Koldo acude al Constitucional como último intento para frenar el juicio de las mascarillas
Su defensa ya trató de anular el juicio al plantear que se consultara a Europa la competencia jurisdiccional del Supremo
Koldo García en una de sus visitas al Supremo para declarar. | Carlos Luján (EP)
Movimiento a la desesperada de Koldo García. El asesor del exministro José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Constitucional que le ampare ante la vulneración de derechos fundamentales que asegura haber sufrido por parte del Tribunal Supremo. Lo hace a falta de una semana para que comience el juicio de las mascarillas. Su defensa solicita en un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que suspenda todas las actuaciones mientras la corte de garantías estudia la posible concesión del amparo reclamado. La abogada Leticia de la Hoz ya intentó anular o retrasar el juicio en la vistilla previa del pasado 12 de febrero, donde llegó a plantear que se consultara al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la competencia jurisdiccional del procedimiento.
El recurso de amparo al Constitucional, avanzado por eldiario.es, es el último intento para tratar de frenar el juicio que arranca el próximo martes por las presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de mascarillas durante la pandemia. Koldo García y Ábalos se enfrentan hasta a 30 años de prisión por la posible comisión de siete delitos. La defensa del asesor acude al órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido tras agotar las vías ordinarias contra la negativa del Supremo de enviar la causa a la Audiencia Nacional.
La defensa de Koldo García considera que la resolución del pasado 3 de marzo en la que el Supremo cerraba la puerta a las cuestiones previas que planteó De la Hoz, entre ellas que el juicio se celebrase en la Audiencia Nacional, vulnera una larga lista de derechos fundamentales, como el de un proceso con todas las garantías o el del juez ordinario predeterminado por la ley.
Koldo y el aforamiento de Ábalos
«La solución jurídicamente ortodoxa y respetuosa con los derechos fundamentales, una vez desaparecida la condición de aforado del señor Ábalos, no es retener el enjuiciamiento en el Supremo, sino acordar la inhibición y remisión íntegra de la causa a la Audiencia Nacional», argumenta la abogada de Koldo García.
En el escrito, De la Hoz pide al Constitucional que suspenda el auto dictado por el Supremo el pasado 3 de marzo «para garantizar» que su pronunciamiento en sentencia, que tardará en dictarse, «no se convierta en ilusorio». Ese movimiento implicaría suspender también el juicio a la espera de lo que acuerde definitivamente la corte de garantías.
El recurso de amparo, que consta de 25 páginas, insiste en las diez cuestiones de nulidad planteadas por la defensa de Koldo García en la audiencia preliminar del 12 de febrero. La principal es que el juicio debería celebrarse en la Audiencia Nacional, donde comenzaron las pesquisas, porque el Supremo perdió su competencia cuando Ábalos, el único aforado, perdió este privilegio al renunciar al acta de diputado a finales de enero.
De la Hoz reclamó al Supremo que consultara con el TJUE si era competente para juzgar el caso mascarillas, aunque la propuesta fue descartada. Para ello, se aludió a un acuerdo alcanzado por el Pleno de la Sala de lo Penal en 2014. La abogada de Koldo García también denuncia indefensión porque su cliente no puede disponer de los dispositivos intervenidos y la quiebra de la custodia de las pruebas tras la filtración en prensa de los mensajes del antiguo asesor ministerial.
Pérdida de imparcialidad
La defensa de Koldo García insiste en que se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías de su cliente. De la Hoz ya pidió en la vistilla previa al juicio recusar a cinco de los siete magistrados que lo deben juzgar. La abogada discrepa de la respuesta del Supremo y asegura en su recurso «plantear la pérdida de imparcialidad en la Audiencia Preliminar no es un
acto extemporáneo ni un fraude procesal».
El escrito también hace referencia a la vulneración de los artículos 24 de la Constitución, 6.3.b del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 7.2 y 3 de la directiva comunitaria relativa al derecho a la información en los procesos penales. Para De la Hoz, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría realizado «una interpretación sesgada y descontextualizada de los mensajes. La falta de acceso a la fuente original impide a los peritos de la defensa construir una línea temporal verificable, analizar los metadatos y revisar la coherencia cronológica de las comunicaciones para desmontar las hipótesis policiales y aportar el verdadero contexto de las conversaciones».