la vez». La mayoría de los proyectos de Forestalia eran asignados a la empresa pública Tragsatec. La tramitación se realizaría bajo la dirección y supervisión de Domínguez, «excluyendo por completo la participación de los consejeros y los técnicos funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica».
Los testigos señalan que los trabajadores de la empresa pública emitían informes redactados que solo debían ser firmados y que eran ajenos a los controles internos. La Ucoma revela que Forestalia pagó 5,2 millones de euros a Domínguez a cambio de otorgar autorizaciones ambientales a los proyectos de la empresa de Samper «a sabiendas de que no cumplen con los requisitos legales». La «contraprestación» se habría abonado a través de una empresa en la que ejerce como administradora única su mujer, Estudio de Asesoramiento Dherco.
La sociedad se constituyó en junio de 2023, el mismo mes en que se jubiló Domínguez. Este siguió varios meses más como asesor en Transición Ecológica. Los agentes destacan la «nula actividad comercial» de la empresa y su objeto social, destinado al diseño y a la decoración de pisos y locales, aunque también incluye la redacción de estudios de impacto ambiental. Los investigadores sospechan que el antiguo subordinado de Ribera también recibió acciones de 15 sociedades de Forestalia.
Intereses comerciales
Las visitas de Domínguez a la sede de Forestalia no eran los únicos contactos que tenía Samper con los responsables políticos. El atestado de la Ucoma revela que este tenía reuniones «habituales y que consideran casi semanales» con el exdirector del Inaga Jesús Lobera. Los testimonios recogidos por los agentes detallan una relación que «excede los cauces formales donde las decisiones públicas podrían estar influenciadas por intereses comerciales».
Los investigadores consideran a Lobera como una «figura central» para facilitar la expansión de Forestalia a través de la «presión» a funcionarios del Gobierno de Aragón. A los encuentros también habría asistido su director de Transición y Medio Ambiente, Carlos Ontañón, que entre 2003 y 2012 presidió el Inaga mientras ejercía como consejero del ramo Alfredo Boné. El gigante energético compró a finales de 2018 la empresa que creó el dirigente del Partido Aragonés (PAR) tres años antes. La Guardia Civil investiga si Samper pagó un sobrecoste por ella.