El abogado que conecta tres tramas fue en la lista del PSOE en el pueblo de Óscar López

El abogado que conecta tres tramas de corrupción fue candidato del PSOE en las municipales de 2007. Roberto Pérez Águeda ocupó el quinto lugar en la candidatura de Riaza (Segovia), pueblo al que está estrechamente unido el ministro Óscar López Águeda, ya que su familia materna es originaria de esta localidad de apenas 2.200 habitantes. El equipo del ex secretario general del PSOE en Castilla y León rechaza cualquier cercanía o parentesco entre ambos: «Ni le conoce». El letrado, al que la Guardia Civil considera testaferro de Forestalia, también fue designado ese año consejero de la Caja de Ahorros de Segovia a propuesta de los socialistas.

Pérez Águeda integró la candidatura del PSOE de Riaza en 2007, pero no obtuvo acta de concejal. En las elecciones municipales celebradas el 27 de mayo de ese año, los socialistas consiguieron 494 votos (el 39%), por lo que obtuvieron cuatro ediles de los 11 en liza. Águeda iba en el puesto cinco. El PP municipal de Benjamín Cerezo se hizo con la mayoría absoluta. Óscar López se convirtió en secretario general del PSOE en Castilla y León un año más tarde y en 2011 optó sin éxito a la presidencia regional.

La lista en la que aparece el abogado que conecta los casos Forestalia, Koldo y SEPI la encabezó Andrea Rico, que cuatro años antes se había convertido en la primera dirigente socialista que se hacía con la alcaldía de Riaza (continúa siendo la única mujer en hacerlo). Llama la atención que, entre otros, la candidata, el número dos y la número cuatro de la lista fuesen incluidos como independientes, por lo que se presupone que Pérez Águeda era militante del PSOE, algo que no confirman las fuentes socialistas consultadas por THE OBJECTIVE.

El abogado reside en Rivas Vaciamadrid, pero tiene estrechos lazos familiares con Riaza, el lugar de donde procede también la familia materna de Óscar López. Su equipo niega que exista parentesco, aunque compartan apellido, y rechaza que se conozcan, a pesar de que el dirigente socialista visite con regularidad la localidad segoviana, donde acude a descansar y en vacaciones estivales. Como ha podido documentar este diario, días después de ser nombrado ministro de Transformación Digital y Función Pública, participó en la Fiesta de la Rosa de la agrupación local.

Vinculado al PSOE

El propio Óscar López anunció el 22 de abril de 2010, desde el Mirador de Piedras Llanas, cerca de la ermita de la Virgen de Hontanares en «mi pueblo, Riaza», que sería el candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León del año siguiente. Lo hizo bajo el lema de «Puro cambio» y arropado por la plana mayor del partido en la región. Este diario desconoce si a ese acto acudió Pérez Águeda, muy vinculado con los socialistas de la localidad segoviana.

Tres tramas de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez confluyen en el despacho de Pérez Águeda en la calle Serrano de Madrid. El nombre del abogado aparece de forma recurrente en los casos Forestalia, Koldo y SEPI, tres causas que afectan al PSOE, partido que facilitó que obtuviera un sillón en el consejo de la Caja de Ahorros de Segovia. Sucedió apenas unos meses después de que el abogado integrara la candidatura del PSOE en Riaza.

En julio de 2007, las Cortes de Castilla y León designaron a Pérez Águeda consejero de la Caja de Ahorros de Segovia a propuesta del grupo socialista. Óscar López era en ese momento diputado por Segovia y faltaba algo más de un año para que asumiera la dirección del partido en la región. El puesto no llevaba aparejado sueldo, pero según figura en documentos oficiales de la Caja de Ahorros de Segovia (que desapareció como tal en 2013), cada consejero cobraba entre 8.000 y 11.000 euros al año por acudir a una docena de reuniones.

El abogado fue detenido el pasado 3 de marzo en el marco de una causa que investiga las licencias medioambientales a favor de Forestalia. El Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel le atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Su despacho habría favorecido presuntamente el traspaso de acciones entre la compañía de Fernando Samper y empresarios como Joseba Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Del caso Koldo a Forestalia

Los investigadores sospechan que Forestalia contó con la ayuda de un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica para tramitar sus proyectos «a sabiendas de que no [cumplían] con los requisitos legales». El ex subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez habría usado para ello «un sistema de tramitación paralelo» por el que habría recibido diversas «contraprestaciones», entre ellas un préstamo de 5,2 millones de euros que habría salido de una empresa de Eduardo Pérez Águeda, hermano de Roberto.

Pérez Águeda es un asesor vinculado a cientos de empresas del sector energético, cuyo despacho en la madrileña calle Serrano se ha convertido en una dirección recurrente en varias investigaciones de la Guardia Civil. A pesar de los casos tan mediáticos en los que estaría involucrado, su nombre apenas ha tenido recorrido. Su papel, precisamente, consistía en no aparecer. En permanecer en la sombra mientras gestionaba un entramado societario de enorme complejidad.

Los investigadores consideran que el abogado creaba estructuras societarias para, presuntamente, mover negocios y ocultar a sus beneficiarios. La Guardia Civil lo sitúa como presunto testaferro del dueño de Forestalia. Alberto Pérez Águeda no era un asesor más. El volumen de trabajo que la empresa de Samper aportaba a su consultora era tal que ambas partes convinieron en instalar un pequeño despacho en las propias instalaciones del gigante aragonés.

El propio Domínguez narró a los agentes de la Guardia Civil que Pérez Águeda le mostró en su despacho de Serrano un esbozo de cómo crearía la estructura societaria para desarrollar proyectos de energías renovables, donde presuntamente recaerían los beneficios derivados de la explotación de los parques eólicos. Los investigadores sospechan que los sobornos no se hacían en metálico, sino a través de participaciones en sociedades interpuestas que se revalorizarían con las licencias obtenidas, presuntamente, de forma irregular.

Robo de información

Uno de los episodios más llamativos de esta investigación tiene que ver con un robo desvelado por este diario. En la primavera de 2024, la Policía Nacional se personó en las oficinas de Forestalia en Madrid tras una denuncia: alguien había accedido a un despacho apartado y cerrado con llave. Sustrajo el portátil de Pérez Águeda, un dispositivo que, a priori, contenía información confidencial que podría explicar parte de la presunta operativa corrupta. El portátil nunca apareció y la investigación quedó archivada sin identificar al autor.

Lo que hace especialmente singular la figura de Pérez Águeda es su presencia cruzada en las distintas investigaciones. Su despacho aparece en las pesquisas de Forestalia, pero también en el caso SEPI, donde el abogado figura como representante legal de Arapellet, la filial de la empresa de Samper que, como desveló este diario, recibió una subvención pública de 17,3 millones de euros en 2022. Su huella también alcanza el caso Koldo. Los registros mercantiles indican que el presunto socio de Cerdán adquirió en septiembre de 2022 la empresa Next Generation Caliope Innova del candidato número cinco del PSOE de Riaza tres lustros antes.

En el caso SEPI, Pérez Águeda figura como representante legal de Arapellet, la filial de Forestalia que, como desveló este diario, recibió una subvención pública de 17,3 millones de euros en 2022 a través de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). Su huella también alcanza el caso Koldo. Los registros mercantiles indican que el presunto socio de Cerdán adquirió en septiembre de 2022 la empresa Next Generation Caliope Innova del candidato número cinco del PSOE de Riaza tres lustros antes.