Una asociación de fiscales pide que el inspector jefe se nombre sin tener en cuenta la ideología
El mandato de Sanz Gaite, que no investigó la filtración de García Ortiz, vence el próximo mayo
Los fiscales Agustín Hidalgo de Morillo y Antonia Sanz Gaite llegan al Supremo para declarar en el juicio de García Ortiz. | Fernando Villar (EFE)
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) busca un cambio de modelo en la carrera. La organización que se personó en la causa que acabó inhabilitando a Álvaro García Ortiz pide que el próximo inspector jefe de la Inspección de la Fiscalía General del Estado se nombre «con criterios distintos a los de afinidad ideológica». Lo hace ante la proximidad del vencimiento del mandato de María Antonia Sanz Gaite, que expira en mayo. La asociación que preside Miguel Pallarés criticó a la actual jefa de la Inspección por «tapar» la filtración por la que fue condenado el anterior responsable del Ministerio Público.
En un comunicado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la APIF califica de «crucial» el nombramiento del próximo inspector jefe de la Fiscalía «para garantizar la autonomía del trabajo de los fiscales». En su opinión, su designación debe realizarse «con consenso por ser un puesto determinante», negando así el dedazo de la fiscal general, Teresa Peramato, de quien depende la elección.
La APIF considera que el puesto de jefe de la Inspección «no puede ser utilizado como control escorado políticamente de la carrera fiscal» tanto respecto a su actuación «dentro de las funciones de la inspección como por ser miembro nato del Consejo Fiscal». La asociación sostiene que esto resulta «más relevante porque quiere atribuirse la instrucción a la Fiscalía sustituyendo al juez de instrucción por el fiscal», en referencia a la reforma de las investigaciones penales que pretende aprobar el Gobierno.
Subordinada de García Ortiz
«Esa sustitución requiere otorgar un estatuto de independencia al fiscal que, dentro de los parámetros constitucionales, sea análogo al que tiene el juez de instrucción actual», insiste el comunicado de la APIF. La asociación que preside Pallarés advierte del «riesgo de que la responsabilidad disciplinaria pueda utilizarse como instrumento de control político del contenido de las resoluciones judiciales». Para que eso no suceda, solicita que la persona que sustituya a Sanz Gaite sea «de reputado prestigio» y «alejado de la politización que desafortunadamente vive el Ministerio Fiscal».
La APIF insiste en que el jefe de la Inspección «interviene como miembro nato del Consejo Fiscal también en la propuesta de nombramientos». «El alineamiento sistemático con los anteriores fiscales generales es un segundo elemento de preocupación, puesto que la combinación de la política de nombramientos con la del régimen disciplinario no puede ser utilizado como mecanismo de recompensa al próximo y amenaza al discrepante, máxime cuando la actuación de la Fiscalía General del Estado está bajo la sospecha de actuación subordinada a los intereses del Gobierno de la Nación».
Esta asociación ya cargó contra la actual jefa de la Inspección fiscal, María Antonia Sanz Gaite, por no iniciar una investigación interna de oficio para depurar responsabilidades por la filtración de los datos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la que acabó siendo inhabilitado García Ortiz. Le acusaban de querer «tapar el escándalo» que cercaba al ya ex fiscal general del Estado.
El informe de la Guardia Civil tras el volcado del móvil de García Ortiz encontró «cero mensajes», lo que demostraría que se borraron las comunicaciones. El análisis de otros terminales incautados constata que tuvo conversaciones con diferentes subordinados, entre ellos la fiscal jefe de Madrid. Los investigadores constataron que el antecesor de Peramato cambió de terminal poco después de que se abriera la investigación en el Tribunal Supremo.
Investigación interna
La APIF también denunció que Sanz Gaite también habría cambiado de móvil tras el registro del despacho de su jefe, el 30 de octubre de 2024. La asociación que preside Pallarés reclamó al juez del Supremo Ángel Hurtado que investigara si el ex fiscal general u otros subordinados, como Sanz Gaite o el entonces número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, cambiaron de teléfono tras los registros. Una conclusión a la que llegó tras advertir en un chat que la responsable de supervisar el buen funcionamiento de la Fiscalía había modificado su número.
Durante el juicio a García Ortiz, Sanz Gaite explicó que incoó un expediente sobre la revelación de secretos de la que fue acusado García Ortiz, pero que lo archivó porque se abrió una investigación penal. «No hubo tiempo de hacer nada», aseguró ante el juez la actual fiscal jefe de Inspección. También negó haber cambiado de número tras el registro del despacho de su antiguo jefe, afirmando que solo cambió de teléfono asignado al WhatsApp durante un viaje al extranjero para estar localizable.