Forestalia disponía de una «guardia pretoriana» en una empresa pública de la trama Koldo
Un ex alto cargo de Transición Ecológica tiró de Tragsatec para beneficiar los proyectos de la empresa de Samper
Fernando Samper, propietario de Forestalia. | Ilustración de Alejandra Svriz
Tragsatec vuelve a estar en el centro de la polémica. La empresa pública que utilizó la trama Koldo para contratar a Jésica Rodríguez, entonces pareja del exministro José Luis Ábalos, aparece en informes de la Guardia Civil relativos a otro presunto caso de corrupción. Esta vez, el que atañe a la tramitación de las autorizaciones ambientales a favor de Forestalia. Los investigadores señalan que Eugenio Domínguez, investigado por amañar licencias en favor de la empresa de Fernando Samper, creó un «sistema de tramitación paralelo» para favorecer al gigante energético y que dispuso de un equipo en el ente público que servía al exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental en la etapa de Teresa Ribera como «guardia pretoriana».
La Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) señala en un atestado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que Domínguez, detenido la pasada semana, derivaba los expedientes a Tragsatec, según los testimonios recabados. La función de la empresa pública era prestar asistencia técnica no obligatoria a los equipos de la Subdirección General de Evaluación Ambiental. Según los testimonios de distintos funcionarios, su rol fue transformado bajo la dirección del ex alto cargo de Ribera.
Tragsatec pasó de ser un apoyo opcional a «convertirse en la herramienta central para tramitar los proyectos de Forestalia», reconocieron los funcionarios a los agentes de la Ucoma. Uno de esos testigos calificó al equipo que servía a Domínguez con la expresión «guardia pretoriana». Estos estaban encargados de emitir los informes que llegaban ya redactados al exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental, que solo tenía que firmarlos.
Los proyectos de Forestalia
Domínguez ejercía un control completo: recibía la documentación, la incorporaba a la plataforma Sabia sin pasar por el registro oficial del departamento de Ribera y se encargaba de repartir los casos. En algunas ocasiones los asignaba a Tragsatec, excluyendo por completo la participación de los consejeros, los técnicos y los funcionarios de Transición Ecológica. Los empleados de la empresa pública emitían los informes bajo las directrices del exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental.
La Ucoma relata que tres funcionarios describieron en términos «casi idénticos» la vía de tramitación paralela que creó el antiguo subordinado de Ribera, lo que «sugiere un modus operandi consolidado y notorio». E insiste: «A raíz del boom de las renovables, la mayoría de proyectos del Grupo Forestalia eran asignados directamente a Tragsatec. La tramitación se realizaba bajo la dirección y supervisión exclusiva de Domínguez, excluyendo por completo la participación de los consejeros y técnicos funcionarios de Transición Ecológica».
Otro de los testigos aseguró a los agentes que el equipo de Tragsatec que servía a Domínguez le enviaba directamente los informes ya redactados «consolidando un circuito de trabajo cerrado y ajeno a los controles internos». El atestado de la Ucoma destaca lo sucedido en un expediente en el que compartían intereses Forestalia y otro promotor, Green Capital. La posición de los aerogeneradores era «prácticamente idéntica» en ambos proyectos; sin embargo, fueron tramitados por distintos evaluadores, lo que determinó el resultado final.
El proyecto de Green Capital fue evaluado por técnicos de Transición Ecológica, que resolvieron el expediente de forma desfavorable en junio del año pasado, casi dos años después que el de Forestalia, a pesar de haber iniciado los trámites cinco meses antes. El expediente de la empresa de Samper, en cambio, fue estudiado por miembros de Tragsatec bajo las órdenes de Domínguez y resuelto en julio de 2023. Los investigadores señalan que el exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental se garantizó con los empleados de la empresa pública «un control total sobre el contenido y el resultado de las evaluaciones».
La contratación de Jésica
Tragsatec es la filial tecnológica del Grupo Tragsa, que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aunque está adscrita a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En la actualidad cuenta con 14.500 empleados. Se trata de la empresa pública que aparece en el sumario del caso Koldo por contratar a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. La joven odontóloga formó parte de la plantilla de Ineco entre marzo de 2019 y febrero de 2021. Saltó a Tragsatec en marzo, apenas unos días después de finalizar su relación contractual con la empresa pública vinculada al Ministerio de Transportes. Permaneció durante seis meses.
Durante ese tiempo estuvo adscrita a la Presidencia de ADIF, por lo que dependía directamente de Isabel Pardo de Vera. Jésica Rodríguez cobró al menos 9.500 euros de Tragsatec entre marzo y septiembre de 2021, aunque ella misma confirmó en febrero del año pasado en el Tribunal Supremo que estuvo contratada en dos entes públicos, pero que cobraba sin ir a trabajar.
Una de sus jefas en la empresa pública, Virginia Barbancho, reconoció al juez del caso Koldo que sus superiores le dijeron que era «sobrina» del ministro y que le presionaron para que obviara las irregularidades sobre la entonces pareja de Ábalos.