La manga ancha de Sánchez con Cataluña: solo ha recurrido una ley catalana desde 2023

La sintonía entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los sucesivos gobiernos de la Generalitat desde 2023 —primero el de Pere Aragonès (ERC) y después el de Salvador Illa (PSC)— se observa en los asuntos que tiene que abordar el Tribunal Constitucional. Según el Informe de Conflictividad, que elabora el Ministerio de Política Territorial, en la actual legislatura el Gobierno central solo ha recurrido una ley catalana de las 16 leyes autonómicas que ha llevado ante el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido. Por un lado, porque las leyes autonómicas para impulsar la independencia han ido a la baja, pero también por el desinterés del Gobierno de recurrir asuntos que tienen que ver con los derechos lingüísticos de los castellanohablantes.

De acuerdo con el informe, el Tribunal Constitucional ha dejado de centrarse en Cataluña, y en particular en normas relativas a impulsar el procés, y los principales litigios a dirimir tienen que ver con la pugna entre PP y PSOE en distintas comunidades autónomas. Desde el 17 de agosto de 2023 (inicio de la actual legislatura) hasta el 31 de enero de 2026, el Gobierno de Pedro Sánchez solo ha impugnado la Ley del Govern 1/2022 de 3 de marzo para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Aunque la norma se aprobó en la legislatura anterior, el Gobierno presentó el recurso en 2024 después de que las negociaciones bilaterales con la Generalitat para evitar el litigio no prosperasen.

Finalmente, el Constitucional declaró, según el informe, «la desaparición de su objeto», que es lo que ocurre si se modifican disposiciones. Dicha ley de vivienda tenía como objetivo obligar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de poner una demanda por desahucio, y se trataba de una modificación de leyes anteriores. Finalmente, PP y Vox presentaron recursos contra dicha norma y una parte quedó anulada.

Declaración de independencia

Además de esta norma autonómica, el Gobierno también impugnó en 2024 un acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de febrero de ese mismo año por el que se admitía a trámite la iniciativa legislativa popular «Proposición de ley de declaración de la independencia de Cataluña». El Constitucional falló a favor del Estado. Sin embargo, esta iniciativa no fue a cargo del Ejecutivo catalán ni de los grupos parlamentarios.

Como informó THE OBJECTIVE, el partido extraparlamentario Solidaritat Catalana per la Independència, que en sus mejores momentos tuvo a Joan Laporta de candidato, registró en la Cámara catalana esta iniciativa para forzar a los partidos a reactivar el pulso rupturista con el Estado. De algún modo, la impugnación del Gobierno a esta propuesta salvó a los diputados de verse en la tesitura de llevar al pleno del Parlament una iniciativa que les podría haber acarreado consecuencias judiciales.

La Generalitat, ante el TC

En paralelo, el Gobierno de la Generalitat llevó -entre esta legislatura y la pasada- dos recursos al Constitucional. El Real Decreto 659/2023 de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional. El tribunal falló en 2025 parcialmente a favor de la comunidad autónoma. El Govern consideró que dicho decreto vulneraba la distribución competencial en materia de educación sobre formación profesional inicial o reglada.

En la misma línea, el Ejecutivo catalán también impuso un recurso de inconstitucionalidad a la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, al sostener que vulneraba competencias exclusivas de la Generalitat en materia de vivienda y de urbanismo, así como entiende que se produce una vulneración del principio de autonomía financiera de la Generalitat.

En lo que llevamos de legislatura, la mayoría de leyes recurridas por el Gobierno central están vinculadas a asuntos relativos a la llamada memoria democrática o los derechos de las personas LGTBI. Por su parte, las comunidades autónomas han recurrido 4 leyes estatales, entre ellas la ley de amnistía.

Rajoy impugnó más de 20 leyes catalanas

Estos datos contrastan con las dos legislaturas del Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, cuando Cataluña fue con diferencia la comunidad con más normas recurridas durante ese periodo por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Fueron los años álgidos del procés y el Gobierno central recurrió más de una veintena de leyes autonómicas, la mayoría de ellas centradas en la independencia de Cataluña o la primacía del catalán sobre el castellano.

A este respecto, como informó este periódico en exclusiva, en la legislatura anterior, el Gobierno dejó correr el plazo legal para impugnar ante el Tribunal Constitucional el decreto educativo 6/22 del Govern de la Generalitat que evitaba dar condición de lengua vehicular al castellano en las escuelas públicas de Cataluña. De haberlo hecho, se hubiera frenado dicho decreto que daba prioridad al catalán en las aulas.