Dimite el presidente de Forestalia en plena investigación por corrupción

Fernando Samper Rivas ha presentado su dimisión como presidente del Grupo Forestalia, empresa aragonesa de energías renovables que la Unidad Central Operativa (UCO) vincula a al menos dos tramas de presunta corrupción, y que recientemente se vio obligado a comparecer en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo. En su lugar ha sido nombrado Ricardo Samper García.

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Jorge de Zaragoza, cuenta con un posgrado en Dirección Financiera y Control de Gestión por EAE Business School, un máster en Finanzas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-Icade) y un máster internacional en Asesoría Fiscal por ISDE Law & Business School. Vinculado al grupo empresarial desde hace más de seis años, Ricardo Samper ha desempeñado distintos cargos dentro del Grupo Forestalia hasta su nombramiento el pasado 26 de marzo como director general.

Investigación de la Guardia Civil

El caso Forestalia ha dejado en las últimas semanas un sinfín de titulares durante las últimas semanas. La polémica estalló el pasado 3 de marzo, cuando la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) realizó una docena de registros en Zaragoza y Madrid y detuvo a seis personas, entre ellas el propietario del gigante energético, Fernando Samper.

Como ha venido contando THE OBJECTIVE, las denuncias sobre posibles irregularidades en la concesión de licencias comenzaron a registrarse en 2022, pero la causa que instruye el titular del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel, Juan José Cortés, se abrió dos años después.

Fernando Samper fundó Forestalia en 2011, consolidándola como una empresa líder en energías renovables tras ganar importantes subastas estatales en 2016 y 2017. La compañía experimentó un crecimiento significativo a partir de 2018 con la eliminación del «impuesto al sol», centrando su volumen de negocio de miles de millones de euros principalmente en la provincia de Teruel.

La investigación judicial se originó tras una denuncia de Teruel Existe en 2022, a la que se sumaron colectivos ecologistas y municipios. En el escrito se detallaban presuntas irregularidades administrativas para obtener autorizaciones medioambientales en proyectos que no cumplían los requisitos legales por ubicarse en zonas protegidas. El caso estalló el pasado 3 de marzo con la detención de seis personas, entre ellas Samper y Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica.

Según los informes de la Ucoma, Domínguez facilitó un «trato diferenciado y privilegiado» a Forestalia mediante un sistema de tramitación paralelo bajo su control personal, evitando los canales oficiales del Ministerio de Transición Ecológica. Para ello, se habría servido de una estructura en la empresa pública Tragsatec que redactaba los informes a su medida. Las investigaciones vinculan este método con la aprobación de expedientes que el ex alto cargo sabía que eran ilegales.

A cambio de estas gestiones, Domínguez habría recibido acciones y pagos por valor de 5,2 millones de euros de manos de Samper. Estos fondos se canalizaron a través de una sociedad administrada por la esposa de Domínguez, constituida en 2023 y dedicada al diseño de interiores. Los agentes subrayan que dicha empresa carecía de actividad comercial real y servía exclusivamente para recibir las presuntas contraprestaciones de la trama.

El pelotazo del Maestrazgo

Forestalia diseñó el Clúster del Maestrazgo, el mayor parque eólico hasta la fecha en España. El plan incluía la instalación de 122 aerogeneradores entre las provincias de Teruel y Castellón. Se autorizó en julio de 2024 por vía excepcional del Consejo de Ministros pese a contar con un informe ambiental en contra de la Comunidad Valenciana. Meses después, vendió el proyecto a un fondo de inversión danés, que pretendía iniciar este mes unas obras que el juez estudia paralizar de manera cautelar. La operación podría reportar a la empresa de Samper hasta 500 millones de euros.

Transición Ecológica tumbó en julio del año pasado un macroproyecto de energía eólica en la sierra de Teruel al considerar que los molinos que Green Capital pretendía instalar en la zona del Matarraña eran incompatibles con la supervivencia de la fauna local. Esas instalaciones resultaban «inasumibles» para especies como el buitre leonado o el águila perdicera, en serio peligro de extinción. Sin embargo, solo un año antes se había autorizado el Clúster del Maestrazgo a pesar de que ambos compartían una treintena de aerogeneradores en la misma ubicación.