Los fiscales reprueban que Peramato recurra al TC por García Ortiz: «Está en la confrontación»
Las asociaciones profesionales consideran que la decisión contraviene las promesas de la fiscal general
Peramato comparece ante la Comisión de Justicia en el Congreso el pasado diciembre. | A. Pérez Meca (EP)
Los fiscales reprueban la última decisión de su jefa. Teresa Peramato anunció el pasado lunes que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia de Álvaro García Ortiz por vulneración de derechos fundamentales. El Tribunal Supremo condenó a su predecesor en noviembre a una inhabilitación de dos años por un delito de revelación de datos reservados. La Abogacía del Estado, que le representa, y la propia Fiscalía ya se refirieron durante el proceso a ese escenario. En la carrera fiscal consideran que la decisión contraviene las promesas de Peramato en su toma de decisión, cuando se refirió a la necesidad de cerrar heridas. Las asociaciones lamentan que siga instalada en «una estrategia de confrontación».
Peramato informó el lunes en TVE que la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, le había mostrado «su intención» de interponer un recurso al Constitucional contra la sentencia al antiguo fiscal general. Se trata de la número dos de García Ortiz durante su mandato y de la misma persona que ejerció como fiscal en el juicio, situación que recibió múltiples críticas entre los miembros del Ministerio Público.
«Yo lo que he hecho es dictar un decreto designando a la teniente fiscal para la disposición de ese recurso», manifestó Peramato durante la entrevista. Sánchez Conde defendió entonces la inocencia de García Ortiz y pedía la absolución. Incluso llegó a confrontar con otras instituciones del Estado al discrepar del informe de la Guardia Civil porque este «no puede ser una prueba pericial» ni de él se desprende «ninguna prueba». Los agentes atribuyeron al acusado un «dominio a todos los niveles» de la filtración por la que finalmente fue condenado.
La «admiración» de Peramato
La fiscal general justificó la decisión de recurrir la sentencia contra García Ortiz en que el Ministerio Público «siempre mantuvo una posición absolutoria» porque entendían «que los hechos no eran constitutivos de delito». E insistió en que la Fiscalía «sigue trabajando en la misma línea», porque consideran que la posición que ha mantenido «es la correcta».
La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, tilda el anuncio de Peramato de «inusual». En su opinión, la fiscal general debe pasar página y centrarse en otras cuestiones. «Cuando tomó posesión, dijo que venía a sanar heridas, pero con esta decisión alimenta una estrategia de confrontación con el resto de fiscales y con el Supremo», denuncia la representante de la organización mayoritaria de la carrera.
Dexeus insiste en que la sentencia (contra García Ortiz) «está fundamentada, aunque no se comparta». En esa misma dirección se expresa Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que ejerció la acusación popular contra el predecesor de Peramato. En su opinión, se trata de un caso «excepcional».
«La postura del Ministerio Fiscal de superar esa fase, como dijo Peramato, no está en sintonía con esta decisión. La cuestión de la vulneración de los derechos fundamentales está debidamente asistida por la Abogacía del Estado, que es quien debe avanzar el recurso, y la Fiscalía limitarse a informar. La postura debería ser quedarse en una posición institucional y esperar. Este tipo de decisiones pueden ser tachadas de unipersonales», lamenta Pallarés.
Los mensajes de García Ortiz
El presidente de la APIF recuerda que la Fiscalía, como institución, siempre ha adoptado las resoluciones del Supremo, incluso en su posicionamiento doctrinal. «Existen casos en los que se ha modificado mediante una circular una cuestión para adaptarnos. En este debería adoptarse una posición de prudencia», reclama.
Las asociaciones solicitaron a Peramato que recuperara la imagen de imparcialidad de la Fiscalía y fue recibida con cierto optimismo, aunque recelaron de su cercanía a Dolores Delgado, a la que acusaron de mover los hilos para su designación, como ya hizo para que su sustituto fuese García Ortiz. La nueva fiscal general manifestó pronto la cercanía a su predecesor, a quien mostró su «admiración» en su propia toma de posesión.
García Ortiz se sentó en el banquillo en noviembre acusado de filtrar los emails que intercambiaron la Fiscalía y el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la intención de llegar a un pacto de conformidad. Durante la investigación, y tras analizar los dispositivos del otrora fiscal general, la Guardia Civil constató que había borrados los mensajes de WhatsApp el mismo día en el que el Supremo le imputó. Una semana más tarde, cambió de móvil alegando motivos de seguridad.
El abogado del Estado José Ignacio Ocio relató durante el juicio que, más allá de las afirmaciones del novio de Ayuso, «no se ha aportado prueba documental» de que el fiscal general fuese el filtrador de los datos confidenciales de González Amador. En su opinión, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se extralimitaron de la encomienda del juez durante el registro del despacho del acusado el 30 de octubre de 2024, en la que se habrían vulnerado sus derechos fundamentales. No obstante, el Supremo avaló el registro.