La Fiscalía pide archivar la causa contra el comité que autorizó la eutanasia a Noelia

La Fiscalía ha pedido que se archive la investigación a dos miembros del comité de evaluación de la Generalitat de Cataluña que autorizó la eutanasia a Noelia, la joven de 25 años afectada de una paraplejía que, tras más de un año y medio de trabas judiciales, pudo recibir la muerte asistida el pasado jueves.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía ha pedido a la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que abrió la investigación a estos dos miembros del comité de evaluación a raíz de una querella de la fundación Abogados Cristianos por falsedad en documento público y prevaricación, que la archive, al no apreciar indicios de delito.

La querella de Abogados Cristianos sostiene que ambos investigados fueron designados para que elaborasen un informe en relación a la petición de eutanasia que había planteado Noelia y que optaron por «simular» un desacuerdo que era «ficticio» en sus informes del 29 de abril y 2 de julio de 2024, provocando que se elevase el expediente al Pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación.

En concreto, la querella aducía que ambos miembros, uno en su condición médica y otro como jurista, «reconocieron en sede judicial haber simulado un desacuerdo en su informe de 2 de julio de 2024 para poder elevar el caso al pleno de la Comisión». Esta presunta simulación, según Abogados Cristianos, supondría «falsear un documento público esencial del procedimiento de eutanasia y desvirtuar por completo el cauce legal previsto en la ley».

La titular del juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acordó en noviembre pasado admitir a trámite la querella con la finalidad, según la magistrada, de recabar la sentencia en la que un juzgado contencioso-administrativo de Barcelona avaló la eutanasia autorizada por la Generalitat a Noelia, así como la grabación de la comparecencia judicial de los dos miembros del comité evaluador.

Según detalló la juez en un auto del pasado jueves 26 de marzo -horas antes de que Noelia recibiera finalmente la muerte digna tras más de un año y medio de batalla judicial-, esta solicitud de información no se podía hacer «de otra forma que admitiendo a trámite la querella», para que tuviera «cobertura legal». Una vez recibida la documentación, la jueza acordó trasladarla a la Fiscalía, para que informase sobre si veía relevancia penal en los hechos. Según las fuentes consultadas por EFE, la Fiscalía ha pedido ahora a la jueza que archive el caso, al considerar que los dos investigados no cometieron delito.

En el juicio en el juzgado contencioso administrativo número 12 de Barcelona, que avaló la eutanasia a Noelia en contra de la petición del padre de la joven, representado por Abogados Cristianos, la fundación ultracatólica ya denunció que el dictamen de la Generalitat se basó en una «actuación fraudulenta» de los dos miembros del comité, que «fingieron» un desacuerdo para elevar la decisión a la Comisión de Garantía y Evaluación.

Ya entonces, la jueza del contencioso-administrativo que avaló la eutanasia de Noelia -en una resolución que finalmente corroboró el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)- no vio irregularidad alguna en el hecho de que ambos funcionarios expresaran sus dudas sobre el caso con el fin de que este pudiera tratarse en el pleno de la Comisión de Evaluación de Garantía y Evaluación.

Abogados Cristianos intentó sin éxito que se suspendiera la eutanasia a Noelia, avalada por el TSJC, planteando recursos con medidas cautelares ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, que no los admitieron, así como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que también lo desestimó.

A última hora, la fundación católica intentó que el juzgado de instrucción 20 de Barcelona, donde había interpuesto la querella contra los dos miembros del comité de la Generalitat que autorizaron la muerte digna de la joven, la paralizara cautelarmente, si bien la magistrada también lo rechazó al concluir que «carecía de potestad» para ello, ya que los tribunales competentes ya habían dictado «las decisiones oportunas».