Los Sumelzo vendieron una firma de renovables al exconsejero de Aragón vinculado a Forestalia
La familia de la secretaria de Estado y el ‘holding’ de Samper se intercambiaron empresas mientras pagaban a Servinabar
Aerogeneradores eólicos. | Ilustración de Alejandra Svriz
800 euros. Esa fue la cantidad que pagó el exconsejero de Medio Ambiente de Aragón Alfredo Boné por Renovables Puyal, una firma dedicada al sector energético que pertenecía a la familia de la secretaria de Estado para Iberoamérica Susana Sumelzo. El exdirigente del Partido Aragonés (PAR) realizó la adquisición en marzo de 2018, solo unos meses antes de vender a Forestalia la consultora que había creado con otros dos ex altos cargos regionales. La empresa de Fernando Samper abonó por ella 4,4 millones de euros, 400.000 euros más de lo estipulado en la escritura pública. Los investigadores sospechan que ese «sobrecoste» se debe a una contraprestación. Los Sumelzo y Forestalia también se intercambiaron sociedades mientras pagaban a Servinabar.
Renovables Puyal fue constituida en agosto de 2017 por Fernando Sumelzo Cia y Juan José Sumelzo Jordán, padre y hermano de la secretaria de Estado, respectivamente. La compañía tenía entre su objeto social la «promoción, construcción y subsiguiente explotación o venta de centrales de energía eléctrica producida por aprovechamiento de recursos eólicos o fotovoltaicos». Entre sus trabajos también destacaba la gestión, desarrollo y mantenimiento de parques eólicos y fotovoltaicos y «la producción eléctrica y su venta».
Apenas siete meses después de echar a rodar, la familia Sumelzo vendió Renovables Puyal a Boné, consejero de Medio Ambiente en Aragón entre diciembre de 2022 y julio de 2011, durante los gobiernos del socialista Marcelino Iglesias. Un atestado de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE revela que el exdirigente del PAR adquirió la sociedad a María Teresa Vinacua y a los dos familiares de la secretaria de Estado el 21 de marzo de 2018. El otro comprador fue su director de Medio Ambiente, Luis Marruedo, que acabó convirtiéndose en uno de los hombres fuertes en Forestalia.
La compra de Forestalia
La compraventa se realizó por apenas 800 euros. En la operación también intervino María del Carmen Espinosa, pero los agentes de la Ucoma desconocen en calidad de qué. El atestado subraya que la empresa estaba radicada en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), localidad de los Sumelzo, y que en la actualidad está inactiva. Los investigadores sospechan que la compra se realizó para «engordar» Viadós, la empresa que Boné y sus socios vendieron a Forestalia a finales de 2018.
La creación de Viadós tuvo lugar en enero de 2015, momento en el que Boné mantenía el acta como diputado regional por el PAR. La compañía se constituyó con el objetivo de ofrecer la gestión integral de proyectos en el ámbito del medioambiente y la sostenibilidad, las energías renovables y el desarrollo rural y territorial. Su administradora única el primer año de vida fue Ana Cristina Fraile, jefa de Gabinete del exconsejero de Medio Ambiente con Marcelino Iglesias. En marzo de 2015 pasó a convertirse en administradora solidaria junto a Boné y Marruedo.
La Ucoma constata que, desde el momento de la fundación, Viadós mantuvo un acuerdo de colaboración con la empresa de Samper, que obtenía hasta el 80% de su volumen de negocio. Los agentes destacan que, a finales de 2018, Boné, Marruedo y Fraile vendieron la sociedad a Nearco Renovables, otra de las firmas de la galaxia Forestalia. Lo hicieron por cuatro millones de euros, según la escritura pública. Sin embargo, un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) indica que la cifra final superó los 4,4 millones.
Los investigadores consideran que la cantidad estaba pactada con anterioridad, lo que supondría que se creó con un fin instrumental. En su opinión, ese «sobrecoste» pudo atender a una «contraprestación» por ciertos servicios. Los agentes señalan en el atestado que, tras la adquisición de Viadós, Marruedo y Fraile pasaron a trabajar para Forestalia. El primero, como director de Terrenos y Planificación de Desarrollo. Quien no dio el paso fue Boné, en desacuerdo con algunos proyectos de la empresa de Samper, aseguran a este diario personas de su entorno.
Intereses comunes
Como avanzó este diario, los intereses de los Sumelzo y Forestalia convergen en un mismo entorno económico y societario. La familia de la secretaria de Estado, una de las dirigentes más cercanas a Pedro Sánchez, y Samper se rotaban en el control de sociedades vehículo para proyectos renovables en Aragón. Se trata de las mismas sociedades que realizaron pagos a una firma de Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar, la constructora en la que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán dispondría del 45% de las acciones.
Los registros mercantiles analizados por THE OBJECTIVE muestran una pauta común: varias sociedades pasan sucesivamente por manos de los Sumelzo y del holding de Samper mientras algunas de ellas hacen pagos a Servinabar. Estas operaciones permiten trazar una red de sociedades vehículo que operaron en fases coincidentes con el desarrollo de proyectos renovables en Aragón. La ruta societaria es especialmente visible en mercantiles creadas o activadas a partir de 2017 para participar en proyectos eólicos y fotovoltaicos en Huesca, Zaragoza y Teruel.
Las sociedades Renovables Trillar, Energías Renovables de Polux, Renovables Ores o Energías Renovables de Lisitea ilustran ese circuito. En varias de ellas se documenta un primer periodo en manos de la familia Sumelzo, seguido de un relevo a favor del holding de Samper. En otras operaciones, el tránsito se produce en sentido inverso. Los cambios se producen mediante ceses y nombramientos de administradores únicos, apoderados o representantes, todos ellos inscritos oficialmente en el Registro Mercantil.
Susana Sumelzo manifestó su desvinculación de las empresas de su familia el pasado 9 de febrero, durante su paso por la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. No obstante, la secretaria de Estado reconoció que fue apoderada de estas durante cinco meses en 2009, aunque nunca utilizó el poder notarial. También negó que sus parientes le hubiesen pedido mediar con alguien del PSOE para conseguir contratos públicos. La UCO investiga por qué la constructora de sus familiares pagó 12.100 euros a Servinabar, con la que llegó a compartir apoderado y ubicación.