La Policía sospecha que varios jueces habrían sido grabados en el bar contiguo a la Audiencia

Según fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE, los investigadores barajan la hipótesis de que el restaurante Raíz, ubicado en la calle de Génova número 20, pudo ser utilizado como un punto de captación de información sensible mediante la instalación de dispositivos de grabación. El local, situado estratégicamente en la misma manzana que la Audiencia Nacional, habría sido diseñado por el empresario de hidrocarburos José Ángel Prieto Holgado con un doble objetivo: obtener información privilegiada sobre las causas judiciales que pudieran afectar a su entramado y, en un escenario más grave, disponer de material comprometedor para presionar o chantajear a jueces y fiscales.

Las sospechas no son teóricas. Uno de los agentes de la Policía Nacional que participaba en labores discretas de vigilancia se percató de la presencia de un objeto sospechoso en una de las mesas del establecimiento. Las fuentes consultadas describen el hallazgo: «Era un objeto pequeño, aparentemente integrado en el mobiliario, pero compatible con un micrófono». Aunque este descubrimiento no ha derivado por el momento en una investigación judicial, sí ha elevado al máximo el nivel de alerta en torno a la actividad del local.

Agentes de la policía mantuvieron controlado el restaurante durante meses, conscientes de su ubicación estratégica —a apenas cien metros del organismo judicial— y del perfil del verdadero dueño. Este seguimiento se realizó de forma sigilosa para no interferir en otras líneas de investigación abiertas y, sobre todo, para no comprometer la seguridad de una institución clave del Estado. «Se trataba de prevenir riesgos mayores», señalan fuentes policiales, insistiendo en que varios magistrados fueron advertidos para que extremaran las precauciones.

La génesis: un ‘chivatazo’ en el verano de 2025

La maniobra de infiltración de Prieto tiene su origen en el verano de 2025. En aquel momento, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) solicitaban imágenes de las cámaras del hotel Gran Meliá Fénix para documentar reuniones de empresarios del sector de los hidrocarburos, entre ellos Ignacio Purcell Mena —vinculado históricamente al traficante de armas Monzer Al Kassar— y su socio Juan Pablo Sánchez Gasque.

Sin embargo, un chivatazo desde la seguridad del hotel alertó a los investigados. La UDEF en aquel momento estaba investigando un presunto fraude de IVA superior a los 300 millones de euros en las diligencias previas 58/2025 del Juzgado Central de Instrucción número 4. Prieto, al conocer que los estaban investigando, reaccionó con nerviosismo extremo. Decidió entonces reactivar un proyecto hostelero que llevaba dos años paralizado y lo convirtió en el restaurante Raíz, inaugurado en septiembre de 2025 en el corazón del entorno judicial.

Para blindarse ante las pesquisas, Prieto utilizó la sociedad La Finca de Prieto SL, pero colocó formalmente como administrador único a Carlos Castillo Medina. Castillo es un viejo conocido para la lucha contra el blanqueo de capitales: acumula 17 antecedentes judiciales que van desde extorsión y lesiones hasta narcotráfico y pertenencia a organización criminal.

El perfil de Castillo Medina encaja con la figura de testaferro profesional que permite a un verdadero operador controlar sociedades sin figurar en registros oficiales. Los informes policiales destacan indicadores de ocultación patrimonial claros, como capitales sociales desproporcionados y vínculos internacionales. Además, se han detectado movimientos bancarios de hasta 750.048 euros entre facturas controladas por Prieto y sociedades de Castillo como Browtrader SL.

La operación ‘Pamplinas Stars’ y la huida a África

Mientras el restaurante operaba bajo la Audiencia Nacional para captar información, la Agencia Tributaria y la Policía desmantelaron en noviembre de 2025 la operación Pamplinas Stars. La trama utilizaba sociedades como Plamanvisa SL y Atlantic Oil Star SL para ejecutar el clásico carrusel de IVA, defraudando 300 millones de euros solo en 2024. El entramado incluía 38 sociedades pantalla y desvíos de fondos a través de estructuras en Holanda y el Reino Unido. La operación se saldó con la detención de Sánchez Gasque, que en lugar de llamar a su abogado, intentó alertar a Purcell Mena. Este último huyó inicialmente a Dubái tras vaciar sus monederos de criptomonedas, pero fue localizado y detenido posteriormente en Santo Tomé y Príncipe, donde se encuentra pendiente de extradición.

Fuentes próximas a la investigación insisten en que montar un restaurante bajo la sede judicial no fue un negocio, sino un intento de espionaje directo. «Se metió hasta en la cocina», relatan, en alusión literal y figurada a la proximidad física y la relación cotidiana que logró establecer con quienes podrían decidir sobre su futuro judicial.