Koldo pide reunirse con Ábalos y su abogado en prisión para preparar el juicio de las mascarillas
La defensa del antiguo asesor ministerial reclama verse en una sala «sin barreras físicas» y con ordenador portátil
Koldo García y Ábalos durante la vistilla del pasado 12 de febrero.
Koldo García quiere preparar una defensa conjunta con José Luis Ábalos. Su defensa ha solicitado al Tribunal Supremo que ordene a la prisión de Soto del Real, donde se encuentran encarcelados de forma provisional desde el pasado 27 de noviembre, que les permita reunirse junto a sus abogados para preparar el juicio de las mascarillas, que arranca el 7 de abril. El exministro de Transportes y su antiguo asesor se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión. La queja apuntala lo sucedido en la vista previa del pasado 12 de febrero, cuando los abogados de ambos investigados plantearon una serie de peticiones encaminadas a anular el juicio.
En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la defensa de Koldo García, que ejerce la abogada Leticia de la Hoz, denuncia que, a pesar de que el Supremo autorizó los medios necesarios para preparar el juicio, la prisión de Soto del Real se los ha denegado «de forma sistemática». El asesor de Ábalos reclamó al centro penitenciario reunirse con el exministro y su abogado, Marino Turiel, en una sala «sin barreras físicas» y con ordenador portátil.
«La complejidad de la causa, que involucra miles de folios y archivos digitales relativos a contratos de adjudicación de mascarillas, hace imposible una defensa eficaz a través de los canales ordinarios o locutorios con mampara», señala el escrito registrado por la defensa de Koldo García. De la Hoz utiliza argumentos similares en otro escrito dirigido al juez de vigilancia penitenciaria.
La estrategia de Koldo y Ábalos
La abogada de Koldo García señala que sin esa reunión conjunta resulta «imposible contrastar las versiones y la documentación intervenida» para armar «una defensa eficaz». E insiste: «La separación física en el locutorio impide el examen de pruebas digitales, documentos e informes que son clave en la causa». De la Hoz considera «imprescindible» que su cliente y Ábalos mantengan «reuniones de trabajo conjunta» para revisar la documentación que «les afecta de forma común».
De la Hoz explica que ha recurrido al Supremo tras haber reclamado sin éxito a la prisión de Soto del Real que Koldo García y Ábalos puedan preparar juntos el juicio por las presuntas mordidas que habrían cobrado a cambio adjudicar contratos públicos para comprar mascarillas al inicio de la pandemia. La abogada sospecha que la forma más rápida de conseguir la medida es solicitándolo directamente al Supremo, donde comenzará la vista oral tras la Semana Santa.
Koldo García y Ábalos ya mostraron su intención de construir una estrategia común en la vistilla que se celebró el pasado 12 de febrero en el Supremo como antesala al juicio. Ese día, la defensa de ambos investigados incidieron en las mismas cuestiones con la intención de anular la vista o, en su defecto, retrasar la celebración del juicio. Para eso plantearon, entre otras cuestiones, derivar el caso mascarillas a la Audiencia Nacional al considerarlo el órgano competente.
La abogada del asesor incluso planteó realizar una consulta al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), lo que habría supuesto paralizar el procedimiento. Turiel, que asumió la defensa de Ábalos en enero, tras la renuncia de Carlos Bautista por desavenencias económicas, se adhirió a todo lo que planteó De la Hoz, aunque sus reivindicaciones fueron denegadas por el Supremo. La Fiscalía pide 24 años de prisión para el exministro y 19 y medio para su hombre de confianza en Transportes. Las acusaciones populares elevan la pena a 30 años para cada uno de ellos. Para el tercero en discordia, el empresario Víctor de Aldama, lo rebajan a siete años por el atenuante de colaboración.
Los pagos de Aldama
El juez del Supremo Leopoldo Puente les envió a juicio en diciembre. Les acusa de integración en una organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso o aprovechamiento de información privilegiada. El magistrado considera que tras la toma de posesión de Ábalos, los tres investigados «se concertaron» para aprovechar esa circunstancia «y la natural influencia que este proyectaba, para beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos (…) así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia».
Puente sostiene que la entrada de Aldama en Transportes se produjo a través de su hermano Rubén, que era escolta de Ábalos. Este entabló una «frecuente relación» con Koldo García que llevó al comisionista hasta el entonces ministro. El instructor sospecha que el comisionista estaba encargado de «la localización de las empresas o particulares que estuvieran dispuestas a satisfacer los pagos correspondientes para contactar o contratar con la Administración, obteniendo por ello un beneficio económico para sí».
De Koldo García señala que, aprovechando su condición de asesor y la confianza de Ábalos, «se encargaba de realizar las gestiones ordinarias oportunas que, en cada caso, resultaran precisas; reservándose la intervención personal del ministro para cuando su firma o su directa influencia fueran indispensables». Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que fue el asesor quien comunicó a Aldama la necesidad de comprar material sanitario y que este habría compartido la información con Juan Carlos Cueto para dotar de músculo a la sociedad. De hecho, suscribieron un acuerdo seis días antes de saber que obtendrían la adjudicación.
El magistrado también constata que Aldama efectuó pagos de 10.000 euros mensuales a Koldo García que se prolongaron desde octubre de 2019 hasta 2021, año en que Ábalos fue cesado. En al menos dos ocasiones, las entregas de dinero se produjeron en República Dominicana, país hasta donde se desplazó el hermano de su asesor para recogerlo. Joseba García aseguró en marzo en el Supremo que sus viajes a la isla caribeña eran de carácter privado. Sin embargo, el empresario Javier Serrano y la empleada de Pronalab Aránzazu Granell reconocieron semanas después que realizaron esos pagos.