La Justicia permite a Julio Iglesias demandar a Yolanda Díaz por tildarle de abusador sexual
La vicepresidenta realizó esas afirmaciones en redes y en RTVE al valorar las denuncias de dos exempleadas
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. | Borja Sánchez-Trillo (EFE)
Un juzgado de Madrid ha dado curso a la demanda presentada por el cantante Julio Iglesias contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a raíz de las manifestaciones en las que le vinculó con supuestos abusos sexuales. La acción judicial se enmarca en la defensa del derecho al honor del artista frente a declaraciones realizadas en distintos espacios públicos.
La información, adelantada por Libertad Digital, señala que el órgano judicial ha fijado una comparecencia entre ambas partes para el próximo 19 de mayo. Este paso forma parte del trámite previo a una eventual querella penal y busca, en primer término, un intento de acuerdo entre las partes implicadas. En el escrito presentado, la defensa del cantante solicita la celebración de este acto de conciliación antes de iniciar acciones penales por posibles delitos de injurias con publicidad y calumnias. El procedimiento se dirige contra las declaraciones de la líder de Sumar en redes sociales y en una intervención televisiva.
El conflicto tiene su origen en una denuncia presentada por dos antiguas trabajadoras del artista, en la que se recogían acusaciones de carácter grave, entre ellas agresión sexual, trata de personas y vulneración de derechos laborales. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar el caso al considerar que no era el órgano competente para investigarlo.
Pese a ello, la vicepresidenta se refirió públicamente a estos hechos en términos duros, calificando los testimonios como estremecedores y apuntando a posibles vulneraciones de derechos humanos en un contexto de desigualdad. Estas afirmaciones fueron realizadas tanto en redes sociales como en una entrevista en RTVE.
Desde el entorno del cantante sostienen que dichas declaraciones exceden los límites de la crítica política y afectan directamente a su reputación, por lo que han optado por iniciar el recorrido judicial con el objetivo de lograr una rectificación o, en su defecto, acudir a la vía penal.