El socio de Cerdán rompió con Forestalia el día que el ex 'número tres' del PSOE salió de prisión
Antxon Alonso vendió la sociedad que le vinculaba a la trama de Forestalia dos semanas antes de los primeros registros
Joseba Antxon Alonso y Santos Cerdán. | Una ilustración de Alejandra Svriz
El nombre de Joseba Antxon Alonso, el propietario de la falsa constructora Servinabar que tenía como socio al ex secretario general del PSOE Santos Cerdán, también aparece vinculado a la trama Forestalia. El empresario guipuzcoano investigado en el caso Koldo se relacionó societariamente con el abogado al que ahora la Guardia Civil considera el «testaferro» de la trama de energías renovables, tal y como ya desveló hace meses THE OBJECTIVE. Sin embargo, Alonso decidió romper toda relación empresarial que pudiera vincularle a la familia de Forestalia el pasado 19 de noviembre de 2025, el mismo día que su socio Cerdán salió de prisión y poco antes de la operación policial contra ese presunto nuevo entramado de corrupción. La trama vinculada a Forestalia utilizó empresas que compartían sede y representante con la de Antxon Alonso, y con nombre similar (Caliope), para pagar presuntos sobornos a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera.
Alonso rompió amarras con el conglomerado societario creado en torno a Forestalia a finales de ese mes de noviembre, apenas 15 días antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) entrase a registrar las sedes de la empresa en Madrid y Zaragoza. En aquella operación, la Guardia Civil acudió a un despacho de abogados de Madrid situado en la calle Serrano, desde el que operaba el presunto «testaferro» de la trama, Roberto Pérez Agüeda.
El socio de Cerdán habría adquirido a este abogado —el hombre de confianza del dueño de Forestalia— en septiembre de 2022 la sociedad Next Generation Caliope Innova. Un nombre muy sugerente, teniendo en cuenta que en el momento en el que se fundó la empresa —abril de ese año—, la Comisión Europea inició los trámites para abonar a España un paquete de 12.000 millones de euros en fondos europeos, parte de ellos destinados a programas de energías renovables.
Alonso, propietario de Servinabar, fue dueño de esta empresa hasta que el pasado 19 de noviembre de 2025 decidió desprenderse de ella y vendérsela a un tercero (de momento sin relación conocida con la trama). La fecha es significativa, pues es el mismo día en que su socio (al 45%) en Servinabar, Santos Cerdán, salió de la prisión de Soto del Real. Aquel movimiento societario fue reflejado entonces por TO.
El constructor guipuzcoano se anticipó a un nuevo escándalo que le hubiese salpicado. El 11 de diciembre, tres semanas después de deshacerse de Next Generation Caliope Innova, la Guardia Civil entró a registrar el despacho de abogados donde la firma había estado radicada durante tres años desde su fundación. Pero entonces ya se había mudado de sede social y el registro mercantil había certificado su desvinculación de la sociedad. No fue el único que tuvo buen ojo: Forestalia, tal y como desveló TO, liquidó 14 empresas horas antes de que los agentes accediesen a su sede para registrarla.
Una vía para cobrar de Forestalia
El último informe de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) sobre esta presunta trama de corrupción destaca una figura clave en todo este proceso: Eugenio Domínguez, el subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica en la época de Teresa Ribera. El hombre que presuntamente amañó las declaraciones de impacto ambiental en favor de los macroproyectos eólicos de Forestalia. Y que, también presuntamente, cobró por ello.
Domínguez y su esposa, relata la Guardia Civil, adquirieron dos sociedades de energías renovables a las que Forestalia inyectó posteriormente 5,2 millones de euros a través de un crédito. Y ahí está una de las claves. Al igual que la empresa que compró Alonso Egurrola, estas también se llamaban Caliope: Caliope Smart Energy SL y Caliope Energy Green SL, fundadas por Roberto Pérez Agüeda en 2023.
El alto cargo de Ribera no consta como propietario en el registro, ya que la propiedad de la empresa se ocultó mediante una escritura privada que guardaba el presunto testaferro en su caja fuerte. El mismo modus operandi que usaron Antxon Alonso y Santos Cerdán para ocultar que el segundo era propietario del 45% de Servinabar.
Según recoge la Guardia Civil, Domínguez declaró tras su detención que el socio de Cerdán «fue la persona que le presentaron para iniciar una ‘inversión en proyectos de energías renovables’, proyectos en los que, sorprendentemente, Eugenio Domínguez participó mediante el desarrollo de propuestas de Declaraciones de Impacto Ambiental durante su etapa en el Miteco».