El Gobierno frena tres proyectos eólicos tras verse salpicado por el 'caso Forestalia'
Calidad y Evaluación Ambiental rechaza dos parques en El Bierzo por su impacto en la flora y fauna de la zona
La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. | Imagen generada mediante IA
El Gobierno frena tres proyectos eólicos por su impacto ambiental. Lo hace tras estallar el caso Forestalia, en el que un juzgado de Teruel investiga a Eugenio Domínguez, subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica en la etapa de Teresa Ribera, por haber creado «un sistema paralelo» para beneficiar los proyectos de la empresa de Fernando Samper a cambio de distintas «contraprestaciones». La Guardia Civil también indaga si su superiora, la actual directora de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, amparó las irregularidades.
El caso Forestalia ha puesto en el foco al departamento que ahora dirige Sara Aagesen. Transición Ecológica ha frenado la obra del parque eólico El Escudo (Cantabria) al considerar que hay solicitudes de suspensión incluidas en ciertos recursos sin resolver. Como avanzó la Cadena Ser, la comunicación tuvo lugar el pasado 20 de marzo.
La empresa promotora, Biocantaber, asegura desconocer a qué recursos se refiere el ministerio, que apunta a resoluciones de la declaración de impacto ambiental y la autorización de la Dirección General de Política y Energética y Minas para la construcción de las líneas subterráneas y aéreas. También hace referencia a la instalación de la subestación eléctrica.
Los permisos a Forestalia
El parque eólico El Escudo, que comprende los municipios de Luena, Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo, está integrado por 25 aerogeneradores, de los que ya se han instalado 23, según ha podido conocer THE OBJECTIVE. La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria señala que el proyecto está «vinculado» a Domínguez, que «ha intervenido decisivamente en las resoluciones a favor», como la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
La plataforma ya pidió sin éxito al Tribunal Supremo que paralizara las obras. El proyecto contempla una potencia de 105 megavatios. En España, toda instalación que supere los 50 megavatios la tramita directamente el Ministerio de Transición Ecológica. El papel de Domínguez en los permisos de algunos de estos parques, como en el caso del Clúster del Maestrazgo, está en entredicho. Proyectado sobre una zona especialmente protegida, el asunto escaló hasta el Consejo de Ministros tras recibir un informe desfavorable de la Comunidad Valenciana. El Gobierno acabó dando luz verde a Forestalia en julio de 2024.
El Escudo no es el único proyecto que ha frenado el Gobierno. El pasado 4 de marzo, solo un día después de que la Guardia Civil detuviera a seis personas por el caso Forestalia, entre ellas Domínguez, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió una declaración de impacto desfavorable de dos parques eólicos localizados entre las provincias de León y Orense que suponían una inversión de 55,7 millones de euros. La resolución se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 18 de marzo.
La resolución, firmada por Gómez Palenque, rechaza la construcción de los parques eólicos Bierzo Wind I y Bierzo Wind II y su infraestructura de evacuación por su impacto en la flora y fauna de la zona. La resolución sostiene que los proyectos «causarán impactos adversos significativos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre las especies protegidas y el paisaje, sin que las medidas de prevención y corrección previstas por el promotor constituyan una garantía suficiente para la adecuada protección del medio ambiente».
Impacto en la flora y fauna
«Las muertes por colisión y barotrauma, en el caso de los quirópteros, son uno de los impactos más preocupantes de este tipo de instalaciones. Además, la implantación del parque eólico puede suponer una barrera para la movilidad de las aves, ya que pueden situarse entre las áreas de alimentación, invernada, cría y muda. Puede originar la creación artificial de una barrera a los movimientos de individuos y poblaciones, que puede derivar en una reorganización de los territorios de los distintos individuos que ocupan las inmediaciones de la infraestructura», afirma la resolución de Transición Ecológica.
Distintas administraciones públicas afectadas e interesados consultados ya se negaron a la construcción de ambos parques. Entre ellos, Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Junta de Castilla y León. Su Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal considera que el proyecto «puede causar un impacto significativo una vez comprobada la existencia de taxones protegidos. Asimismo, considera que los impactos sobre los HIC, derivados de este proyecto, también pueden ser significativos».
El Bierzo Wind I comprende una potencia de 42 megavatios, a los que hay que añadir otros nueve del parque Bierzo Wind II. Los proyectos se presentaron en el departamento que lidera Gómez Palenque en julio del año pasado. Transición Ecológica emitió declaraciones de impacto ambiental negativas en la mitad de las peticiones evaluadas en 2025. En cuanto a las de su competencia exclusiva, aquellas que superan los 50 megavatios, solo avaló uno de las 22 DIA solicitadas, según avanzó El Periódico. Los ecologistas ponen en tela de juicio la última etapa de Ribera al frente del Ministerio.
Los investigadores señalan que Domínguez puso la alfombra roja a Forestalia. El exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental habría ideado «un sistema de tramitación paralelo» para beneficiarle. El antiguo alto cargo se encargaba, incluso, de recibir la documentación, que no registraba en los canales oficiales del ministerio para mantener el control sobre ellos. La Guardia Civil afirma que otorgaba «un trato diferenciado y privilegiado» al gigante energético aragonés, que le habría recompensado con acciones de sus filiales y 5,2 millones de euros a través de una sociedad constituida por su esposa.
Nuevas exigencias del Gobierno
Gómez Palenque también se encuentra en el ojo del huracán. La Guardia Civil investiga si la actual directora general de Calidad y Evaluación Ambiental amparó las irregularidades de Forestalia. Domínguez fue su subordinado hasta junio de 2023, cuando se jubiló. A partir de esa fecha, y hasta diciembre, se convirtió en asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Teruel Existe ha pedido su cese o dimisión al considerarle el responsable último de lo sucedido.
La implosión del caso Forestalia ha llevado al Gobierno a imponer nuevas exigencias a los proyectos de renovables. Como adelantó este diario, el departamento de Aagesen coló la medida entre las 80 del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio. El Ejecutivo convierte en una obligación, y no en una mera recomendación como hasta ahora, que los beneficios redunden en el territorio. También amplía ligeramente los plazos de participación pública en las tramitaciones para que los ciudadanos tengan más tiempo de realizar alegaciones.