Mercasa se niega a facilitar los informes que pagó a la constructora vinculada a Cerdán

La Audiencia Nacional investiga si la trama SEPI amañó cinco contratos públicos por valor de 132,9 millones de euros. La Guardia Civil detuvo en diciembre a la exmilitante socialista Leire Diez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al propietario de Servinabar, Joseba Antxon Alonso, como presuntos cabecillas. Los investigadores sospechan que favorecieron a la constructora del socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para que Mercasa le adjudicara un contrato de 18.200 euros. La empresa pública ha rechazado facilitar la documentación a THE OBJECTIVE amparándose en que la causa está bajo secreto.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la trama SEPI influyó para amañar esos contratos. Entre ellos se encuentra el de Mercasa a favor de la firma en la que Cerdán dispondría del 45% de las acciones. La empresa pública le encargó un informe técnico sobre la reforma de su sede central. Los agentes señalan que Díez, Fernández y Antxon Alonso habrían cobrado comisiones que superarían los 750.000 euros por mediar con diferentes empresas.

El dinero obtenido lo canalizaban al grupo Hirouk («los tres», en vasco) a través de la sociedad Mediaciones Martínez para «efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca». Los investigadores subrayan que entre los contratos en los que habría mediado la trama SEPI se encuentra el rescate de 112,8 millones a Tubos Reunidos; una ayuda de 17,3 millones a Arapellet, filial de Forestalia; una subvención de 2,8 millones al Parque Empresarial Princesa de Asturias (PEPA); y sobrecostes en Enusa, la empresa pública del uranio.

El socio de Cerdán

La constructora del presunto socio de Cerdán consiguió la adjudicación de un contrato público de Mercasa por 18.120 euros. Los investigados, en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa, la cual, por un lado, generaba de forma mendaz esa justificación y, por otro, propiciaba un beneficio económico al grupo. Mercasa es un ente público de la SEPI adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se encarga de gestionar las plataformas logísticas mayoristas de alimentos frescos en España.

La empresa de Antxon Alonso elaboró «un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede». La empresa pública ha negado la documentación a este diario alegando que está siendo analizada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mantiene la causa en secreto. En respuesta a una solicitud a través del Portal de Transparencia, la secretaria del Consejo de Mercasa, Clara Valtueña, señala que se trata de una petición «abusiva y no justificada».

«Actualmente, la información solicitada se encuentra afectada por una investigación judicial en curso, tramitada en fase de instrucción y sometida al secreto sumarial, conforme a lo previsto en los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)», señala Valtueña. La secretaria general de Mercasa insiste en que, según la ley de transparencia, «concurre un régimen especial de acceso que lleva a inadmitir la solicitud presentada».

Valtueña explica que aportar el informe que habría elaborado la empresa del socio de Cerdán supondría incurrir en un delito al quebrantar el secreto sumarial. «Ya se ha trasladado un requerimiento judicial de documentación a Mercasa con fecha de 10 de diciembre de 2025», subraya la respuesta. Los investigadores consideran que el de esta empresa pública no sería el único amaño que habría favorecido la trama SEPI.

Subvención a Forestalia

Los investigadores creen que Diez y sus colegas habrían influido en la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones. El Consejo de Ministros aprobó un préstamo participativo el 20 de julio de 2021. De momento, la compañía vasca no ha devuelto nada, aunque está obligada a hacerlo antes de que finalice 2028. La firma se encuentra en una situación complicada y, ahogada por las deudas, prevé despedir a más de 300 empleados.

La trama SEPI habría colaborado en la concesión de una ayuda a Arapellet, filial de Forestalia, investigada por sus procedimientos para obtener licencias medioambientales. Como avanzó este diario, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) le otorgó una ayuda de 17,3 millones. La red también habría maniobrado, presuntamente, para dar un contrato de 2,8 millones a una unión temporal de empresas en el PEPA y tendría responsabilidad en unos sobrecostes de Enusa.